Policía persigue a coordinadores departamentales de la UNAB "para impedir la unidad en los municipios"

La Policía Orteguista retuvo durante tres horas la mañana de este domingo a Brandon Torres, hermano de Armengol González, coordinador departamental de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), denunció la organización. 

“La Policía llegó con una orden judicial en busca de Armengol y al no encontrarlo, se llevaron al hermano”, denunció Ivania Álvarez de la UNAB.  El joven fue puesto en libertad tres horas después de su arresto.

La búsqueda de Armengol González por parte de la Policía se da al mismo tiempo en que el joven realiza instalaciones de juntas directivas municipales de la Coalición Nacional en el departamento de Matagalpa.  

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Este tipo de detenciones y búsqueda de los coordinadores departamentales de organizaciones opositoras es parte de un nuevo patrón represivo del régimen de Daniel Ortega para impedir la unidad, advierte la UNAB.  

“La lista de presos políticos va crecer este año, hay represalias contra quienes están coordinando las alianzas electorales en los municipios y contra quienes están trabajando en los territorios por la unidad. Esto ya pasó en Catarina y en Nagarote, llegan a buscar a los coordinadores y cuando no los encuentran se llevan detenido a algún familiar”, explicó Álvarez.  

ORTEGA SIGUE SUMANDO PRESOS POLÍTICOS

La lista de presos políticos en Nicaragua, cuyo último dato es de 120, crece casi a diario. El régimen de Daniel Ortega sigue encarcelando a opositores en pleno año electora y en medio de llamados de la comunidad internacional para que libere a los presos políticos.

Esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por la persistencia de las restricciones del espacio cívico y la represión de la disidencia con actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria contra las voces disidentes.  

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En una nueva resolución sobre Nicaragua, los Estados miembros del Consejo llamaron al régimen a que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas, a que derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos.  

“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que deje inmediatamente de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias y ponga en libertad sin condiciones a todas las personas recluidas arbitraria o ilegalmente”, indican en la resolución.