"Traidores a la patria", la figura legal que usará Ortega para anular y encarcelar a opositores

La bancada sandinista en la Asamblea Nacional incorporó una nueva figura legal, la de “Traidores a la Patria”, con la que el régimen de Daniel Ortega inhibirá y encarcelará a opositores que realicen protestas o que “aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” en la recién aprobada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

La medida es considerada como absurda, porque pretenden aplicar el artículo 409 del reformado Código Penal, relacionado a los “actos de traición”, que se aplica para situaciones de guerra con países extranjeros “y aquí no hay ni guerra civil”, explica José Pallais, experto en derecho constitucional.

El Código Penal establece condenas que van desde 10 a 15 años de prisión “e inhabilitación absoluta, para el desempeño de función, empleo o cargo público por el mismo período a los que cometan este tipo de delito. Las mismas penas se impondrán al que indujere a un Estado extranjero a declarar la guerra a Nicaragua o concertare con ella para el mismo fin”.

“Es un absurdo jurídico de gran dimensión, (la aprobación de esta ley), un desconocimiento total de la legislación penal y del derecho penal”, explicó Pallais.

Por eso, Pallais, es de la opinión que ese artículo no puede aplicarse a situaciones como las de las protestas ciudadanas, que se dan en Nicaragua desde que Ortega asumió el poder en el 2007.  

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La norma jurídica aprobada en la sesión extraordinaria este lunes y con 70 votos de la aplanadora sandinista en el Parlamento, impide a los opositores postularse para cargos públicos. Para Pallais dicha ley “no tiene ningún valor” y llamó a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) a no aplicar las inhibiciones propuestas, una vez que entre en vigencia.    

"MALA JORNADA"

Gabriel Álvarez, experto constitucionalista, calificó como una “mala jornada para el futuro de Nicaragua”, la aprobación de esta Ley e indicó que el término de “traidores a la patria”, complica aún más la constitucionalidad de la Ley. Da a conocer que los diputados cometen un error técnico-jurídico “que se explica por la desmedida ambición política de asegurar el proceso electoral a la medida del presidente Ortega”.

El experto constitucionalista es de la opinión de que el CSE no puede decidir quiénes son los “traidores a la patria”, ya que eso lo debe determinar el juez, por ser un delito penal.

“Por tratar de ser más represivos o más intimidatorios más bien se ponen obstáculos legales e incurren en mayores violaciones constitucionales, ese es el problema que introduce ese término”, comenta el jurista Álvarez.

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Agregó que los requisitos para las candidaturas a cargos de elección popular están establecidos en la Ley Electoral y ninguna otra norma jurídica puede introducir otros requisitos.

“Desde el punto de vista estrictamente técnico-jurídico es una ley deplorable y desde el punto de vista político también lo es, porque se está cerrando las opciones de salida pacífica, institucional que es lo que el pueblo de Nicaragua quiere”, comparte Álvarez.

VIOLACIONES A DERECHOS CONSTITUCIONALES

El experto en derecho constitucional, José Pallais, considera que las instituciones del Estado de Nicaragua que apliquen esta norma, serían corresponsables de la violación de las garantías constitucionales de los nicaragüenses.

“En Nicaragua con Ortega, no hay un Estado de derecho”, afirmó.  

Esta ley se une a la de Agentes Extranjeros, a la de Ciberdelitos, y a la cadena perpetua para condenar los “crímenes de odio” y que fue aprobada en primera legislatura, y que el próximo año será uno de los primeros puntos a refrendar según el presidente de la Asamblea Nacional, el sancionado Gustavo Porras.

A criterio de Pallais, Ortega prepara el terreno para un “fraude institucional”, y así evitar un proceso transparente, observado y con amplia participación de los opositores, los cuales están recluidos “al mejor estilo del modelo de represión cubana, retenidos en sus casas sin orden judicial”.

“Bajo estas reglas las elecciones no son ni justas ni competitivas, no son libres, Ortega está cerrando la posibilidad a la salida cívica y democrática a la crisis”, comentó.

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A su juicio el régimen esta “cubanizando” a Nicaragua, ya que no acepta la aplicación de los estándares internacionales que demanda la Organización de Estados Americanos (OEA), para las elecciones generales de noviembre próximo.

“Nada de eso puede darse con todas estas medidas de hecho y de derecho que Ortega ha venido construyendo, perfeccionando el fraude institucional y usando el modelo de represión cubana”, enfatizó Pallais.

REFORMAS ELECTORALES

Al ser consultado sobre las reformas electorales el próximo año, el constitucionalista Gabriel Álvarez indicó que Ortega hará unas reformas electorales a su medida, por eso está avalando estas normas jurídicas que restringen los derechos constitucionales de los nicaragüenses.

Según Álvarez, Ortega le teme a unas elecciones libres y transparentes y a las sanciones que le han aplicado la comunidad internacional a sus funcionarios e instituciones.

“Yo no creo que con esto (aprobación de ley) esté negando la posibilidad de reformas electorales, lo que sí estará negando es la posibilidad de unas reformas electorales como lo demanda la gran mayoría de la sociedad nicaragüense”, compartió Álvarez.