Régimen mantiene incomunicados a presos políticos, no pueden ver ni a sus abogados

Sobre el estado en que se encuentran 16 opositores, incluyendo cuatro precandidatos presidenciales detenidos en los últimos 30 días en Nicaragua hay más preguntas que respuestas. Quince están detenidos en el complejo policial Evaristo Vásquez, conocido como “el Nuevo Chipote”, en Managua.  

Todos los días sus familiares peregrinan al lugar con la esperanza de poder verlos, pero no se los permiten. Tampoco han podido entregarles alimentos, solo agua y, a veces, medicina.  

Sus abogados hacen reiterados intentos por poder verlos, recurren a argumentos legales ante la Policía, interponen recursos de exhibición personal en los juzgados y denuncian las violaciones ante los medios de comunicación. Pero con el régimen eso nada funciona.  

Desde el 2 de junio la precandidata presidencial Cristiana Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliar. Es investigada por supuesto lavado de dinero mientras fungía como presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Marcos Fletes y Walter Gómez, sus extrabajadores, están detenidos en “el nuevo Chipote”.  

A esas celdas han ido llegando también precandidatos como Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.  En una operación sin precedentes para la oposición política en Nicaragua, también han sido encarcelados Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Pallais y Tamara Dávila.  

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Ana Margarita Vigil, Suyén Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y Dora María Téllez, miembros del partido Unamos, antes MRS, cumplen este domingo una semana detenidos.  

También ha sido el presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas Anduray, investigado por supuesta gestión abusiva, el consentimiento de maquillaje de estados financieros en Funides y realizar “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua”.  

FAMILIARES RECLAMAN VERLOS 

Ana Lucía Dávila, hermana de Támara Dávila, arrestada el pasado sábado se muestra preocupada. En una semana no ha conseguido verla y tampoco le han permitido el ingreso de alimentos.  

“Ellos hacen un combo de violaciones a las legislaciones, cuando yo le dije eso, el policía me respondió, porque les hice un conjunto de cuestionamientos no solo relacionado con la alimentación, sino con el derecho a tener una reunión con su abogado y que la podamos ver, me dijo que ´las leyes de Nicaragua no aplican en El Chipote´”, asegura Ana Lucía. 

En una carta pública difundida este sábado, Pinita Gurdián madre de Ana Margarita Vigil y abuela de Tamara Dávila, se muestra preocupada porque a través de presas políticas que han sido excarceladas se han conocido testimonios de torturas psicológicas y hasta violaciones, aislamiento completo y terribles condiciones carcelarias. 

“No permiten que nadie las vea, ni su abogada.  Para todo fin, mientras no las podamos ver, su estado legal es de desaparecidas. Tampoco permiten pasarles comida sólida, solamente permitieron pasar artículos de higiene, agua y galletas”, escribió.  

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Desde el exilio en Estados Unidos, Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga sigue demandando al régimen una prueba de vida y conocer en detalle el estado de salud en que se encuentra el detenido.  

“Hoy mi esposo Félix Maradiaga lleva 11 días secuestrado y desaparecido por el régimen de Ortega en Nicaragua. No tenemos noticias de su integridad física y ubicación actual”, dice. 

AUDICENCIAS SECRETAS 

A todos los detenidos el régimen de Daniel Ortega a través de la Fiscalía los investiga por contar con “fuertes indicios” de que, supuestamente, han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo.  

El régimen justifica su actuar según lo dispuesto en la Ley 1,055, “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, con la que se otorga la facultad de declarar “traidores a la patria” a quienes “piden o aplauden” sanciones contra el Gobierno de Nicaragua y sus ciudadanos.   

El Poder Judicial ha dictado para todos 90 días de prisión a través de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha calificado como “audiencias secretas”.  

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Esas audiencias denominadas de “garantías constitucionales” se han realizado sin representación legal, incluso “en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua”, denunció el organismo. La CIDH también ha conocido sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados. 

Conforme a la información recibida, la CIDH advierte además que, el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, “debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas”.