Mujeres de ´Pico Rojo´ recurren contra la Ley de Aguas

Un grupo de mujeres miembros del movimiento Pico Rojo interpusieron la mañana de este miércoles, un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley Ley General de Aguas Nacionales, la cual fue pretende privatizar y centralizar este recurso natural.

La reforma a la Ley de Aguas Nacionales fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 12 de noviembre y publicada en la Gaceta el 23 del mismo mes.

Violeta Granera, miembro del movimiento de mujeres indicó la ley viola los tratados internacionales que protegen el medioambiente, el derecho a que la población tenga acceso al servicio de agua potable y su participación en la protección de dicho recurso.

“Estas reformas abren la posibilidad de la privatización de este recurso, lo cual afectará más a la población”, manifestó Granera.

El recurso de inconstitucionalidad lo interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se suma al que introdujo el pasado siete de enero Ruth Zelma Herrera, quien expuso que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales viola varios artículos constitucionales referidos a la conservación de los recursos hídricos en Nicaragua.

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Granera está clara que estos recursos no prosperaran en la Corte Suprema de Justicia, porque no están “fallando conforme a la Ley”, pero expuso que es importante hacerlo para que quede constancia de la denuncia.  

“El rechazo a esta reforma va a quedar establecido en las instituciones para cuando estas funcionen poder hacerlas efectivas”, comentó Granera.

DENUNCIA EN INSTANCIAS INTERNACIONALES

Confío que además expondrán el caso en las instancias internacionales que velan por los derechos humanos y de salud de las personas, una de ellas podría ser la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que en los estatutos de esta instancia internacional está que el agua es un líquido vital para garantizar la salud de los pueblos.

Con las reformas a la Ley desapareció el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), y todas las competencias pasaron a la Autoridad Nacional de Agua.

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En su momento el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expresó su rechazó a la aprobación de esta reforma, ya que indicaron que estaba diseñada para controlar este recurso natural con fines recaudatorios.  

La reforma, según el régimen de Daniel Ortega, se basó en un estudio que financió el Banco Mundial, aunque el texto no fue dado a conocer. 

Las mujeres fueron asediadas por efectivos de la Policía, quienes se llegaron a apostar en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.