Ortega desafía al mundo: reactiva cacería política pese a condenas y amenaza de más sanciones y aislamiento

Daniel Ortega no retrocede. Al rotundo llamado mundial a detener el plan de exterminar a la oposición en Nicaragua ha respondido con la reactivación de capturas nocturnas y amenazas de juicios políticos contra actores de la sociedad civil.

El viernes el presidente de España Pedro Sánchez se dirigió a Ortega y lo instó a jugar limpio: "libere a los opositores y que concurra, en juego limpio y en buena lid, a ese proceso electoral".

Acostumbrado a no dar la cara ni a responder sobre sus acciones, en la noche de este sábado 12 de junio dio la orden de captura contra la activista opositora Tamara Dávila, una de las voces jóvenes más firmes en la demanda de la restitución de derechos y libertades en Nicaragua, por lo cual ahora enfrenta cargos de "traición a la Patria".

Dávila, de 40 años, es sicóloga y tiene recorrido como feminista y activista social, su figura cobró fuerza durante la Rebelión de Abril en el año 2018. En los meses más crudos de la sangrienta represión de las manifestaciones cívicas plantó cara a las fuerzas represoras del orteguismo, fue golpeada, retenida y amenazada. Es parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) desde su fundación y actual miembro del Consejo Político de esa organización opositora integrada en la Coalición Nacional.

OCTAVA OPOSITORA BAJO ARRESTO

Debido a su postura política, Dávila ha sido fichada por el régimen Ortega-Murillo como una traidora a la Patria señalamientos por los que también están presos Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granera, José Pallais y José Adan Aguerri.

En la nota que justifica su detención, la Policía Orteguista dice que es "investigada" por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación , incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”, los mismos cargos formulados contra otros seis encarcelados políticos.

Dávila es la octava líder de la oposición bajo retención carcelaria y la tercera de su mismo grupo político. De momento los siete que enfrentan cargos bajo la cuestionada Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, conocida como Ley de Inhibiciones y puesta en vigor en diciembre de 2020, se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. En las últimas horas, los familiares de Violeta Granera, sacada en la noche del viernes de su casa "en un vehículo no oficial" y sin que se notificara cambio de medida cautelar, lograron confirmar que fue llevada a esa cárcel.

En el caso de Cristiana Chamorro que es señalada de supuesto lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), cumple este domingo once días bajo arresto domiciliar y totalmente aislada. Por este caso también están presos y aislados en El Chipote los extrabajadores de la FVBCh Walter Gómez y Marcos Fletes. Además la juez a cargo del caso ha dictado restricción migratoria e intervención de cuentas contra la corresponsal de Univisión María Lilly Delgado, la periodista María Lourdes Arróliga y el defensor Guillermo Medrano, los dos últimos excolaboradores del organismo.

ORTEGA NO ESCUCHA PEDIDOS, RECOMENDACIONES NI AMENAZAS

Estas detenciones en serie que alcanzas a cuatro aspirantes presidenciales han encendido a su máximo las alertas entre la comunidad internacional, organismos defensores, grupos económicos, académicos e intelectuales y la Iglesia Católica. La mayoría han coincidido en llamados a Ortega a frenar estas acciones que advierten de la ruptura del orden democrático en el país. Además, Estados Unidos tomó acciones y sancionó a otros cooperadores del régimen, entre ellos Camila Ortega, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo; la Unión Europea ha advertido que está en riesgo el Acuerdo de Asociación y la Organización de Estados Americanos (OEA) está convocada de urgencia para abordar la crisis en Nicaragua.

Ortega protesta, tacha de injerencismo e intervencionismo las condenas y advertencias; exige no intervención en asuntos internos y avanza con la cacería de opositores.

“El régimen, por los hechos, pareciera determinado a inmolarse y con él a Nicaragua entera antes que abrirse a unas elecciones que puedan cumplir con los estándares internacionales”, es la lectura que hiciera Julio Icaza Gallard, exembajador de Nicaragua en las Naciones Unidas, antes del apresamiento de Tamara Dávila.

En la sesión especial de la OEA, el próximo martes 15 de junio se sometería a votación un nuevo proyecto de resolución que pide dos informes más sobre la crisis en Nicaragua, antes de convocar a la Asamblea General. El Secretario General, Luis Almagro, ha dicho que la OEA contempla “activar los mecanismos necesarios” para la suspensión de Nicaragua del organismo, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana por considerar que el régimen orteguista “se ha embarcado en los últimos días en una arremetida sin precedentes” contra la oposición en Nicaragua.