El dictador Daniel Ortega parece querer superar a sus pares de Cuba y Venezuela, al tropicalizar en América Latina el modelo que ha aplicado Vladimir Putin para silenciar a cualquier crítico en Rusia. De hecho, Estados Unidos ha dicho, a través del enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, que está preocupado por esa imitación y advirtió que en el continente “no tiene lugar esa forma de distorsión de las leyes o de las reglas del juego democrático”.

No es nuevo decir que Ortega está imitando a Putin, pues desde el año pasado juristas, exdiplomáticos y opositores alertaron por la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos conocida como la “Ley Mordaza”; la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros o la “Ley Putin”; y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o “Ley de Inhibiciones”, todas en detrimento de las libertades públicas y el silenciamiento de la oposición política.

El secretario general de The International Institute for Democracy & Electoral, Kevin Casas, reaccionó este domingo al decir que lo que está haciendo la dictadura de Ortega no se ha visto en América Latina desde hace “mucho tiempo, ni siquiera en Venezuela”. “Si la impunidad gana en Nicaragua, las consecuencias para la democracia en América Latina serán graves. ¿Qué dicen las democracias de la región?”, criticó el experto internacional, tras conocer seis detenciones a líderes de oposición, en el reciente fin de semana.

En Rusia, Putin endureció de 2019 a la fecha la represión a través de leyes que criminalizan a la oposición, activistas sociales y medios de comunicación. El pasado 26 de abril, un Tribunal de Justicia ordenó a petición de la Fiscalía, la suspensión de todas las actividades de la organización política del líder opositor Alexéi Navalni, mientras se resuelve un proceso judicial en el que se le acusa de ser “extremista”, y después, en junio, arrestó a dos disidentes, mientras ejecutó operativos para allanar organizaciones y casas de críticos al régimen soviético, tal como lo ha hecho Ortega en Nicaragua.

Al igual que Ortega en Nicaragua, Putin ha usado a la Fiscalía para acusar a entidades vinculadas a Navalni de “crear condiciones para la desestabilización de la situación social y política y para cambiar los cimientos del orden constitucional, incluso a través del escenario de una revolución de color (levantamientos de Georgia y Ucrania)”, por otro lado incriminan a las organizaciones del opositor de estar “coordinadas por centros extranjeros que llevan a cabo acciones destructivas contra Rusia”. Ortega dice que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado en 2018, y avizora que Estados Unidos apoyará el próximo año otro, sin presentar ninguna prueba.

Pero esa medida en Rusia es el fin de un camino que empezó con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, en noviembre de 2020, por tanto se acusó a la fundación del opositor como “agente extranjero”. Según medios de comunicación, la arremetida contra la oposición se da a pocos meses de las elecciones parlamentarias de septiembre. “Esta elección debe protegerse de cualquier intento de intromisión desde el extranjero. No podemos permitirnos y no permitiremos ningún ataque a la soberanía de Rusia o al derecho del pueblo a ser dueño de su propia tierra”, aseguró Putin, el pasado mes de febrero.

Esa misma narrativa es la que ha usado el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, tanto así que en un documento oficial enviado a las sedes diplomáticas y organismos internacionales aseguró que las detenciones de 15 opositores, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales es parte de “un compromiso con la celebración de unas elecciones generales libres, justas y transparentes”, por lo tanto “Nicaragua debe exigir la no injerencia de cualquier gobierno extranjero”.

La Fiscalía, en manos de Ortega, ha acusado a tres personas, entre ellas la precandidata Cristiana Chamorro, por un presunto lavado de dinero ejecutado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), otros 12 han sido acusados de traición a la patria, entre ellos los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, allanado así el camino de su tercera reelección. A los periodistas, el Ministerio Público los señala de publicar noticias falsas y amenaza con aplicarles la Ley de Ciberdelito.

A directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), del que Juan Sebastián era Director Ejecutivo, les congeló cuentas bancarias, al igual que periodistas que tenían relación con la FVBCh. Las últimas movidas del régimen ha motivado que la comunidad internacional emitiera, la semana pasada, sendos comunicados de condena y demanda por la liberación de los opositores, no obstante, Ortega ha hecho caso omiso, respondiendo con una cacería contra cuadros históricos del sandinismo que formaban parte de la agrupación Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), como la exguerrillera Dora María Téllez y Hugo Torres, dos importantes figuras que rescataton a Ortega en 1974, año en que el dictador Anastasio Somoza decidió encarcelarlo por haber robado a un banco.

La respuesta más contundente provino del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionó a cuatro funcionarios, entre estos Camila Ortega, hija de la pareja dictatorial. Ortega se escuda en que los detenidos son “usurpadores de la oposición que tiene en común su lealtad al Gobierno de los Estados Unidos de América” por lo tanto, reconocen que los investigan bajo la Ley Putin y Ley de Inhibiciones

“Estas leyes en Nicaragua, implementadas por el gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo, muchas veces están comparadas con las que aprobó Putin en Rusia para restringir la actuación democrática legítima, y para tratar de borrar del escenario a los opositores que tienen, en muchos casos, mayor apoyo que el presidente mismo”, dijo la semana pasada Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, en una conferencia de prensa telefónica.

Zúñica cree que Ortega se siente alentado y apoyado por ese modelo ruso. Desde 2018, el régimen usó el aparato represivo (Policía, Ejército y paramilitares) para silenciar a la oposición, y contener las protestas ciudadanas con operativos que dejaron más de 325 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Nicaragua escaló tanto en términos de desvanecimiento del orden democrático que llegó a las puertas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque el tema no logró penetrar con suficiente fuerza por el veto que imponen las potencias aliadas del régimen, como Rusia y China.

Ante la escalada represiva, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión para mañana, mientras que el Secretario General, Luis Almagro, llamó dictadura al régimen a Nicaragua, abriendo paso a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que básicamente sería una expulsión del país. Según exdiplomáticos consultados por DESPACHO 505, esa medida diplomática presionará, pero no frenaría al régimen, pues coinciden en que Ortega está determinado a inmolarse y con él a Nicaragua entera, antes que entregar el poder.

Pero Nicaragua no es Rusia, ni Ortega es Putin.