Estados Unidos revoca visado a 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega

El Departamento de Estados de Estados Unidos impuso este lunes una restricción de visado a un centenar de funcionarios del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua "por permitir ataques a la democracia y los derechos humanos".

La sanción fue confirmada por el secretario de Estado, Antony Blinken, en su cuenta de Twitter.

"Hemos impuesto restricciones de visado a 100 miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares, que promovieron el asalto a la democracia del régimen de Ortega-Murillo. Seguiremos utilizando herramientas económicas y diplomáticas para apoyar la democracia nicaragüense", indicó.

Según el funcionario estadounidense, esta acción demuestra que su país "promoverá la rendición de cuentas no solo de los líderes del régimen, sino también de los funcionarios que permiten los ataques a la democracia y los derechos humanos". La lista de funcionarios a quienes se les suspense su visa a Estados Unidos no ha sido divulgada.

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LAS CAUSAS

En el contexto de la crisis de Nicaragua, la política de restricción de visados del Departamento de Estados se aplica a los funcionarios nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos, así como los familiares directos de dichas personas.

"En concreto, las personas a las que se dirige la acción de hoy han contribuido a posibilitar los ataques del régimen de Ortega-Murillo contra la democracia y los derechos humanos, entre otras cosas mediante", señaló el Departamento de Estado.

Entre los motivos de esta sanción se encuentra la detención de 26 opositores políticos y actores prodemocráticos, incluidos seis aspirantes a la presidencia, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y otros actores políticos.  

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Estados Unidos también consideró la aprobación de leyes represivas, como la reforma a la Ley Electoral, una ley de "ciberdelitos", una ley de "agentes extranjeros" y una ley de "soberanía", “que han servido para restringir y criminalizar la expresión, la disidencia y la participación política”.  

El tratar de acosar y silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes y socavar las instituciones y los procesos democráticos en Nicaragua también se tomó en cuenta.  

“Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas que tiene a su disposición para presionar por la liberación de los presos políticos y para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses por una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”, concluyó Blinken.