Incertidumbre en la banca: Comercio exterior y remesas en riesgo

Los bancos están entre la espada y la pared, mientras que las exportaciones, importaciones y remesas sufrirán consecuencias, y por ende, una economía que no termina de recuperarse.

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  • febrero 10, 2021
  • 02:00 AM

Este martes se publicó en La Gaceta, el diario oficial, la reforma a Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842) que conlleva a un aislamiento financiero internacional, según han advertido los bancos privados de Nicaragua. El principal riesgo, explicado por los economistas y empresarios, está en las exportaciones, importaciones y remesas en cuyas transacciones son indispensables las corresponsalías de instituciones financieras extranjeras, y que con las reformas se podrían perder.

El economista y catedrático Luis Murillo planteó que los bancos del país están entre la espada y la pared porque deben cumplir con la nueva regulación local que los obliga a mantener las cuentas abiertas de funcionarios e instituciones del Estado sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a la vez tienen normas establecidas por el sistema financiero internacional para combatir el lavado de dinero. Es decir que los bancos internacionales con los que sostienen relaciones podrán cortarlas. “La ley impone al sistema financiero mayores niveles de riesgos, son fondeadores, y se está poniendo al país a nivel de riesgo”, dijo. 

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El presidente del Cámara de Industria de Nicaragua, (Cadin), Marcos Pierson, considera que la puesta en vigencia de la reforma de la Ley 842, pone en riesgo la economía y la estabilidad del país. “Estas cosas no te dan una muerte inmediata como un flechazo en el corazón, lo que hacen es te van desangrando poco a poco y eso es lo que estamos viendo, Nicaragua se está desangrando poco a poco, la economía está deteriorándose, el desempleo va creciendo y necesitamos cambiar las políticas para que eso salga bien”, indicó el empresario. 

El dirigente de los empresarios industriales manifestó que si los bancos nacionales pierden sus corresponsalías con las instituciones financieras internacionales ocasionará daños a la industria nicaragüense ya que se afecta las importaciones y exportaciones de bienes.  “Eso (el cierre de corresponsalías) haría bien difícil el acceso a las divisas, o las transferencias internacionales, en el mejor de los casos probablemente las encarecería y en el peor de los casos las haría imposible”, manifestó Pierson. 

Todas las cámaras que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) han expuesto al régimen de Daniel Ortega sus preocupaciones con la implementación de estas reformas y las consecuencias que puede traer a la banca nicaragüense.  “El Gobierno no ha hecho ningún intento por hablar con los gremios sobre este tema o los otros temas. Hemos levantado la voz sobre el efecto negativo que ha tenido la reforma fiscal y no hemos tenido ninguna respuesta del Gobierno”, manifestó el dirigente de Cadin. 

Por su parte, el economista Mario Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) y exministro de Hacienda y Crédito Público, considera que el crédito no se encarecerá producto de las reformas a la Ley de los consumidores, aunque el economista Luis Murilo sí cree que ocurrirá: “El crédito es caro, y si se le ponés más riesgo, se encarecerá el crédito, los agentes económicos internos no podrán acceder al crédito. El sistema mueve recursos internos y externos, y si le ponés presión no va a funcionar”.

Lo que considera Arana es que potencialmente las transacciones internacionales se podrían complicar, en particular exportaciones, importaciones y flujos de inversión extranjera directa. “Las remesas sí se encarecerían potencialmente ya que se tendrían que buscar otros mecanismos al margen del sector financiero para llegar a sus destinatarios”, expuso el expresidente del Banco Central de Nicaragua. 

“En realidad esto depende de si por la ley y su implementación, se retiran bancos corresponsales.  Lo que se entiende es que esta ley busca como sectores o personas sancionadas y en especial familiares puedan ser reintegrados al sistema financiero e igual hacia el futuro, que no se puedan rehusar los bancos a abrir cuentas o dar servicios a personas o instituciones sancionadas”, indicó Arana.

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Ahora todo dependerá de cómo los bancos manejen la situación, por eso recomendó que el sistema financiero nacional “deberían de informar más sobre este tema”. Las reformas a la Ley de los Consumidores fueron aprobadas el pasado 3 de febrero por la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional y entraron en vigencia este martes 9 del mismo mes. Estas enmiendas a la ley fueron avaladas, a pesar de los llamados que hicieron la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) y del Cosep quienes pidieron a Ortega reflexionar sobre la reforma ya que podría dejar al país fuera del sistema financiero internacional, afectando a sectores económicos como la inversión privada, el turismo, las remesas, entre otros.

 “Esta decisión unilateral del Gobierno, de venir a tratar de obligar a los bancos a tomar medidas que son prohibidas por las entidades financieras internacionales, pone en riesgo que el sistema financiero nacional puede desaparecer”, dijo hace una semana el presidente de la cúpula empresarial Michael Healy. La decisión obligará a mantener las cuentas abiertas de funcionarios e instituciones públicas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea y pone en peligro las relaciones de los bancos con instituciones financieras internacionales. “Esta decisión pone en riesgo al país de pasar de la lista gris en que encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, advirtió la carta de Asobanp a finales de enero. La posición fue respaldada por diferentes cámaras que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Con reportes de Emperatriz López.

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