Unánime condena de la comunidad internacional por arresto de Cristiana Chamorro

El arresto de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro ha elevado la tensión entre el régimen de Daniel Ortega y la comunidad internacional, que de forma unánime han condenado la arremetida contra la principal opositora del país, y que cuenta con altas probabilidades de sacarlo del poder si se celebran elecciones libres, transparentes y observadas, según las encuestas. 

Reino Unido fue el último país en condenar la detención domiciliaria de Chamorro y la investigación por lavado de dinero que abrió la Fiscalía orteguista en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, de la que fue directora. Ya lo había hecho Canadá, Unión Europea y Estados Unidos, este último fue más allá al advertir de más sanciones contra el régimen. La Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos OEA también ha mostrado su rechazo. 

LEA MÁS: Exembajador Julio Icaza Gallard: “Lo que se espera de la OEA son decisiones contundentes”

Londres en un comunicado expresó “preocupación por las inaceptables medidas que están tomando las autoridades de Nicaragua para evitar que la líder de la oposición y posible candidata presidencial Cristiana Chamorro participe en las elecciones presidenciales de noviembre”. “Este hecho es el último de una serie de acciones emprendidas por las autoridades nicaragüenses con la intención de privar al pueblo de Nicaragua del derecho a elegir libremente a sus propios líderes políticos y representantes parlamentarios”, agrega.

Ayer, la Voz de América, citando a Juan González, director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informó que “definitivamente” Estado Unidos planea usar la ley aprobada por el Congreso en el 2018 — conocida como Nica Act —  para presionar a la dictadura. La ley permite imponer sanciones a funcionarios o exfuncionarios nicaragüenses.

González dijo que EE. UU. está en “conversaciones” con gobiernos de Europa y Latinoamérica que ‘comparten la preocupación’ por la situación en Nicaragua, para no “responder de manera unilateral”. “Lo que está pasando en Nicaragua debe ser preocupante para toda la región (…) ni están fingiendo la democracia”, argumentó el asesor del presidente Joe Biden.

Reino Unido lamenta que Ortega no haya implementado las recomendaciones de la OEA para mejorar el proceso electoral con el fin de promover las condiciones democráticas en el país. “En cambio, desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha introducido una legislación que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, socava los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, señaló.

Ante eso, dijo la Administración de Boris Jonhson, que su país junto junto con socios de la comunidad internacional, insta a Ortega a implementar las reformas que acordó con la OEA en 2017-2018 y, “como alta prioridad, a implementar un marco electoral transparente y sólido junto con salvaguardar de conformidad con las normas internacionales antes de las elecciones de este año”.

El plazo venció el mes de mayo, y al contrario Ortega usó a sus diputados en la Asamblea Nacional para impulsar una serie de reformas a la Ley Electoral a su medidas, de igual forma eligió a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) afín a su partido el Frente Sandinista, aniquilando cualquier posibilidad de elecciones libres, observadas y transparentes. 

MÁS SOBRE EL CASO:  Jueza ordena extraer información de equipos electrónicos ocupados a Cristiana Chamorro

Reino Unido aún confía en que Ortega pueda ceder y adopte medidas necesarias para defender los derechos de todos los votantes nicaragüenses a ejercer su derecho al voto libre, seguro y sin interferencia en esas elecciones. “Esperamos que el Gobierno también haga todo lo necesario para garantizar que todos los partidos políticos, sus candidatos elegidos y sus partidarios puedan hacer campaña de manera libre y segura antes de las elecciones, y para garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan operar. sin restricciones e imparcialmente”, manifiesta.

Ortega a través de sus reformas electorales limita que los candidatos de oposición hagan campaña, pues mantiene asedio constante, por otro lado faculta a la Policía decidir sobre las decisiones de los partidos de realizar movilizaciones. La precandidata Chamorro es la primera en ser inhibida, pero el régimen alista la candidatura del candidato por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga. Hasta ahora Ortega ha demostrado nulo interés por los llamados de la comunidad internacional.