Ortega pide que declaren área protegida desde los cayos miskitos hasta la zona restituida por la Haya

Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, con trámite de urgencia, una iniciativa de ley para que se declare como reserva de biosfera del Caribe Norte el área que comprende entre los cayos miskitos y la zona restituida a Nicaragua en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en un juicio contra Colombia de 2012.

La iniciativa de ley enviada por Ortega al parlamento nacional considera que en esta zona es donde se realizan las actividades económicas de la pesca y tiene una gran importancia para la conservación marina, sobre todo para la reproducción de las especies que la habitan.

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La nueva reserva de biosfera contempla un área de “44,157 kilómetros cuadrados, ubicados en el mar territorial y en la zona económica exclusiva”. Además se declara como zona de núcleo un área de 5,026 kilómetros cuadrados.

De acuerdo a la nueva iniciativa, se establece también como zona de amortiguamiento un área de 1,502.50 kilómetros cuadrados y zona de transición 37,629 kilómetros cuadrados.

MARENA TAMBIÉN REGULARÁ PERMISOS

La iniciativa de ley regula por primera vez la explotación marina en esta zona, y designa al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) como el ente regulador, pero incluye dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua (Sinap) al Ejército de Nicaragua; al Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (Inpesca); el Gobierno Regional del Caribe Norte, así como el gobierno territorial indígena y afrodescendiente.

De igual forma, señala que le corresponde al Marena elaborar y aprobar en un plazo de tres meses un manual de funcionamiento interno. Esta nueva área protegida se regirá de conformidad a la ley general del medioambiente, sobre todo en el manejo de las áreas protegidas.

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El pasado 16 de enero, la administración de Daniel Ortega mandó a suspender, a través de dos decretos presidenciales, la veda para el corte del pino, cedro real y pochote por un periodo de doce meses, prorrogables, y en el que autoriza también la tala de pinares en las áreas protegidas.

Ambas medidas fueron cuestionados por ambientalistas que consideran que se pone en peligro de extinción estas especies, ya que no existen planes de reforestación efectivos ni los controles para determinar responsabilidades.