Bachelet pide a la ONU activar todas las medidas a su alcance ante el acelerado deterioro de los DD.HH en Nicaragua

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet elevó este martes un pedido urgente al Consejo Derechos Humanos de la ONU para que considere hacer uso de todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección los derechos en Nicaragua, incluyendo la rendición de cuentas de los responsables de esas violaciones así como la derogación de las leyes restrictivas de los espacios democráticos.

En la presentación de su informe de actualización sobre la situación de Nicaragua, en Ginebra, Bachelet denunció un "preocupante y acelerado deterior de derechos humanos" en el país, que aleja la posibilidad de elecciones libres y transparentes en los comicios convocados para el 7 de noviembre próximo.

"Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la situación de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (...) pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", dijo.

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La expresidenta chilena advirtió un "escalamiento de la persecución selectiva", refiriéndose a las 19 detenciones de opositores registradas entre el 18 de mayo y el 21 de junio, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia de Nicaragua, quienes enfrentan cárcel. Señaló que "sus detenciones bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales ”.

Asimismo, la Alta Comisionada mostró especial preocupación por situación de las mujeres lideresas y los adultos mayores privados de libertad en la escalada represiva contra la oposición y a quienes no se les respetan sus derechos humanos.

Explicó que estas detenciones de figuras disidentes están basadas en "investigaciones penales" que se fundamentan en dos leyes adoptadas en julio de 2018 y en octubre de 2020, respectivamente. La Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y la Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. "Mi Oficina y varios mecanismos especiales de este Consejo ya habían advertido que estas leyes podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo”, recordó.

CLIMA DE TEMOR

También reportó que contra los opositores detenidos las autoridades han comenzado a emplear la reciente reforma del Código Procesal Penal que legalizó encarcelarlos hasta por 90 días en calidad de "investigados", en lugar del término constitucional de 48 horas. Bachelet reconoció que en el caso de los aspirantes a cargos de elección popular "esta situación les impediría competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia".

Durante su exposición, Bachelet expuso la persistencia de acciones represivas generalizadas como detenciones arbitrarias de víctimas y sociedad civil por intentar protestar en espacios públicos; hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, entre otras acciones represivas que imponen un "un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo".

Bachelet instó a Nicaragua a realizar "un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando en el contexto electoral" lo que conlleva como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático, enumeró.

Además, reiteró el pedido a Daniel Ortega de que permita el regreso de una misión de su Oficina al país, así como de otros mecanismos de derechos humanos como la CIDH, "a fin de contribuir a que se supere la crisis que vive el país".