CIDH preocupada por ataques de Murillo en contra de periodistas y médicos

La Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  expresó su preocupación por los constantes ataques de la vicedirectora Rosario Murillo en contra de periodistas y médicos independientes que cuestionan el manejo de la pandemia de coronavirus.

Murillo dijo que los periodistas “cantan malignidades” al hablar sobre las cifras del avance de la pandemia. Sobre las declaraciones de la Murillo, la Relatoría recordó que los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.

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“Exhortar al Estado de Nicaragua a reconocer y proteger la labor de todo el personal médico, absteniéndose de cualquier acción o conducta que ponga en riesgo su integridad y libertad u obstaculice sus funciones, especialmente necesarias en contexto de la pandemia”, reza el comunicado.

Murillo advirtió esta semana a los periodistas no oficialistas de estar publicando “noticias falsas” sobre temas de salud, con información de “falsos médicos y con falsos pronósticos”, lo cual está penado en la Ley Especial de Ciberdelitos. “Falsos médicos, con falsos pronósticos, con falsas encuestas: noticias falsas”. 

“Ya los hemos dicho, medios de comunicación que nosotros (Gobierno) llamamos chachalacos (aves bulliciosas), urracas parlanchinas, que se dedican a cantar únicamente malignidades, y bueno, reiteramos, todo se paga en la vida, ayer decíamos: nadie es eterno, la vida de los seres humanos es de tránsito”, dijo Murillo, esposa de Daniel Ortega.

La controvertida Ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por la prensa no oficial nicaragüense, y que entró en vigor el 30 de diciembre de 2020, establece penas de uno a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.

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La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La ley contiene 25 definiciones, sin embargo, según advierten sus críticos, no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (“fakenews”) e información tergiversada.

Es decir, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).