HRW pide intervención de la ONU y declarar a Ortega como una amenaza para la seguridad internacional

Human Rights Watch (HRW) pidió este martes redoblar la presión internacional al régimen de Daniel Ortega mediante sanciones, e instó a la ONU a "interesarse" y tener un rol más activo para frenar la “campaña de violencia y represión" que ha emprendido Daniel Ortega contra líderes de la oposición y periodistas cuando faltan cinco meses para las elecciones generales en las que pretende una reelección.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

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En el caso específico de la ONU dijo que es necesario que el el Secretario General, António Guterres, "potencie las acciones y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad" porque considera que la situación de Nicaragua debe ser abordada por ese órgano como una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

NICARAGUA COMO AMENAZA PARA LA PAZ Y LA SEGURIDAD

En concreto, HRW solicita al secretario general de la ONU que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas "para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, como una crisis de proporciones cada vez mayores que involucra graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región.

Estrictamente hablando el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas solo ha sido invocado en tres ocasiones (1960, 1979 y 1989), ya que los secretarios generales de la ONU suelen acudir a avisos informales para llamar la atención del Consejo de Seguridad.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco de que puedan votar ni postularse para cargos públicos, si el gobierno los percibe como críticos”, explicó Vivanco.

PRESIONAR MEDIANTE SANCIONES

Asimismo, HRW pide a miembros del Consejo de Seguridad incluir la crisis de Nicaragua en su agenda e implementar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

También solicita a EE.UU., la Unión Europea (UE), Canadá y América Latina que impongan o mantengan sanciones contra altos cargos del régimen nicaragüense, incluido Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como miembros de su Ejecutivo y de las fuerzas de seguridad.

“Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”, advierte Vivanco al señalar que en Nicaragua todos los derechos y libertades han sido reprimidos.

DETENCIONES PARA ELIMINAR COMPETENCIA

HRW presentó este martes un informe de 39 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la ola de arrestos de opositores y críticos al régimen de Ortega, que tan solo en las últimas 24 horas alcanzó a los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora y a la exdiputada María Fernanda Flores de Alemán, para un total de 19 encarcelamientos de figuras relevantes de la oposición.

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El organismo cree que los arrestos de alto perfil forman parte de una estrategia para "eliminar la competencia política", reprimir a la disidencia y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo en las elecciones convocadas para el 7 de noviembre del presente año.

Entre el 2 y el 21 junio el Ministerio Público ordenó detener e iniciar procesos penales contra los cinco aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora.

También han sido arrestados los históricos exguerrilleros sandinistas disidentes Dora María Téllez, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, el expresidente de la principal patronal del país José Adán Aguerri; el presidente ejecutivo del Banpro Luis Rivas Anduray; las activistas opositoras Violeta Delgado, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil; el jurista José Pallais, y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez y Marcos Fletes.

"La reciente ola de arrestos y persecución ha sido posible gracias a nuevas leyes represivas que violan las garantías al debido proceso establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos, y que están siendo utilizadas para disuadir la crítica, dar una apariencia de legalidad a detenciones arbitrarias y mantener a críticos encarcelados para impedir su participación política", indicó el organismo.

EL INFORME

El informe de HRW fue elaborado entre enero y junio de 2021 y lleva el título de "Arremetida contra críticos en Nicaragua: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones".

La ONG entrevistó a 53 personas, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos "que han sido víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias". Además de las fuentes documentales sobre los casos reportados, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades nicaragüenses, "pero no ha recibido una respuesta".

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En concreto, los entrevistados denunciaron que policías y militares hicieron guardia delante de sus viviendas para impedirles salir, algunos durante meses, en circunstancias que constituyen detención arbitraria a juicio de HRW, quien documentó tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su arresto.

Las elecciones del 7 de noviembre serán las primeras desde que las protestas sacudieran Nicaragua en 2018, una crisis que dejó cientos de presos, muertos o desaparecidos, así como más de 103.000 personas en el exilio, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

*Con información de EFE