Régimen aprueba prisión de hasta 90 días mientras la Policía "investiga" a un detenido

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó este martes una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal (CPP) para ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un ciudadano aun cuando no existan pruebas en su contra, si la Fiscalía así lo solicita.

La adición al artículo 253 y la reforma al artículo 256 del Código Procesal Penal fue aprobada con 70 votos a favor de la bancada del Frente Sandinista. La iniciativa incorpora dos nuevos términos: el de “investigación complementaria” y el de "Audiencia Especial de Tutela y Garantías Constitucionales” en el proceso de investigación policial de un detenido.

Con esta reforma, la Policía podrá mantener en prisión a un ciudadano, aun cuando no existan pruebas, y la Fiscalía se encargará de solicitar al juez la ampliación del plazo cuando se haya vencido de las 48 horas de ley que establece la Constitución.

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La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional explicó los alcances de esta reforma. Según la funcionaria, se siguen manteniendo las 48 horas para poner al reo ante la autoridad competente establecida en el artículo 256 y se adiciona el artículo 253 bis, “que es donde se establece que el juez podrá celebrar la Audiencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales”.  

“Una vez que el reo está a su disposición (del juez), el Ministerio Público podrá solicitar un plazo que no será menor de 15 días ni mayor de 90 días para ampliar el proceso de investigación cuando el caso así lo amerite. El fiscal podrá hacer esta petición de manera oral o de manera escrita”, comentó la diputada.  

En el transcurso del proceso investigativo, agregó, “es probable que, si las pruebas no indican que la persona es autora de ese delito, o los indicios son de que la persona es inocente, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de la causa el cierre del proceso y la libertad del acusado”.  

UNA MEDIDA DE "TOLERANCIA CERO" CONTRA EL ENEMIGO

Jimmy Blandón del Partido Liberal Constitucionalista, emitió un voto razonado en contra de la iniciativa de reforma, la que calificó como “innecesaria” y un “retroceso” para Nicaragua.  

Más que una "modernización del proceso", como lo define el régimen, los diputados liberales ven en esta reforma una nueva herramienta de represión a ser usada contra los opositores.

“Es totalmente falso que la reforma y adición que han presentado aporta garantías con la celebración de una Audiencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales. Al contrario, esa audiencia y la disposición que se le atribuye al Ministerio público y a la Policía Nacional, es la legalización de la tolerancia cero contra el enemigo”, dijo el diputado ante el plenario. 

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El diputado liberal Maximino Rodríguez expuso que esta reforma es una “aberración y un retroceso” en materia de legislación penal. Además, considera que se violan los derechos de las personas imputadas.

"Con esta reforma el régimen de Ortega lo que quiere es tener castigado (a un ciudadano) 90 días como máximo y 15 días como mínimo y luego decirle ´vos no eras infractor, no cometiste delito, pero te castigo porque nosotros así lo quisimos´”, denunció el opositor.

CONDENAS ANTICIPADAS

El abogado Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo señala que con estos nuevos plazos de detención, las autoridades estarían condenando a un ciudadano a penas anticipadas y cumpliendo en algunos casos el equivalente a las sanciones que se establecen en algunos delitos menores. 

“Sería prácticamente condenar a una persona sin tener certeza alguna que esta persona ha cometido algún delito”, expone Montenegro.

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El abogado explica que, en tiempos de la dictadura de Anastasio Somoza, el plazo de la detención era de 72 horas, es decir tres días y con el actual Código Procesal Penal es de 48 horas. Pero desde abril del 2018, esta situación cambió, ya que la Policía ha mantenido en las cárceles a personas que se oponen al régimen de Daniel Ortega por días, semanas y hasta meses sin que los remitan ante el juez y sin dar una explicación sobre el motivo de su captura.

Para establecer esta reforma, la Asamblea Nacional consultó a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Policía Nacional. Todas las instituciones, controladas por Ortega, estuvieron de acuerdo. En este proceso no se tomó en cuenta a la sociedad civil.