El exreo político de Boaco Julio José Ampié Machado vendió su casa y todo lo que tenía para intentar reiniciar su vida en Estados Unidos. El asedio policial que sufría desde que recobró su libertad en 2019 lo estaba hundiendo. Sin ver más salida a su situación, el pasado 10 de junio, junto a su esposa Maribel Chavarría y sus hijos Julio y Javier, de 16 y 4 años; empacó algunas piezas de ropa y emprendió el viaje. Habían avanzado por tierra hasta México, pero cayeron en manos del Cartel del Golfo que exige 20 mil dólares para dejarlos libres.

Su mamá, Antonia Machado González, relató a DESPACHO 505 que Julio y su familia se encontraban en la habitación de un hotel de Reynosa, ciudad del Estado de Tamaulipas, en el noreste de México, colindante con Estados Unidos, a la espera de un guía de migrantes que los asistiría en el cruce por el río Bravo.

“Tengo entendido que un grupo de hombres llegó al hotel en horas de la noche y al ver que la puerta de la habitación donde estaba mi hijo con su pareja y mis dos nietos estaba abierta, ingresaron y se los llevaron secuestrados", dice su madre. El secuestro ocurrió el 3 de julio y al día siguiente los malhechores que se identificaron como integrantes del peligroso cartel mexicano los contactaron vía telefónica para exigirles un pago 22,200 dólares "a cambio de la liberación”.

La familia había decidido afrontar en privado la grave situación y "desesperadamente" comenzaron a buscar el dinero para pagar el rescate, pero al ver que recolectar la suma exigida como rescate decidieron pedir apoyo.

“Nosotros somos una familia pobre y al ver que era imposible recolectar esa cantidad de dinero decidimos dar a conocer públicamente la difícil situación que estamos viviendo, para solicitar a las personas que nos ayuden a reunir el monto que nos están pidiendo a cambio de la liberación”, manifestó la señora.

"VENDÉ LO TUYO PORQUE YO NO TENGO NADA"

Jorge Ampié, hermano del expreso político, es la última persona con la que se ha comunicado. “Hermano buscá como vender lo que querás, buscá cómo vender de lo tuyo, porque yo no tengo nada allá, empeñalo, Dios quiera que salga de esta y voy a ver en qué forma te pago, buscá ayuda, porque de aquí no hay forma que me suelten, ya me dijeron, a menos que pague el rescate”, le suplicó por teléfono el miércoles de esta semana.

Jorge comenta que son gente de campo y para reunir los 22,200 dólares que exige el Cartel del Golfo ya vendieron los pocos bienes de la familia y han “empeñando hasta lo que no tenemos”.  

“Mi mamá quería vender una casita en Boaco, donde vive ella y yo creo que al rato la vamos a tener que empeñar”, dijo, al contar que amigos de la familia en Estados Unidos y España también están buscando ayuda. El periodista Raúl Nicaragua, quien se encuentra en Estados Unidos y conoce al expreso político desde 2014 es parte de las personas que de manera voluntaria han comenzado a recaudar dinero para pagar el rescate.

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La familia del excarcelado está todo el tiempo sometida a la presión de los secuestradores que les exigen que realicen depósitos parciales o de lo contrario no les darán alimentos. Hasta este jueves habían logrado reunir dos mil dólares y se los entregaron con la esperanza de que respeten su integridad física.

Jorge revela que los secuestradores les exigen el dinero constantemente. "Necesitamos que deposités, "No se van hasta que no paguen el rescate, sino esto se va a poner más feo para ellos", "Quién sabe si los volvés a ver, si te interesa tu familia tenés que moverte”, son algunas frases que ha escuchado de los mafiosos.

DE PROMOTOR DE DD.HH. A EXPRESO POLÍTICO

En 2018, Julio José Ampié Machado era promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Boaco. Fue herido por las turbas orteguistas en la comunidad de El Quebracho, Boaco, el 25 de mayo del 2018, y cinco días después fue capturado por la Policía. Posteriormente el régimen lo acusó de varios delitos y recibió una condena de 10 años de prisión. El 20 de mayo del 2019 fue excarcelado junto con otros dos presos políticos.

Según Jorge, cuando Julio estuvo preso su familia gastó un “montón de reales”. Desde que fue dejado en libertad, las deudas lo estaban ahogando, intentó solventarlas vendiendo unas vacas que tenía, pero el asedio de la Policía Orteguista le impedía salir a flote.

“Entonces tomó la decisión de irse para allá (Estados Unidos) con su familia. Vendió todo, él me platicó antes de irse que el coyote le estaba cobrando 18 mil dólares por irlo a cruzar al otro lado”, cuenta su hermano.

Agrega que esta era la segunda vez que Julio se veía forzado a salir del país. Después de salir de prisión en el año 2019 se refugió en España, pero regresó a Nicaragua debido a la situación económica en aquel país.

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PERSEGUIDOS POLÍTICOS SON FORZADOS AL EXILIO

El abogado Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explica que los nicaragüenses perseguidos políticos por el régimen de Daniel Ortega que se ven obligados a abandonar el país de manera irregular se exponen a riesgos como tráfico de personas, robo, asaltos y persecución de las fuerzas fronterizas.

“Ratifica que la población refugiada, desplazada forzada migrante, son parte de las poblaciones vulnerabilizadas ya que los derechos humanos son violentados, no solo del país de donde están huyendo, sino que en algunos casos del país donde van a pedir refugio”, señala Abarca.

Añade que los procesos para pedir asilo o protección internacional son burocráticos y pueden durar varios años, una situación que se ha complicado más por la pandemia del Covid-19.  El organismo de derechos humanos exigió el cese de la represión y la protección de los ciudadanos nicaragüenses que se encuentran en condición de migrantes, asilados, o solicitantes de refugio en varios países del mundo.

108 MIL NICARAGÜENSES HAN PEDIDO PROTECCIÓN INTERNACIONAL

De acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre abril del 2018 y diciembre del 2020 al menos 108 mil nicaragüenses solicitaron protección internacional en diferentes países del mundo comenzando por Costa Rica, luego está Panamá y México.

La protección internacional es la condición que se le brinda a personas refugiadas que no pueden regresar a sus países por temas de persecución política, raza, religión, étnica entre otros factores.

“El derecho principal y fundamental de una persona reconocida como refugiada es la no devolución a un país donde su vida y su integridad física pueden correr peligro”, recuerda Sibylla Brodzins, oficial regional de comunicaciones e información pública en entrevista con DESPACHO 505.

Brodzins señala que en lo que va de 2021 ACNUR registra un notable incremento en el números de ciudadanos nicaragüenses que piden cita para solicitar refugio en Costa Rica. La cifras han vuelto a alcanzar los niveles de antes de la pandemia del Covid-19, un promedio de 4,000 peticiones por mes.   

La agencia de Naciones Unidas reconoce que en “Nicaragua, la persecución política y las violaciones a los derechos humanos han provocado una nueva ola de desplazamiento a gran escala”.

La funcionaria de Acnur explicó que Costa Rica ha acogido a los miles de nicaragüenses que llegan en busca de refugio y por medio de un acuerdo han identificado a unos 10 mil connacionales con necesidades médicas críticas, y que ahora tienen una cobertura en salud con el Seguro Social de Costa Rica.