Nicaragua toca fondo en derechos humanos: Ortega viola al menos 25 de los 30 artículos de la Declaración Universal

Derechos y libertades convertidas en delitos, denuncias de torturas, persecución y encarcelamiento por razones políticas; detenciones ilegales, agresiones físicas, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad son parte del sombrío balance sobre el estado de las libertades en Nicaragua que hacen expertos en el marco de la conmemoración de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este 10 de diciembre se cumplen 72 años desde que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en París el documento que reconoce los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y del cual Nicaragua es firmante, pero que en los últimos tres años ha sido violado de forma sistemática y progresiva, sostiene la reconocida defensora Vilma Núñez.

Núñez, quien es presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera hay una gran “brecha” entre lo que dicen las leyes y declaraciones y lo que sucede en Nicaragua, "donde Daniel Ortega es uno de los mayores violadores de libertades".

“Nuestro compromiso es seguir luchando, no nos callarán, es la frase que han asumido los nicaragüenses que luchan”, reafirma la defensora a cuya organización el Ministerio de Gobernación retiró la personalidad jurídica como una forma de limitar su labor de denuncia.

Actualmente, en Nicaragua se violan al menos 25 de los 30 artículos que contiene la Declaración Universal, sostiene por su parte Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que opera desde el exilio a causa de la persecución interna.

Según este defensor, las principales violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país, están relacionadas a las libertades de opinión, reunión, religión, respeto a la propiedad privada, la implementación de tortura, tratos crueles; detenciones ilegales, entre otros puntos menciona.  

Tras realizar un análisis de dicho documento este defensor concluye que de los 25 artículos de la norma universal, en el país solo se salvan "o son discutibles” el atropello a los puntos 4, 24, 28, 29 y 30. Estos están referidos al derecho a no ser sometido de esclavitud, el disfrute del tiempo libre y descanso por trabajo; deberes comunitarios, y el derecho a que la declaratoria no sea interpretada a medida de individuos, Estados o grupo de poder.

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Considera que desde el Estado no se respeta el derecho a la vida, ni se promueve la fraternidad entre los ciudadanos; en cambio prima un fomento a la división al descalificar a grupos o sectores y estigmatizarlos. Los términos “puchitos", "minúsculos", "terroristas”, "golpistas", "comejenes", "extraterrestres" que ha empleado la sancionada vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, para referirse a los líderes de la oposición y a los ciudadanos que se han manifestado en las calles a partir de 2018, son una muestra clara de la promoción del odio y la división, manifestó.

Para Carrión, también son preocupantes las evidencias de violación al artículo 5 de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos, o degradantes”. Según el informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los encarcelados políticos del régimen de Daniel Ortega denuncian sufrir torturas, tratos crueles y degradantes; que en algunos casos se extienden a los familiares cuando los visitan en las prisiones. Las detenciones, consideradas arbitrarias por el organismo internacional, suman al menos 1,614 desde abril de 2018.  

“La tortura va más allá de los barrotes. Como el caso del profesor de Ticuantepe, Juan Bautista Guevara (excarcelado político) a quien le ponen la sirena en la madrugada, son actos crueles”, expuso Carrión quien agregó que su organización cuenta con al menos 80 testimonios de excarcelados políticos que fueron víctimas de torturas y malos tratos por sus carcelarios.

COMBO DE LEYES VIOLA DERECHOS HUMANOS

La aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos y de la Ley de Agentes Extranjeros así como la reforma en primera legislatura de la Constitución Política de Nicaragua para imponer la pena de cadena perpetua para los “crímenes de odio”, con evidencia del sistemático deterioro de los derechos humanos en el país, coinciden los defensores.

“Están aprobando leyes que van en contra del espíritu de gozar plenamente de todos los derechos, aquí hay esa distinción, hay discriminación”, expuso Carrión.

El doctor Julio Montenegro, quien integra la organización Defensores del Pueblo, agrega la falta de acceso a la justicia, el derecho a tener un recurso efectivo ante los tribunales "que ampare a los ciudadanos contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”, según está reconocido como derecho fundamental. Explicó que en los últimos meses han implantado la modalidad virtual para las sesiones de juicio, lo que limita la intervención de la defensa y las formas para constatar si los testigos que ofrecen se comunican entre sí o están leyendo algún texto elaborado para incriminar a los acusados.

