Imposición de cadena perpetua evidencia "desesperación del régimen por legalizar la represión", dice el Cenidh

La imposición de la pena de cadena perpetua en Nicaragua mediante una reforma a la Constitución, concretada este lunes por diputados de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional, evidencia "la desesperación del régimen por legalizar la represión", denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El Cenidh califica la imposición perpetua en el país como un instrumento más de la represión estatal que dirige Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018 y que busca silenciar o intimidar a voces opositores que denuncian las violaciones de derechos humanos y exigen libertad, justicia y democracia.

En una entrevista con DESPACHO 505 a finales diciembre, la vicepresidenta de la CIDH Antonia Urrejola, dijo que la situación de los derechos humanos en el país es grave y compleja, porque hay claras evidencias de las acciones para “silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria”, entre ellas instrumentos "legales" promovidos por los sandinistas. Pero fue enfática: “No hay ley que pueda legitimar la represión”, porque al ser “incompatibles con las obligaciones internacionales, constituyen un ilícito internacional que hace responsable al Estado”.

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La pena de cárcel de por vida fue orientada por Ortega en septiembre, cuando el país se estremeció ante el asesinato de dos niñas que eran hermanas en el Caribe nicaragüense. No obstante, el anuncio llegó con la sentencia que sería para castigar "crímenes de odio", un término que el oficialismo emplea para responsabilizar a los opositores por los más de 300 ciudadanos que fueron asesinados en el contexto de las protestas cívicas de 2018, a las que el líder sandinista se refiere como intento fallido de golpe de Estado.

Defensores nacionales e internacionales, juristas, organismos de derechos humanos y opositores denunciaron desde el primer momento que la reforma es parte del paquete legal que Ortega -valiéndose de su control absoluto en el Parlamento- preparó para acallar, intimidar o eliminar a sus adversarios de cara a las elecciones generales, el 7 de noviembre próximo, como son la Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Inhibiciones.

"El Cenidh exige al régimen Ortega-Murillo cese la represión revestida de supuesta legalidad. Hace un llamado al pueblo a continuar en la lucha por sus derechos", pronunció el organismo en un tuit.

NO ES RETROACTIVA

La reforma constitucional fue ratificada este lunes por durante una sesión especial celebrada en Ciudad Darío (norte), en el marco de una jornada en honor al 154 aniversario del natalicio del poeta Rubén Darío (1867-1916). Esto también fue criticado por el centro de derechos humanos, pues considera una manipulación de la figura del bardo "aprobar un instrumento más de represión para el pueblo en su casa natal".

La pena de prisión perpetua, en vigor desde este martes en Nicaragua, se aplicará a personas condenadas por delitos graves que concurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación”.

Los delitos no han sido definidos, pero el Cenidh se adelantó a aclarar que no es una pena retroactiva y, por tanto, insta a los familiares de reos a no ceder ante posibles acciones intimidatorias.

El organismo llamó a "familiares de privados de libertad a no dejarse intimidar, la aplicación de la Ley no es retroactiva y para aplicarla se requiere una reforma al Código Penal".

Fuentes legislativas y constitucionalistas dijeron a DESPACHO 505 que la necesaria reforma al Código Penal podría quedar aprobada esta misma semana.