Estas son las consecuencias de la reforma al Código Procesal Penal que pretende imponer el régimen

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y los Defensores del Pueblo califican como un “retroceso” en la legislación la iniciativa de reforma al Código Procesal Penal (CPP) que introdujo este miércoles la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional para ampliar de 48 horas hasta tres meses la detención de un ciudadano cuando no existan pruebas en su contra.

Las organizaciones ven como una "aberración jurídica" que violenta los derechos humanos y las libertades de los nicaragüenses “a través de la justificación legal de las atrocidades que se han cometido y siguen cometiéndose en Nicaragua”.

El abogado Julio Montenegro considera que con esta reforma, Nicaragua regresaría a los tiempos donde los procesos eran escritos y el juez instruía las causas durante el proceso investigativo.

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Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, dijo que el organismo "repudia" dichas reformas ya que con ellas, Daniel Ortega pretende legalizar la práctica de mantener en las cárceles de las estaciones policiales a quienes alzan su voz en contra del régimen.

"Se está regresando al sistema inquisitivo que se tenía con el Código de Instrucción Criminal, ya que antes se detenía y luego se investigaba un delito. Hay una manipulación en la fundamentación de esta iniciativa de reforma de la misma Constitución Política, al indicar que si lo ordena un juez ya estaría establecido en la Constitución, cuando la misma Constitución establece el límite que es de 48 horas", expuso la jurista.

NUEVOS TÉRMINOS PARA JUSTIFICAR ILEGALIDAD

La iniciativa de ley además plantea dos nuevos términos: “investigación complementaria” y "Audiencia Especial de tutela y garantías constitucionales”, que serían usados en el proceso de investigación policial de un detenido.

Para Flores el hecho que le denominen "audiencias de garantías constitucionales" es una burla a los ciudadanos y a la misma Constitución, puesto que viola los derechos de libertad individual e integridad personal.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, indicó que dicha propuesta de reforma pretende justificar “las violaciones al debido proceso” y los vacíos que puedan tener las investigaciones que realizan las autoridades.

“Esto significa que la Policía Nacional y el Ministerio Público tendrían la potestad discrecional para detener abiertamente a cualquier persona y después de ello investigar los hechos, lo cual sería una violación flagrante al principio de presunción de inocencia y a las garantías judiciales”, indicó el Colectivo en un comunicado.

CONDENAS ANTICIPADAS

Por su parte, Julio Montenegro señaló que con estos nuevos plazos de detención las autoridades estarían condenando a un ciudadano a penas anticipadas y cumpliendo en algunos casos el equivalente a las sanciones que se establecen en algunos delitos menores. 

“Sería prácticamente condenar a una persona sin tener certeza alguna que esta persona ha cometido algún delito”, expuso Montenegro.

El abogado explicó que, en tiempos de la dictadura de Anastasio Somoza, el plazo de la detención era de 72 horas, es decir tres días y con el actual Código Procesal Penal es de 48 horas. Pero desde abril del 2018, esta situación cambió, ya que la Policía ha mantenido en las cárceles a personas que se oponen al régimen de Daniel Ortega por días, semanas y hasta meses sin que los remitan ante el juez y sin dar una explicación sobre el motivo de su captura.

Según el Colectivo, estas reformas al CPP serán instrumentos legales que se utilizarán en contra de la ciudadanía “ya que en nuestro contexto la Policía comete detenciones ilegales masivas y arbitrarias incumpliendo el plazo constitucional de presentación de 48 horas en este sentido se pretende legalizar estas detenciones incluso algunas de ellas selectivas”.

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Montenegro conoce bien esta situación ya que algunos de los presos políticos que ha defendido han pasado por esto. El caso más reciente es de Julia Cristina Hernández, originaria de Masaya, a quien capturaron el siete de enero de este año y fue hasta el 19 del mismo mes que los familiares constataron que estaba en las celdas de Auxilio Judicial en Managua.

Los familiares de las personas detenidas, dice el defensor, pasan por un “suplicio”, buscando a sus familiares ya que muchos vienen a Managua procedentes de los departamentos y carecen de recursos económicos. “La gente a veces no tiene ni para la comida y mucho menos para andar pagando transporte”.

Ante estas situaciones los abogados defensores podían alegar detenciones ilegales, pero ahora con las reformas quedarían sin posibilidad de maniobra. “¿Qué vamos a alegar cuando la misma ley contempla que pueden estar 15, 20 o 30 días detenidos?, entonces esas son consecuencias gravosas”, cuestionó el jurista.   

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Estas reformas al Código Procesal Penal se sumarán a la Ley de Ciberdelitos, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, "Ley de Inhibiciones"; y la puesta en marcha de la cadena perpetua en el país.  

El actual Código Procesal Penal entró en vigencia en el 2002 y era considerado como el más novedoso de Centroamérica. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar, destacaba constantemente ese logro.