Tres semanas después de que el Ministerio Público involucró a medios de comunicación y periodistas independientes en el caso de lavado de dinero abierto en contra de precandidata presidencial Cristiana Chamorro, los fiscales han empezado a señalar a los profesionales de la información de estar infringiendo la Ley Especial de Ciberdelitos, o Ley Mordaza, en un hecho que marca el reinicio de la escalada represiva contra la libertad de prensa.

Así el régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, busca intimidar y criminalizar el ejercicio periodístico que no se pliega al discurso oficial. Este martes los fiscales acusaron a Fabián Medina, editor de La Prensa a cargo de la revista Magazine y el suplemento Domingo, y a Eduardo Henríquez, editor Jefe del rotativo, de publicar noticias falsas, algo que, según la Fiscalía, viola la Ley Mordaza, aprobada por la Asamblea Nacional, en octubre pasado.

Pero es la tercera vez que se vierten advertencias a periodistas citados ante la Fiscalía, el primero en escucharlas fue el periodista Wilfredo Miranda, de la plataforma digital Divergentes, a quien sorprendió que el fiscal, después de un receso durante la entrevista por el caso de Chamorro, con celular en mano leyó artículos, que según el funcionario, mentían y faltaba a la Ley de Ciberdelitos.

“Eso evidencia que el régimen está iniciando la ejecución de esta Ley que es parte de esa estrategia de criminalizar a los periodistas”, advierte el periodista Sergio Marín Cornavaca, directivo de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

Cornavaca reitera que sería una ingenuidad pensar que la Ley de Ciberdelitos fuese una ley decorativa, pues considera que su principal propósito es criminalizar el ejercicio del periodismo independiente: "La dictadura quiere darle indicios de legalidad a lo que es ilegal, porque una ley de esa naturaleza no puede contravenir los principios y conceptos de la Constitución Política como es el derecho de informar", defiende el director del portal informativo La Mesa Redonda. 

Estos hechos se suman a una constante persecución contra periodistas independientes, iniciada en abril de 2018 a raíz de la Rebelión de Abril. En tres años, Ortega confiscó dos medios de comunicación, Confidencial y 100% Noticias, y forzó a El Nuevo Diario al cierre; mató a un periodista y encarceló a dos, mientras ha abierto procesos judiciales a al menos tres hombres y mujeres de prensa por injurias y calumnias.

El informe sobre libertad de prensa de mayo, publicado por el diario La Prensa, señala que en ese mes hubo 31 casos de violaciones, además advierte que el ejercicio periodístico continúa desarrollándose en un ambiente hostil, en el que la cobertura de tema electorales representa mayores riesgos debido a los fuertes despliegues policiales que buscan amedrentar y amenazar a quienes cubren las actividades de los bloques opositores al partido de Gobierno.

Un experto en temas de comunicación que, pidió omitir su nombre por temor a represalias, indica que desde finales del año pasado, cuando la Asamblea Nacional comenzó la aprobación del combo de leyes represivas, como la de los Ciberdelitos, Agentes Extranjeros, la de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, se advirtió que cada una tenía “dedicatoria y destinatarios específicos”.

“Es una desgracia que sea la Fiscalía General de la República la que se está prestando a anunciar lo que podría pasar con medios de comunicación y periodistas que han publicado piezas críticas y que son del disgusto del Gobierno”, manifiesta el experto.

El panorama que viven los periodistas es preocupante, y más cuando están bajo indefensión. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo, hace dos semanas, que temía que “no se haya visto lo peor del régimen orteguista” por lo que se declaró en estado de alerta ante la “nueva escalada de violencia estatal contra los periodistas independientes y contra Cristiana Chamorro”.

En una declaración conjunta, Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, instaron al régimen de Daniel Ortega a “terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas”. Incluso la comunidad internacional ha pedido al dictador cesar la intimidación y persecución de los medios independientes.

NO CLAUDICAR 

Aunque las advertencias de la Fiscalía contra periodistas demuestran que el régimen pretende radicalizar el trabajo de los comunicadores independientes, al intimidarlos por hacer su trabajo, Cornavaca responde que  "el régimen no podrá detenernos ni encarcelando, ni matando".

"Así como Pedro Joaquín Chamorro sigue hablando, así como María José Bravo y Ángel Gahona siguen hablando, la muerte no nos silencia, todo lo contrario, en medio de la muerte es más fuerte la voz de los periodistas", expone con valentía el directivo del PCIN.

En el contexto de represión que atraviesa el país, es muy poco lo que se puede hacer para evitar los ataques del régimen, pero el periodista destaca que lo más importante en este contexto es que no se queden callados. 

La propaganda del régimen acusa a medios de comunicación y periodistas de ser partícipes de un intento de golpe de Estado en su contra, una narrativa falsa cuyo principal objetivo es desacreditarlos, y que sigue el mismo patrón que han sufrido los medios en Venezuela. 

"A pesar de la amenaza de esta ley, los periodistas debemos seguir informando, seguir denunciando las arbitrariedades del poder. Solo nos queda resguardarnos y no caer en provocaciones de personas adeptas al régimen", añade. 

Octavio Enríquez, uno de los periodistas de investigación más destacados del país, al salir de la Fiscalía la semana pasado, dijo que la respuesta del periodismo a la arremetida del régimen es “seguir fiscalizando al poder”.  “Nos tocará escribir la caída de Daniel Ortega”.