Estados Unidos dice que defenderá un proceso electoral justo y transparente en Nicaragua

El director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan González, aseguró que Estados Unidos defenderá un proceso electoral justo y transparente en Nicaragua. Las elecciones generales se realizarán en noviembre próximo y hasta la fecha el régimen de Daniel Ortega no ha dado muestras de voluntad política por impulsar reformas electorales profundas, como lo pide la comunidad internacional y la oposición.

González, quien es el principal asesor del presidente Joe Biden en su política hacia Latinoamérica, dijo al medio de comunicación salvadoreño El Faro, que “Estados Unidos defenderá que haya elecciones justas y transparentes, aunque lo que se ha visto es que el Gobierno de (Daniel) Ortega está ya de nuevo manipulando el sistema a su favor. Es algo que se ha ignorado demasiado”.

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El alto funcionario expresó que la administración del ahora expresidente Donald Trump se enfocó en Cuba y Venezuela y casi se olvidó de Nicaragua. “Es algo muy preocupante y sí será un foco de atención para esta administración”, indicó en una entrevista al medio salvadoreño. El Gobierno de Trump impulsó sanciones al círculo más cercano de Ortega entre ellos su hijo Laureno y Rafael, y su esposa Rosario Murillo, vicemandataria.

ORTEGA HA CAMBIADO LAS REGLAS

El funcionario indicó que la situación de Nicaragua es de mucha preocupación para Estados Unidos y que las acciones de Daniel Ortega en contra del pueblo “incluso usando francotiradores en contra de manifestantes pacíficos, son posibles crímenes de lesa humanidad”. En las declaraciones recuerda que desde que Ortega llegó al poder en el 2007, se ha dedicado a cambiar “las reglas del juego para favorecer que se perpetúe en el poder”.

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La oposición en Nicaragua demanda al régimen de Daniel Ortega unas elecciones justas y transparentes y además unas reformas a la Ley Electoral, pero expertos han indicado que los cambios que posiblemente apruebe la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista, serán a la medida del dictador, sin cambios de fondo como por ejemplo el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su última resolución del pasado 22 de octubre del 2020, dio como plazo máximo mayo de este año para que se realicen estos cambios. Sin embargo, hasta ahora, el régimen no ha dado señales que las implemente. En cambio, ha aprobado una serie de leyes que restringen los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.

Entre esas normas está la Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Agentes Extranjeros, La Ley de Inhibiciones y la modificación al artículo 37 de la Constitución que impone la cadena perpetua por “crímenes de odio”.