Caso Cristiana Chamorro-FVBCH: ¿En qué se basa el régimen para abrir una investigación por lavado de dinero?

El origen de los fondos externos con los que funcionó durante 20 años la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) han sido puestos en duda por parte del régimen de Daniel Ortega, quien a través del Ministerio de Gobernación (Migob) inició, el pasado 20 de mayo, una investigación por supuesto lavado de dinero, que tiene más matices políticos con el objetivo inhibir a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que hasta enero de este año fungió como la directora de esta oenegé que promovía la libertad de expresión y prensa en Nicaragua.

Pero, ¿qué actividades realizaba la FVBCh como para que el régimen decidiera abrirle una investigación, sin precedentes, por lavado de dinero?  Desde su fundación, en 1998, la FVBCh ha funcionado como una oenegé que ayuda a través de programas, asistencia técnica, talleres y capacitaciones, a la promoción del periodismo independiente en Nicaragua. 

MÁS SOBRE EL TEMA: Cristiana Chamorro: “Seguramente ya tienen la sentencia desde el día que me llamaron a Gobernación”

Permaneció durante 20 años constituida ante el Migob con personería jurídica para crear iniciativas en pos del desarrollo social y la democracia.  No obstante, el pasado 5 de febrero, la FVBCh decidió cerrar operaciones para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el régimen de Daniel Ortega. Esta ley obliga a las ONG a inscribirse como agentes extranjeros, a la vez que impide el financiamiento externo a estas, e impidiéndoles que realicen actividades políticas. 

¿QUÉ DICE GAFILAT?

Pero para que una oenegé sea acusada por el delito de lavado de dinero, esta debe de obtener recursos provenientes del "narcotráficos o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, crímenes de guante blanco, extorsión, secuestro, piratería", según detallan los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a la que Nicaragua pertenece. 

Aunque Gafilat identifica a las ONG como canales utilizados por el crimen organizado para lavar activos, define como lavado de dinero el hecho de "hacer que los fondos o activos obtenidos a través de una actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero". 

Pero el régimen no ha dado argumentos en los que se basa para acusar de dicho delito a la FVBCh, y más bien el orteguismo se ha encargado de filtrar una serie de documentos donde se observa el financiamiento de dicha oenegé a programas dirigidos a periodistas y medios de comunicación durante sus 20 años de funcionamiento. 

Sin embargo, la investigación del Migob contra la exdirectora de la fundación, Cristiana Chamorro, refleja que solamente se encontró "indicios de lavado de dinero" por el manejo de recursos durante el periodo 2015-2019.  Cabe señalar que en países en vías de desarrollo existen organismos sin fines de lucro que brindan capacitaciones y asistencia financiera a periodistas y medios de comunicación. 

NOTA RELACIONADA: Plan para silenciar a medios y periodistas en Nicaragua a seis meses de los comicios

La Agencia de Financiamiento para el Desarrollo Internacional (Usaid), es uno de los organismos que figuran en documentos filtrados por el orteguismo que financiaba a la FVBCh, lo que bota la acusación de lavado de dinero por ser una donante de reconocimiento internacional, cuyo funcionamiento se basa en impuestos de ciudadanos estadounidenses, y por lo tanto no representa una fuente ilícita. 

Por otro lado, en los reportes anuales publicados en el sitio web de Usaid se reflejan los montos entregados a Nicaragua, entre estos a la FVBCh. El período que el Migob establece en su investigación contra la FVBCh (2015-2019), los recursos financiados a esta ONG corresponden a Usaid, por lo que no puede haber indicio de lavado de dinero, señalan especialistas.

Según el exfiscal Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, para que exista una acusación de lavado de dinero debe haber una investigación previa de la Policía y del Ministerio Público, pero que antes debe de haber reportes de actividades sospechosas de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) para remitirla a las otras instituciones y verifiquen si amerita abrir una investigación. 

"Para que pueda haber una investigación por lavado de dinero primero se deben tener indicios, pero se sabe que la Fundación presentó sus estados financieros por lo que la investigación no procede", explicó Montenegro. 

El experto agregó que la acusación se da cuando la ONG tenía meses de haber cerrado operaciones, por lo que representa una irregularidad porque no hay retroactividad en este delito.  En esa línea coincide el economista y abogado nicaragüense, Enrique Sáenz, quien expone que ninguna ley tiene efectos retroactivos. 

