2020: El año “negro” para la democracia en Nicaragua

El  2020 pasará a la historia como uno de los años más “negro” para la democracia en Nicaragua. Con una oposición fragmentada, donde el  “egoísmo político” hizo alarde y la dictadura realizó movimientos estratégicos  para  perpetuarse en el poder, a través de la aprobación de  leyes y reformas constitucionales, Nicaragua  parece  vivir uno de los momentos más críticos e inciertos. 

“Estamos ante una crisis generalizada. La democracia en Nicaragua  está reducida a un concepto abstracto. Existen espacios que no se respetan, tampoco existe institucionalidad. Fuimos testigos de los conflictos internos de los partidos políticos, el asedio por parte del régimen y  la aprobación de las leyes que han dejado en  evidencia una democracia enferma”, afirma el analista  político Bosco Matamoros. 

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Esos hechos, que además de profundizar la  crisis sociopolítica, dejan al país sin una visión clara del  futuro. En noviembre de 2021 se realizarán elecciones generales y hasta la fecha el régimen de Daniel Ortega no ha promovido reformas electorales, a pesar que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio plazo hasta mayo para que se impulsen.

“La represión se ha recrudecido a tal punto que  las libertades políticas, de expresión y organización se han visto limitadas, de seguir así no veo posible un escenario de  elecciones el próximo año.  El Gobierno no tiene intenciones de dar apertura a los partidos políticos. ¿Qué puede pasar el próximo año?, realmente no lo sé, Ortega no nos va regalar nada,  hay que quitárselo”, sostiene por su parte el politólogo José Antonio Peraza.

Antes de terminar el año, la dictadura Ortega Murillo se aseguró de aprobar con carácter de urgencia una serie de leyes y reformas constitucionales que les permitirán afianzarse en el poder. 

La Ley de Regulación de  Agentes Extranjeros   establece multas y autoriza  la intervención de bienes y activos,  así como también  la cancelación de la personalidad jurídica a las oenegés que intervengan en  “actividades o temas de política interna". Con la  Ley Especial de Ciberdelitos, se implementarán penas de dos, hasta  ocho años de cárcel por la propagación de noticias falsas, la divulgación de información confidencial de las instituciones del Estado, o el acceso no autorizado a las páginas web del Gobierno para la modificación u obtención de información.  

Al reformar el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua  se impondrán penas de  cadena perpetua  a quienes cometan “delitos de odio”. ¿Cuáles son esos delitos de odio?, esa es una de las incógnitas que deja la ley.   

Y a través de la llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, se limitará las candidaturas de “personas que promuevan golpes de Estado”, dejando así,  a un lado a sus  principales adversarios políticos en las próximas elecciones  de 2021.

A pesar de que la Coalición  Nacional envió un comunicado afirmando que no acataran dicha ley,  y “no se correrán al ruido de los caites”, la oposición aún no logra consolidar su liderazgo en el país. La Coalición Nacional aspiró ser el vehículo electoral para derrotar a Ortega en elecciones libres, pero perdió impulso cuando la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió salirse en septiembre pasado.

El "egoísmo político", dicen los especialistas, sigue siendo parte de las características que definen a la clase política nicaragüense, incapaces de hacer a un lado sus intereses. "La lógica de unidad que ha imperado históricamente es: unite  a mí porque yo soy el que mando, y bajo esa lógica  no hay  unidad posible", analiza  Peraza, quien insta a los líderes  a  trabajar de manera conjunta.

“El cambio no se logra  con discursos,  sino con  líderes dispuestos a trabajar bajo un mismo objetivo,  de construir algo más grande. Ese es el reto de los líderes políticos en Nicaragua, esa es la exigencia que los nicaragüenses  debemos de tener para ellos”, enfatiza el politólogo.

Mientras la oposición intenta de manera desesperada encontrar el camino de  la unidad y liderazgo, la dictadura  parece tener directrices claras: “perpetuarse en el poder”.

“Daniel Ortega, no solo  ha intensificado la represión hacia sus opositores, sino que también ha cercenado los derechos de  organización; un derecho que hasta el año pasado teníamos permitido. Tampoco vislumbramos el inicio de negociaciones inclusivas y oportunas para lograr  reformas electorales significativas, al contrario, estamos siendo testigos de una dictadura que se empeña en replicar el modelo cubano para perpetuarse en el poder”, denuncia el opositor José Pallais.

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Un modelo que deja un costo elevado tanto para la democracia como para economía del país. 

“La inversión extranjera en Nicaragua se ha desplomado más de 60% , el turismo más del 57% , la informalidad laboral ha aumentado exponencialmente,  no hay inversión, por tanto hay  menor recaudación de impuestos por parte del Estado,  en conclusión  tenemos un  país precario, dando señales claras que mientras la democracia no se instaure,  la economía tampoco lo hará”, explica Matamoros. 

Una ecuación en términos generales fácil de entender; pero no de poner en práctica  en Nicaragua. Un país en democracia crea las condiciones para atraer  inversión y cooperación internacional,   por ende la calidad de vida de sus ciudadanos mejora.

Peraza asegura que “Nicaragua aún no aprende la lección”, con un año electoral a  la vuelta de la esquina, cabe la pregunta: ¿Será que haya cambio en 2021?