Montenegro dice que en Nicaragua "es evidente que está vigente la situación violación de los artículos de la Constitución Política referidos al principio de igualdad, de tener ideas distintas, de tener un credo religioso distinto y, aparte de eso, el derecho a movilizarse, el derecho a poderse concentrar y diferir de opinión".

"Hay un estancamiento, no hay un proceso de desarrollo de las libertades cívicas", enfatiza el defensor.

Ante este panorama, Montenegro propone que la sociedad en su conjunto haga su aporte para tratar de encontrar "una vía no conflictiva". En particular menciona la importancia de la suma de esfuerzos de los organismos de derechos humanos, sociedad civil, autoridades de Estado, organismos internacionales, entre otros.

Entre las violaciones cometidas a través del sistema de justicia en el país, los defensores destacan el irrespeto al derecho de presunción de inocencia y la falta de imparcialidad de jueces, fiscales y magistrados. Mientras los presos políticos son presentados como criminales sin que se haya demostrado su responsabilidad ante un juez, los pocos casos de simpatizantes sandinistas que han sido judicializados por tratarse de delitos graves han terminado con fallos benevolentes o beneficios que les garantizan hasta la libertad.

Un caso reciente fue el crimen contra Jorge Luis Rugama Rizo, cometido por el simpatizante sandinista Abner Pineda, quien disparó a quema ropa al opositor por gritar “Viva Nicaragua libre”, el pasado 19 de julio en el municipio La Trinidad, en Estelí. Dos reprogramaciones de juicio y un cambio sorpresivo de juez le permitieron al acusado ser beneficiado con un cambio de tipificación del delito, cuya pena mínima le permitía no pasar ni un día en prisión.

“Un asesino condenado por homicidio imprudente y lo tratan con tanta indulgencia. Y con esto que se llama premios y castigos para las presas y presos políticos para los que alzan la voz contra la tiranía todo el castigo, para sus asesinos que participan en el sistema de opresión con todos los premios del mundo”, cuestionó Gonzalo Carrión.

VIGILANCIA PERMANENTE

Desde 2018, en Nicaragua también viola la privacidad de las personas y mantienen una férrea vigilancia en los barrios con el fin de castigar a los opositores o a quienes ejerzan su derechos a expresar opiniones o demandas, según el informe de la CIDH.

El organismo identifica como parte de la estructura represiva estatal aparatos de vigilancia y control social y político organizados territorialmente a través de los denominados Gabinetes de Familia, anteriormente Consejos de Poder Ciudadano (CPC), así como los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS).  

Las operaciones de control que ejercen viola el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.

Otro informe del grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, correspondiente al mes de noviembre, reportó que al menos tres personas son arrestadas cada día en Nicaragua por opinar de forma contraria al régimen de Daniel Ortega.

DERECHO DE REPATRIACIÓN

En tanto, el en contexto de la pandemia de coronavirus los defensores denunciaron el irrespeto al artículo 13 de la Declaración Universal, la cual expresa que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Cuando miles de nicaragüenses quedaron en condición de vulnerabilidad en los países donde permanecían exiliados o por trabajo, y quisieron regresar las autoridades nicaragüenses les negaron el derecho y establecieron políticas de retorno difíciles de cumplir. En Panamá y Honduras cientos de connacionales terminaron en albergues asistidos por organismos humanitarios y los gobiernos de ese país; mientras en Peñas Blancas, frontera con Costa Rica, se vivió la situación más crítica, cuando cientos de personas fueron impedidas de ingresar a territorio nacional y pasaron varios días a la intemperie, bajo sol y lluvia, entre ellos mujeres embarazadas, niños y ancianos.

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El derecho a la propiedad es otro derechos que se violenta en Nicaragua. Hasta octubre de este año, según datos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), gente afín al régimen de Daniel Ortega desde hace más de dos años mantienen tomadas 29 propiedades.

Todo esto es un reflejo de cómo el país ha tocado fondo en materia de derechos humanos. “Ni de la casa permiten que la gente salga para que se reúnan libremente”, expuso Carrión al referirse a la supresión de la libertad de reunión, a la libertad de opinión, de pensamiento y de religión.