Dictadura solo admite sanciones de la ONU

La dictadura de Daniel Ortega justificó hoy su escalada represiva con el argumento de defender la soberanía nacional y el Estado de Derecho, además “exigió” que se eliminen las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, Suiza, Inglaterra y la Unión Europea (UE) contra funcionarios del régimen e instituciones del Estado. Sólo admite, dice, las dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“Nicaragua exige que sean eliminadas todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales impuestas a países, instituciones o individuos, reiterando que la aplicación de tales medidas en tiempos de pandemia eleva su ilegalidad al nivel de crimen de lesa humanidad. Las únicas sanciones legales son las dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, señala un documento oficial difundido en órgano propagandístico El 19 Digital y enviado al cuerpo diplomático acreditado en el país.

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En 2018, la represión que desató Ortega contra la oposición llegó al  Consejo de Seguridad de la ONU, sin embargo no logró penetrar con suficiente fuerza por el veto que imponen las potencias aliadas del régimen, como Rusia y China. Ortega desconoce las que pueda tomar la Organización de Estados Americanos (OEA) al decir que “gobiernos”, sin mencionar más que Estados Unidos,  están cabildeando y presionando a los estados miembros OEA con el propósito de aprobar resoluciones que interfieren en los asuntos internos y soberanos de Nicaragua”, dice.

Tal acción de los “gobiernos, dice el régimen, puede considerarse una grave violación de los “propósitos y principios del Derecho Internacional, la Carta Democrática de la ONU y la Carta Democrática Interamericana de la OEA”. Ortega se muestra como víctima de Estados Unidos, pese a que organismos de derechos humanos demostraron que sus fuerzas represivas cometieron crímenes de lesa humanidad al ser responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales y la muerte de más de 325 ciudadanos opositores. 

Las acciones del régimen la enmarca en un “compromiso” con la celebración de elecciones “libres, justas y transparentes” el próximo 7 de noviembre. “En ese sentido, Nicaragua debe exigir la no injerencia de cualquier gobierno extranjero, dado que una opinión o declaración expresada por un gobierno  extranjero, puede afectar la correcta implementación del proceso electoral”, dice. 

La dictadura no escuchó la demanda de la comunidad internacional que pidió reformas profundas al sistema electoral para garantizar unos comicios con estándares democráticos, al contrario se hizo del control del Consejo Supremo Electoral (CSE) y orientó a la Asamblea Nacional la aprobación de una reforma electoral a su medida. Por si fuera poco, ha acorralado a la oposición, quitando la personería jurídica al Partido Restauración Democrática (PRD) en el que participaría la Coalición Nacional, además ha encarcelado a cuatro precandidatos presidencial y líderes de la oposición, a quienes la Fiscalía ha abierto procesos por lavado de dinero y traición a la patria. 

“En referencia a la investigación en curso del Ministerio Público contra personas que están siendo acusadas por los delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa, el Gobierno de Nicaragua considera que una investigación exhaustiva realizada sin interferencia de actores nacionales o extranjeros, y que produzca un veredicto justo, es el único resultado que puede contribuir a la paz, la reconciliación, el Estado de Derecho y la democracia en Nicaragua”, dice.

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Agrega que Nicaragua es un país “buen vecino y miembro digno de la comunidad internacional”, por tanto “no representa una amenaza para ningún país del mundo, por el contrario, Nicaragua siempre ha tenido como objetivo establecer relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación”. Estados Unidos consideró en 2018 que Nicaragua es una amenaza para su “seguridad nacional”, mientras gobiernos de la región advirtieron que la represión del régimen podría desencadenar otra de migración irregular.

Por otro lado, la comunicación del régimen, cataloga como usurpadores a los líderes de la oposición y los acusa, sin pruebas, de ser leales al Gobierno de los Estados Unidos  al “recibir millones de dólares” con el objetivo de derrocar a “Ortega”. “Algunas personas que no se han registrado o no han sido seleccionadas como candidatas presidenciales de ningún partido político, han estado afirmando falsamente representar a la "verdadera oposición de Nicaragua", socavando los esfuerzos de los partidos políticos y tratando de descalificar a cualquier posible candidato que pueda surgir”, dice.