Masiva confiscación de oenegés y medios de comunicación

Las propiedades donde hasta diciembre de 2018 funcionaban los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial, y las organizaciones no gubernamentales Cisas, Popol Na y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), fueron traspasadas al Ministerio de Salud sin notificar oficialmente a sus dueños.

En las afueras de los edificios fueron colocados rótulos donde se anuncia que las propiedades pertenecen al Minsa y serán demolidos para la construcción de casas maternas y centros de rehabilitación.

Las instalaciones de 100 % Noticias fueron tomadas por la fuerza el 21 de diciembre del 2018. Su propietario Miguel Mora y su jefa de prensa Lucia Pineda, fueron encarcelados y luego liberados en junio del 2019 bajo la cuestionada Ley de Amnistía.

Paulo Abrao, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su cuenta en Twitter expuso que luego de dos años de la toma de las instalaciones de 100 % Noticias "ahora afirman que esa propiedad pertenece al Estado. Igual lo hacen con la sala de redacción de Confidencial y las instalaciones del Cenidh, Popol Na y otras ONG tomadas. Nunca hubo discontinuidades de la represión en Nicaragua".

Un experto en comunicación, que pidió omitir su nombre explicó que la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 44, prohíbe las confiscaciones y las expropiaciones de todo lo que un medio de comunicación necesita para funcionar, lo cual incluye instalaciones y equipos.

“De tal manera que Daniel Ortega ha mandado a actuar en contra de la Constitución que a su medida se mandó hacer hace seis años. La medida es ilegal, anticonstitucional, viola el derecho a la propiedad privada, viola el derecho fundamental a la libertad de expresión, viola el derecho al debido proceso, pues 100% Noticias fue confiscado de facto”, manifestó el experto.

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El artículo 44 de la Constitución Política, además establece que los funcionarios que violen esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

En un rótulo que mandó a colocar el régimen en las instalaciones de 100% Noticias se indica que la propiedad ahora le pertenece al Ministerio de Salud y que en dichas instalaciones se construirá un centro de atención para personas con problemas de adicción al alcoholismo y /o drogadicción.

En el caso de Confidencial el rótulo indica que se construirá una casa materna del Distrito 1 de Managua. Mientras que, en Cisas, edificarán un centro de atención para personas con adicción.

Carlos Fernando Chamorro, en la cuenta de Twitter de Confidencial, expuso: “nunca podrá confiscar el periodismo”.

El Cenidh en su cuenta en Twitter expuso que eso lo estaban esperando ya que sus instalaciones fueron "robadas" desde el 13 de diciembre del 2018.

"Es otro acto de cobardía más, están queriendo esconder el asalto de las oenegés fingiendo que ahora las instalaciones van a ser del Minsa, son los Ortega – Murillo los que se las han robado y tendrán que responder un día ante la justicia”, expuso el organismo.

Según el rótulo en estas instalaciones se construirá una casa materna del Distrito III de Managua.

“DESPOJO”

El abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca +, explicó que lo que hace Ortega ahora es la materialización del “despojo” y la confiscación que prohíbe la Constitución Política.

“Lo que está haciendo el gobierno, como dice la gente, es robándose las instalaciones consolidándose el despojo y robándose las instalaciones que le pertenecen al canal 100 %”, manifestó el abogado.

En un Estado de derecho, los dueños de estos medios de comunicación podrían introducir un recurso de inconstitucionalidad, “sin embargo son totalmente ineficaces ante un gobierno que se ha empecinado en violar las normas constitucionales y los derechos más básicos”.

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Arce comentó que con esta medida Ortega sigue violando la libertad de prensa, la libertad de expresión porque manda un mensaje a los otros medios de comunicación que “están encima de ellos y van por ellos”.

Una prueba de ello, es que la Asamblea Nacional aprobó el pasado 27 de octubre la Ley de los Ciberdelitos o mejor conocida como Ley Mordaza, que entrará en vigencia el próximo 30 de diciembre.  

“Lo que está haciendo Ortega y Rosario (Murillo) con esta acción es ratificando la demolición del Estado de derecho y que aquí no existe, es inexistente para cualquier persona que ejerza cualquier tipo de oposición”, explicó el experto.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su 76 Asamblea General exigió al régimen de Daniel Ortega devolver las instalaciones de Confidencial y de 100 % Noticias y “se les permita transmitir sus programas en la televisión abierta y por cable”.

INCUMPLE ACUERDOS

En los acuerdos que firmaron los representantes de Daniel Ortega en el diálogo con los sectores opositores, el régimen se comprometió a revisar la toma de los medios de comunicación “a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la Ley”.

Para el experto en comunicación, Ortega no ha cumplido ninguno de los acuerdos que firmó en esa ocasión con la oposición y con esta confiscación manda el mensaje que “aquí la ley es lo que se me antoje, y no lo que yo firme con vos”.

Además, hace caso a los llamados que han hecho organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los que se ha sumado Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

“CONTAMINA” INSTITUCIONES DEL ESTADO

Guillermo Medrano, coordinador del área de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), lo que hizo Ortega con los edificios de medios y ONG confiscados en diciembre del 2018, sube la parada “pasando de una confiscación a un atraco, a una depredación de la propiedad privada”.

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Medrano indicó que con esta decisión Ortega “contamina” a las instituciones estatales ya que les traslada bienes que fueron confiscados a sus verdaderos dueños.

“Le va a entregar un bien al Ministerio de Salud que no le pertenece al Estado”, manifestó Medrano, ya que no hay un documento que declare de utilidad pública dichas propiedades.  

En el caso de 100 % Noticias, dicen que van a construir un centro para atender a personas que son víctimas de las adicciones, “te lo pone como la obra benéfica pero no puede existir ninguna obra benéfica que venga producto de un atraco”.

La FVBCH ha documentado este año al menos 338 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, entre las que destacan agresiones a periodistas, censura y la criminalización del periodismo independiente