Dictadura orteguista aumenta violencia política en contexto electoral

La plataforma independiente Urnas Abiertas registró 279 hechos de violencia política del 1 de abril al 15 de mayo en el contexto electoral que vive Nicaragua, de cara a los comicios del 7 de noviembre próximo. Los incidentes se registraron en los 15 departamentos y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

 “Los 259 hechos de violencia política que se cometieron de manera individual o grupal generaron la identificación de 267 víctimas, de estas 63.30% fueron hombres y 36.70% mujeres”, expresa el informe de esta plataforma. Durante abril, observaron un aumento de los hechos de violencia política, lo que, según Urnas Abiertas, responde a un patrón ya que se conmemora el inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018.

El mayor porcentaje de los hechos de violencia en los 45 días del monitoreo fueron hostigamiento (178) seguido de agresión (36), retención (27), amenaza (15) y detención (14). “El 63.80% (178) de los hechos de violencia política que se dieron fueron de hostigamiento, estos realizados en un 86.51% por la Policía Nacional”, señala Urnas Abiertas.

LEA TAMBIÉN: Día de las Madres, entre el recuerdo de la masacre y anhelos de justicia

Managua encabeza la lista de mayor registro de hechos de violencia política (91), le sigue la Costa Caribe Sur (27), Madriz (25), Granada (24) y Masaya (20), lo que es considerado para esta plataforma como un ataque a los liderazgos locales y que el patrón de violencia se mantuvo a pesar de la disminución de las actividades políticas en todo el país.

“Entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de mayo de 2021 se acumula un total de 602 hechos de violencia política”, precisa el monitoreo.

PARCIALIZACIÓN EN EL DERECHO A REALIZAR ACTIVIDADES

En su informe, la plataforma destacó que todas las actividades políticas partidarias de la oposición fueron objeto de hostigamiento o fueron canceladas por las fuerzas policiales, mientras las del partido de Gobierno son resguardadas por los efectivos policiales. Otra característica de este ambiente preelectoral es el uso de bienes del Estado en las actividades partidarias, un aspecto que fue detectado en al menos 12 departamentos del país.

"Hemos detectado en diversas partes del país que se están utilizando edificios del Estado para realizar actividades partidarias, personal del Estado en horas de oficina en actividades partidarias y también el uso de programas sociales en actividades partidarias", señalaron los miembros de la plataforma.

LEA TAMBIÉN: Madres siguen exigiendo liberación de sus presos políticos

El monitoreo además destacó que luego de que el Consejo Supremo Electoral (CSE) dominado por los sandinistas, publicó el Calendario Electoral, marcó una nueva etapa en el actuar de las entidades gubernamentales en la restricción a los derechos ciudadanos y la violación a los derechos humanos. De las primeras acciones que tomaron fue la cancelación de la personería jurídica de los Partido de Restauración Democrática (PRD) y del Partido Conservador (PC).

El PRD era considerado el "vehículo" en el que participaría la Coalición Nacional en las elecciones de noviembre próximo. Dentro de lo que llamaron “una oleada represiva contra los medios de comunicación”, incorporaron la grave situación de la libertad de expresión y prensa en Nicaragua, así como el señalamiento de lavado de dinero que ha hecho el Ministerio Público en contra de Cristiana Chamorro en su calidad de exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y otros varios exfuncionarios de la organización.

Consideran que la cancelación de la personería jurídica al PRD y PC así como la acusación contra Chamorro son las "primeras aplicaciones prácticas de la batería de leyes restrictivas que se habían venido aprobando y modificando pero que hasta la vez no se habían aplicado".

En este proceso de investigación que inició el Ministerio Público, dirigido por la exsubdirectora de la Policía Orteguista la sancionada Ana Julia Guido a petición del Ministerio de Gobernación, han sido citados más de 15 periodistas y directores de medios de comunicación independientes.

“En las afueras del Ministerio Público se han observado hostigamiento, agresiones y retenciones por oficiales de la Policía y paraestatales en contra de las personas citadas y las que llegan a acompañarlas. Estas acciones emprendidas por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, marcadas por violaciones al debido proceso y por violencia política contra medios de comunicación es una continuidad de lo que la comunidad internacional ha señalado que desde abril de 2018 existe “un clima de hostilidad hacia el ejercicio de la libertad de expresión en el país”,concluye el informe.