"Ahorita no hay ley", respondió policía a periodista que fue esposado por filmar detención violenta de un ciudadano

Al periodista Jacksell Herrera agentes policiales de Jinotega le colocaron esposas porque filmó este domingo la detención violenta de un motociclista en el sector Praderas del municipio Santa María de Pantasma, en Jinotega. Sin decir palabra, cuatro de unos catorce oficiales que participaban en el operativo lo neutralizaron hasta obligarlo a borrar el video de la memoria de su teléfono celular.

Jacksell, de 21 años, es uno de los dos periodistas independientes que hay en Santa María de Pantasma. En 2018, comenzó a reportear motivado por el deseo de documentar los ahí pasaba. Desde entonces sufre persecución, asedio y amenazas, tanto por parte de la Policía como de simpatizantes orteguistas, afirma. "Como solo somos dos, saben que si algo se conoce es porque nosotros lo informamos", dice vía telefónica a DESPACHO 505.

El domingo, Jacksell encaró a los oficiales que le exigían desbloquear su teléfono para acceder al archivo del aparato, y cuando reclamó su derecho como periodista y ciudadano una agente lo anuló con una frase: “Ahorita no hay ley”.

"Tuve que eliminar el video para evitar ser detenido”, se justifica el joven que actualmente es colaborador del medio de comunicación digital Nicaragua Actual y trabajador de la alcaldía de Santa María de Pantasma.

INFORMAR BAJO RIESGO

"Es muy difícil ejercer esta labor, para el gobierno es un delito que nosotros estemos sacando la verdad y todas las arbitrariedades, a donde vayamos siempre está el acoso, las amenazas de la Policía o de simpatizantes sandinistas", dice Jacksell quien ha denunciado la arbitrariedad policial para dejar constancia y responsabilizar al régimen de Daniel Ortega de cualquier agresión que pudiera sufrir, ya que no es la primera vez que sufre una agresión directa.

Hace un mes fue agredido cuando realizaba una cobertura. "En varias ocasiones pasan filmando la casa, la misma Policía me ha dicho que era la última vez que ellos miraban publicaciones mías en las redes sociales porque la próxima vez iba a ir preso. Hace nueve meses fui amenazado por simpatizantes sandinistas", menciona.

Reconoce que siente temor por su seguridad y la de su familia, pero manifiesta no estar dispuesto a abandonar su "compromiso de seguir informando, pese a todas estas amenazas, porque me han mandado mensajes de me van a matar".

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), condenó la agresión policial contra el periodista. "Esto es repudiable, queda en evidencia el abuso de autoridad, el uso indebido de la fuerza y el irrespeto a la libertad de expresión y prensa", valoró el organismo.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) también reprochó la agresión y abuso de autoridad que sufrió el periodista. "No es la primera oportunidad que se le violentan sus derechos. El año pasado, por publicar una donación que había hecho un organismo a escuelas comunitarias, también fue amenazado sitiado y expulsado de una escuela pública. Vemos nosotros de que todavía persiste una campaña de persecución, de seguimiento a la prensa independiente que lo único que hace directamente es informar", opinó Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la organización que defiende y promueve la libertad de prensa en el país.

"Se reconfirma que el gobierno de Ortega solamente se sostiene en cuatro pilares débiles que son las armas, la represión, la corrupción y la cultura del secreto como estrategia de comunicación", enfatiza Medrano destacando la valentía del periodista.

Medrano recuerda que la denuncia ciudadana "es un arma de mucha importancia porque se visibiliza lo que está sucediendo".

ESCALADA REPRESIVA CONTRA PERIODISTAS

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha alertado de una escalada represiva contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. En 2020 la organización logró documentar unas 360 denuncias de violaciones a la libertad de prensa.

El coordinador de Derechos Humanos de la FVBCH recordó que la práctica del ejercicio periodístico "es un derecho constitucional, no es un delito. Informar es un derecho que tenemos que defender ciudadanos, medios de comunicación y audiencia", subrayó.

En tanto, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) advirtió que el periodismo iniciaba 2021 "bajo estado de emergencia", tras documentar el incremento de amenazas reporteros y acciones para vincularlos a actos delictivos para desacreditar su labor y poner en riesgo su seguridad.

Además, les han abierto procesos judiciales “como parte de la estrategia estatal de represión e intimidación a la prensa independiente”, denunció el organismo que acompañó su pronunciamiento con el informe de 66 denuncias de periodistas que fueron agredidos por policías, civiles armados o simpatizantes sandinistas entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020.