"Los criminales son ellos", reprocha Vilma Núñez sobre criminalización contra Cristiana Chamorro y asalto a Confidencial

La intensión del régimen orteguista de implicar a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en una actividad ilícita y el segundo allanamiento a la redacción de Confidencial es un nuevo atropello a la a libertad de prensa y de expresión, dijo este jueves la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Núñez manifestó su más enérgica condena luego que a través del Ministerio de Gobernación el orteguismo requiriera a Chamorro para rendir cuentas sobre supuestos malos manejos en la administración financiera de la Fundación que lleva el nombre de su madre y expresidenta de Nicaragua. También criticó el desmedido despliegue policial y allanamiento ilegal en la sede de Confidencial. “Provocando zozobra en el lugar”, criticó.

La defensora de los derechos humanos cree que el régimen de Ortega pretende que Cristiana Chamorro sea la primera a la que le aplican la Ley de Agentes Extranjeros “y todo ese montón de leyes que han quedado para buscar como criminalizar a las personas honradas, cuando los criminales son ellos”, señaló.

Núñez, dijo que el equipo de abogados del Cenidh está dispuesto a defender a Cristiana de estos ataques, aunque está claro que Nicaragua el Poder Judicial está sometido a los mandatos de El Carmen.

Es el momento de que salgamos de nuestras casas, tomando las medidas por el Covid, pero definitivamente este hombre (Ortega) va con todo, con lo que esté a su disposición porque no ha podido parar la resistencia de la gente, pues ahora demostrémosle en la calle, esta es una provocación que no tiene nombre”, manifestó la presidenta del Cenidh.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) también condenó la “arremetida” de la dictadura de Daniel Ortega en contra de los sectores disidentes de Nicaragua.

Para la organización política, la acusación contra Cristiana Chamorro, demuestra el “temor que la dictadura le tiene a la oposición organizada y sus liderazgos”.

“Lamentamos y nos solidarizamos ante esta situación que atenta contra las libertades ciudadanas y demuestran la falta de voluntad política de una dictadura que se encuentra aislada nacional e internacionalmente”, pronunció la UNAB en un comunicado.

La acusación contra Cristiana Chamorro se suma a las maniobras que ha hecho el régimen de Daniel Ortega para controlar el proceso electoral y anular a quienes serían sus más fuertes rivales. En esta semana a través del Consejo Supremo Electoral canceló la personería a dos partidos políticos: el Partido de Restauración Democrática (PRD), que sería la casilla que acogería a la opositora de la Colación Nacional para participar en las elecciones del 7 de noviembre; y la del Partido Conservador (PC). Para la UNAB estas acciones demuestran el “terror a unas elecciones libres, transparentes y competitivas”.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, suspendió sus operaciones el 5 de febrero de este año para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros que aprobó el régimen de Daniel Ortega a finales del año 2020.

El inicio de esta investigación es interpretada como una forma de evitar que Cristiana lance su candidatura presidencial, pues todavía no se ha plegado a una organización política para postular.

El jurista Julio Montenegro tras analizar los señalamientos contenidos en la citatoria del Ministerio de Gobernación encontró “fuertes indicios” de una situación de orden penal.

No obstante, cuestionó que ese era un proceso que debió realizarse cuando operando la fundación, ya que las organizaciones que están inscritas en el Ministerio de Gobernación rinden informes permanentes a la institución.

“Estamos en un proceso donde aparentemente se está haciendo es un requerimiento para que ellos se presenten y se pueda constatar si se está en presencia sí o no, porque un fuerte indicio no es nada concluyente, porque un indicio es algo no concluyente, tiene que haber varios para que pueda haber un elemento concreto para aseverar si efectivamente hay o no la comisión de un supuesto ilícito de lavado de dinero”, explicó.