Estados Unidos aprieta tuercas a Ortega

En más de un mes, Estados Unidos ha respondido con contundencia a los desmanes autoritarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo que elevaron la represión a precandidatos presidenciales de la oposición al encarcelarlos bajo delitos de “traición a la patria”. El país norteamericano anunció este lunes la suspensión de visas a 100 funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial, una medida que se convierte en la más reciente, después que el pasado 9 de junio sancionara a cuatro altos funcionarios, entre ellos la hija de la pareja dictatorial, Camila Ortega Murillo, como respuesta a la escalada de represión a menos de cuatro meses de las elecciones generales de noviembre próximo.

“Continuaremos utilizando herramientas económicas y diplomáticas para apoyar la democracia nicaragüense”, advirtió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Este lunes, Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.  dijo que  “vamos a seguir con más acciones contundentes”. “Las acciones de hoy son contundentes e importantes porque miran hacia las personas que están apoyando la represión en Nicaragua, pero no es la última acción que vamos a tomar”, agregó tras conocerse la suspensión de las visas a funcionarios de la dictadura. 

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De cara a las elecciones generales de noviembre próximo, y con claras intenciones de eliminar la competencia, Ortega ha recrudecido la represión amparándose en leyes como la de Agente Extranjeros y la Inhibiciones. Ha arrestado a 24 líderes de la oposición y dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Entre los aspirantes presidenciales secuestrados están Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Arturo Cruz.

Pese a los llamados de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, Ortega se ha empeñado más bien en encarcelar a cualquiera que pueda hacerle sombra. Este lunes citó ante la Fiscalía de la República a la catedrática María Asunción Moreno, que días antes había expresado su interés de competir en el proceso de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana, que lidera el partido Ciudadanos por la Libertad. 

Tampoco hizo caso al llamado de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos de impulsar reformas electorales que garantizaran un proceso electoral transparente, creíble y observado. “En el contexto de la crisis de Nicaragua, la política de restricción de visados del Departamento de Estados se aplica a los funcionarios nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos, así como los familiares directos de dichas personas”, dijo el Departamento de Estado.

En junio pasad, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Camila Ortega Murillo, hija de Daniel Ortega y Rosario Murillo; el jefe de la bancada sandinista, diputado Edwin Castro; el presidente del Banco Central Ovidio Reyes, y el general del Ejército de Nicaragua Julio Rodríguez Balladares.

La sanción de Estados Unidos fue una respuesta a la negativa de Ortega de frenar las violaciones sistemáticas de los derechos ciudadanos y a su incumplimiento de la demanda de garantías para celebrar elecciones observadas, libres y transparentes el 7 de noviembre. Por el contrario, amparado en el control del aparato estatal, Ortega creó leyes represoras, reformó a medida la Ley Electoral, se apoderó del Consejo Supremo Electoral, anuló a partidos políticos y ha comenzado a encarcelar a aspirantes presidenciales y actores políticos que le son incómodos.

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A las medidas de presión se ha sumado el Congreso de Estados Unidos que dio luz verde a la Ley Renacer y que de ser aprobada sacaría a Nicaragua del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El proyecto de ley fue aprobado el 23 de junio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y para que se convierta en ley deberá ser aprobado por el pleno del Senado y, posteriormente, ser enviada a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden.  

El senador republicano Marco Rubio explicó tras la aprobación de la ley, respaldada también por los demócratas, impone nuevas sanciones a individuos del régimen de Ortega y al mismo tiempo “empieza una investigación sobre las finanzas de los individuos de las Fuerzas Armadas de Nicaragua que tienen bienes invertidos en los Estados Unidos”.

En la Ley Renacer se contempla la aplicación de más sanciones al régimen de Daniel Ortega, que incluye a su familia, miembros de la Policía, el Consejo Supremo Electoral y también el Ejército de Nicaragua.  Para eso el secretario de Estado y el secretario del Tesoro desarrollarán e implementarán una estrategia coordinada para alinear los esfuerzos de participación diplomática con la implementación de sanciones específicas.  

Estas medidas, indica la Renacer, se tomarán “a fin de apoyar los esfuerzos para facilitar las condiciones necesarias para elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.  Adicionalmente, la ley requeriría un incremento en los informes de inteligencia sobre las actividades de Rusia en el país centroamericano, incluyendo las ventas de armas que pudieran ser sancionables bajo la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos a través de Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés). Pese a las medidas adoptadas, Ortega sigue desafiando a la Casa Blanca.