FSLN hace propaganda con bienes del Estado y viola Ley Electoral, denuncia Urnas Abiertas
El observatorio de Urnas Abiertas denunció que el régimen de Daniel Ortega mantiene bajo control a los trabajadores del Estado, incluso les revisas sus celulares.


- julio 15, 2021
- 09:34 AM
- Despacho 505
- Copyright Despacho 505
La plataforma Urnas Abiertas señaló este jueves que el partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), utiliza los bienes del Estado para realizar actividades partidarias de cara las elecciones generales del 7 de noviembre, donde el dictador Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.
El observatorio de Urnas Abiertas recibió reportes de todo el país donde participaron al menos 23 entidades públicas.
“Lo anterior, comprueba la magnitud del nivel de influencia que posee el partido de gobierno, tanto en las instituciones del Estado, como en el proceso electoral, dado que mientras se realizan actividades propagandísticas que pueden interpretarse como una forma de campaña electoral, el Gobierno recluye a las principales figuras de liderazgo opositor en las cárceles”, manifestó el observatorio.
MÁS NOTICIAS: CSJ admite recursos contra leyes represivas y pide informe a Ortega y Porras, pero ¿cuál es el alcance?
Además, señalan que no existen “controles legales o administrativos a las acciones irregulares del FSLN en un período supuestamente electoral” y para ellos confirma que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no tiene capacidad para “administrar el actual proceso electoral”.
LEY ELECTORAL PROHÍBE USO DE BIENES PÚBLICOS
Uno de los acápites del artículo 94 de la Ley Electoral indica que está "prohibido" el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política. En las oficinas públicas tampoco puede hacerse proselitismo político.
Además, el informe de Urnas Abiertas denuncia que es una "práctica habitual" del régimen de Ortega, desde que tomó posesión en el 2007, de usar "recursos del Estado para realizar proselitismo político y no sólo contraviene la legislación nacional e internacional, sino que constituye una grave anomalía para el proceso electoral en desarrollo".
Urnas Abiertas es una iniciativa ciudadana que está conformada por un equipo de profesionales de diferentes disciplinas que tiene como objetivo darle seguimiento al proceso electoral del próximo 7 de noviembre en Nicaragua.
MÁS NOTICIAS: ACxL, debilitada y sin líderes de peso, se empeña en seguir en el proceso electoral, mientras aumenta el llamado a un boicot
En su quinto informe, el organismo indicó que la Policía, además de ser el brazo represivo del Ejecutivo, ha encabezado caravanas en distintas regiones del país, en lo que el partido de gobierno ha denominado “Diana Bienvenida Julio Victorioso 42/19”, lo cual confirma la "partidarización" de la institución.
"El establecimiento de las “Unidades de Victoria Electoral” (UVE) en instituciones públicas, barrios y municipios contribuye a las estrategias de control social del Gobierno", explica el informe.
Según el Calendario Electoral, que mandó a publicar el mismo CSE, la campaña electoral arranca oficialmente el 21 de agosto y concluye el 3 de noviembre, pero según Urnas Abiertas "desde diferentes instituciones se están realizando actos partidarios en la ejecución de programas gubernamentales".
VIGILANCIA A EMPLEADOS PÚBLICOS
Otro de los controles que realiza el régimen de Daniel Ortega es con los trabajadores del Estado que están amenazados, vigilados, y los obligan a participar en actividades partidarias y electores del partido sandinista.
“Según los reportes ciudadanos y denuncias anónimas recibidas, las y los funcionarios públicos están siendo obligados a participar en capacitaciones electorales, a dar aportes económicos al partido FSLN que pueden rondar de los 30 a los 2,500 Córdobas, a dedicar horas no laborales a actividades del partido, a solicitar su carnet de militantes del FSLN”, señaló el organismo.
Además, Urnas Abiertas indicó que han recibido denuncias de que los empleados públicos tienen que mostrar sus equipos electrónicos para que les revisen sus redes sociales y deben de reportarse a los secretarios políticos de sus centros de trabajo y barrios.
“En algunos casos se verificaron despidos arbitrarios, y en otros casos cuando no son despedidas las personas trabajadoras del Estado indican haber recibido amenazas y han preferido exiliarse para preservar su vida, integridad y libertad”, denunció en su informe.