Familiares de presas políticas de Unamos denuncian falta de información en el Poder Judicial y exigen verlas

Tamara Dávila, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Dora María Téllez cumplen este martes 15 días de estar detenidas y señaladas por el régimen de Daniel Ortega de supuesta "traición a la patria". Todas son parte de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista. Hasta hoy sus familiares y abogados no han podido verlas y, pese a reiterados intentos, tampoco no han accedido a los expedientes judiciales.

Ana Lucía Dávila, hermana de Tamara, indica que sus abogados han introducido recursos de exhibición personal por lo que consideran una detención ilegal y arbitraria, pero el Tribunal de Apelaciones no dio lugar.

Luego de varios intentos de acceso a la información en la Defensoría Pública lograron obtener el número de los expedientes judiciales, pero los archivos "al día de hoy están ocultos en el sistema del Poder Judicial", denuncia.

También señalan al régimen de pretender dejar en la indefensión a las detenidas al asignarles defensores de oficio controlados por el orteguismo, por lo que solicitaron el cambio de defensa.

"Ya se personó la abogada en el caso de Tamara, Dora, Ana, Suyén. La abogada ya introdujo recursos para que nos faciliten el expediente de la audiencia que no lo tenemos porque se nos está negando y toda la información que tiene el Sistema Judicial", insistió Ana Lucía Dávila.

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Solicitaron un oficio para que Medicina Legal haga una valoración sobre el estado físico de las detenidas. Demandaron también una audiencia privada con su abogada y el acceso a visitas familiares que hasta ahora han sido negadas.

LAS ACUSACIONES

La detención de las opositoras ocurrida el pasado 12 de junio, en el caso de Tamara Dávila, integrante de la Coalición Nacional; y al día siguiente en el caso de Suyén, Ana Margarita y Dora María; se dio bajo la cuestionada Ley 1055, "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz".

El régimen de Daniel Ortega, a través del Poder Judicial, dictó 90 días de detención judicial para las detenidas. La Policía Orteguista al informar los arrestos las señaló de realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de Nicaragua".

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Según el régimen han incitado públicamente en foros nacionales e internacionales a la injerencia extranjera en los asuntos internos, proponiendo o gestionando bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país. Asimismo, son señaladas de haber demandado, exaltado y celebrado la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Bajo estos mismos cargos están detenidos al menos 21 líderes opositores, aspirantes presidenciales, empresarios y periodistas a menos de cinco meses de las elecciones.

Como parte de esta ola de detenciones que lleva a cabo la Policía están bajo arresto Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. También han sido arrestados José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); Violeta Granera, el banquero Luis Rivas, el periodista Miguel Mendoza; Walter Gómez y Marcos Fletes, exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quienes cumplieron más de 30 días de arresto y el exdiputado liberal Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Bajo arresto domiciliario se encuentra la exprimera dama y exdiputada María Fernanda Flores.