"No hay ninguna investigación sino un burdo montaje. Y, por supuesto, ningún indicio de ilegalidad. Recibir cooperación de gobiernos y agencias de cooperación gubernamental y con los fondos financiar proyectos en cualquier parte del mundo civilizado ha sido una actividad lícita, legal y promovida por los mismos gobiernos", señaló Sáenz. 

E incluso, menciona que organizaciones del Frente Sandinista se han beneficiado con este tipo de proyectos. "Es con la Ley Putin que establecen la penalización a financiación de proyectos con recursos de la cooperación internacional, pero cuando entró en vigencia esa ley ya la Fundación Violeta había cerrado sus operaciones, por consiguiente, ni siquiera esa ley es aplicable", argumentó. 

MIGOB VERIFICÓ ESTADOS FINANCIEROS

Según la Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, establece mecanismos de control para las ONG tanto para sus estado financieros como para las actividades que desarrollan. 

Esta ley también ordena, en su reglamento, que deben mandar los "estados financieros anuales con desgloses detallados de estados de resultados, balance general" entre otros requerimientos similares para poder operar. 

SOBRE EL TEMA: Fiscalía continúa cacería contra periodistas, cita al director de radio Stéreo Romance y gira otra citatoria a Lourdes Arróliga

Esta explicación implica que el Migob verificó la legalidad de la información de la FVBCH requerida por las autoridades en el periodo que señala la acusación (2015-2019) por lo que la valoración de las fuentes consultadas coincide con lo que dicta el marco jurídico aplicado al caso. 

Tanto Sáenz como Montenegro consideran que una verdadera investigación procede cuando hay institucionalidad democrática en el país.  "No procede cuando hay dictadura, peor, cuando los mismos jerarcas del régimen han sido señalados precisamente de operaciones de lavado de dinero", resaltó Sáenz.

Por esta acusación de lavado de dinero contra la extinta FVBCh varios periodistas y directores de medios de comunicación han desfilado por las instalaciones del Ministerio Público en calidad de testigos. 

Sin embargo, varios de estos, una vez de haber comparecido ante la Fiscalía salieron como imputados del caso, lo que a criterio de Montenegro es "una irregularidad más".  "Ningún ciudadano puede ser impedido de comparecer sin su abogado, es irrisorio", señaló Montenegro. 

Otra de las anomalías que ve el exfiscal Montenegro es que mientras se hace un proceso de investigación, no es procedente congelar cuentas particulares como ocurrió con la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.  Por consiguiente, según Sáenz, esta táctica se trata "lisa y llanamente de un montaje de la dictadura dirigido a inhibir a Cristiana Chamorro por el temor de Ortega a una posible candidatura presidencial que unifique a los nicaragüenses y, de paso, intenta acallar a periodistas y medios de comunicación independientes".

El analista político y Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, en este caso y en el contexto que se vive en el país, la Fiscalía funciona como "la sicaria del régimen", alegando que la acusación de lavado de dinero contra la FVBCh es totalmente infundada. 

"No es más que un intento desesperado de Daniel Ortega y Rosario Murillo por comprometer la posición de Cristiana y que no pueda correr como una potencial candidata a la presidencia", señaló Samcam. 

Según el analista, cuando se acusa de lavado de dinero, parte del principio  que las fuentes del dinero que se recibe es ilícita, por lo que considera que "no aplica en este caso porque al igual que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fiscalía, la Policía y el Ejército han recibido plata y asistencia técnica del Gobierno de los Estados Unidos". 

Samcam recordó el caso de las camionetas que habían sido donadas por Estados Unidos a la Policía y que luego fueron regresadas por ser utilizadas para reprimir a la ciudadanía.  "El donante, en este caso es Usaid, entrega el dinero con base a un proyecto financiado, y el que recibe dinero simplemente rinde cuentas al donante; si el donante no está satisfecho por el uso donado a los fondos puede ocurrir como el caso de la Policía que les quitaron las camionetas", explicó Samcam.

Antes esta trama contra Cristiana Chamorro, el Mayor en retiro considera que la Usaid debe emitir un comunicado sobre la acusación en contra de la FVBCh "porque indirectamente acusa de financiar a organizaciones que lavaron dinero".