La Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo control absoluto de Daniel Ortega, decidió esta semana admitir recursos por inconstitucionalidad contra un combo de leyes represivas aprobadas por la Asamblea Orteguista, a finales del año pasado e inicios de este. Los expertos ven en esta decisión, una movida más de Ortega para mantenerse en el poder y confundir a la comunidad internacional.

No es la primera vez que el Supremo admite este proceso sin que lo resuelva. En 2013, llamaron al dictador Ortega y al fallecido presidente del Parlamento, René Núñez, como responsables de los órganos que aprobaron, sancionaron, promulgaron, mandaron a publicar y comenzaron a implementar la Ley 840 “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”, tras 17 recursos interpuestos por ciudadanos de diferentes departamentos del país.

Por lo tanto, la posibilidades de que la Corte declare inconstitucionales las leyes de Ciberdelitos, de Agentes Extranjeros, de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz y la reforma a la Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, son nulas.

“Sobre la admisión de los recursos por inconstitucionalidad por la CSJ, debieron haber sido admitidos desde abril. La admisión a trámite es solamente el primer paso en el procedimiento y tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos formales para la presentación del recurso por inconstitucionalidad. No se necesita ser jurista para advertir que esas leyes son a todas luces inconstitucionales. ¿Qué hay detrás de la admisión a trámite de esos recursos, después de más de tres meses de haber sido interpuestos? En un país donde no existe el Estado de Derecho ni la independencia de poderes todo actúa en respuesta a órdenes derivadas del centro de poder”, valora el analista Julio Icaza Gallard, exembajador de Nicaragua en Naciones Unidas.

CUBRIR APARIENCIAS

Uno de los escenarios es que el Supremo rechace todos los recursos y el segundo es que engaveten y nunca resuelven el fondo, que es lo que ha ocurrido con la mayoría de recursos de inconstitucionalidad que han presentado diversas organizaciones y personas contra varias leyes.

El abogado Roger Reyes, considera que la estrategia de Daniel Ortega con la admisión a trámite de estos recursos, es lavarse las manos ante la comunidad internacional y decir que a los recursos de inconstitucionalidad le dieron el procedimiento que establece la Ley.

“Y lo otro es poder darle herramientas a sus países aliados para que ellos continúen justificando su posición a favor de Ortega”, reveló Reyes. Mientras tanto, Icaza cree que Ortega quiere cubrir las apariencias, dando curso a los procedimientos para finalmente desechar los argumentos y confirmar la validez de esas leyes.

ESCALERA PARA LA LIBERAR  A REHENES

La tercera hipótesis es que esta movida podría responder a la necesidad de encontrar una escalera para liberar a los 26 rehenes políticos, una vez que el plazo para la inscripción de candidatos se haya vencido. Así, Ortega estaría reduciendo la presión internacional y blanquear el proceso electoral fraudulento, pero, según los expertos, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea ni la Organización de Estados Americanos caerán en ese juego.

“No creo que la comunidad internacional vaya a tomar como una acción de buena voluntad por parte de Ortega”, dijo el jurista Reyes. Actualmente el régimen orteguista mantiene en las cárceles a 24 líderes de la oposición, entre los que están seis precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Arturo Cruz, y Medardo Mairena.

En ese sentido, el exdiplomático Icaza recuerda que la justicia en Nicaragua hace mucho tiempo dejó de serlo para convertirse en un teatro “y, lo que es peor, en un esperpento.

Por su parte, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien recurrió contra la Ley de Agentes Extranjeros y la reforma al Código Procesal Penal, indica que la admisión de tramitación de los recursos no es un logro, sino parte de una maniobra de Ortega la cual todavía no ha descifrado.

“No entiendo cuál es la intención, cuál es el propósito, yo dudo que sea una rectificación de las barbaridades que han hecho, a mí me parece que es una maniobra para seguir impulsando una represión a través de este procedimiento que no me explicó cuál es, o tirar una cortina de humo ante la opinión pública internacional”, expuso Núñez.

La exmagistrada de la CSE, en la década de los 80, agrega que en la admisión de tramitación de los recursos hay una “retardación de la justicia horrible” y una violación a los derechos humanos a los que interpusieron los recursos, ya que el trámite lo hicieron casi cuatro meses después que introdujeron los recursos.

“¿Por qué después de casi cuatro meses de tenerlos engavetados, se acuerdan que existen? Y lo hacen en estos momentos de máxima tensión y donde ya se han puesto en práctica, han violado derechos humanos con esas leyes, y ahora someten a discusión su inconstitucionalidad es una aberración totalmente”, manifestó la presidenta del Cenidh.

PODERES SIN AUTONOMÍA

Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), recurrió contra la Ley de Agentes Extranjeros y la de Ciberdelitos, y tras conocer el proceso opina que que la cantidad de leyes arbitrarias que aprobaron entre octubre del año pasado y enero de este 2021 es “escandalosa”.

A su criterio, la CSJ está cumpliendo con una formalidad al dar trámite a los recursos de inconstitucionalidad, pero el problema es que no resuelven el fondo que es declarar si es “inconstitucional o no, la mayoría de leyes arbitrarias han quedado pendiente de resolución y eso ocasiona que la ilegalidad y arbitrariedad continúe”.
“Son poderes del Estado que no tienen la suficiente autonomía para poder garantizar derechos a nadie y, por el contrario, se constituyen como órganos de represión porque permiten que se sigan aplicando estas leyes arbitrarias”, manifestó Jiménez.

Admitir la tramitación del recurso de inconstitucionalidad es parte del procedimiento que establecen las leyes, así como establecer el plazo de los 20 días para que Daniel Ortega en su carácter de presidente de Nicaragua, Gustavo Porras como Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y la Procuradora de Justicia, presenten un informe. Luego de la presentación de este informe es que siempre “la resolución siempre queda pendiente”.

“La Corte siempre ha dado trámite y tratan de aparentar que sigue funcionando este poder del Estado tan importante. Su nivel de independencia y su capacidad de poder en este contexto que están subordinados al régimen político y al liderazgo de Daniel Ortega, es lo que hemos señalado de que, aunque ellos cumplan con el formalismo, eso no nos da garantía que van a tutelar derechos o que van a declarar la inconstitucionalidad de esas leyes que hemos recurrido”, manifestó Jiménez.

La representante del organismo feminista precisa que contra la Ley de Agentes Extranjeros fueron interpuestos 52 recursos de inconstitucionalidad, mientras que otros 41 contra la de Ciberdelitos.

El abogado Róger Reyes está seguro que Ortega no dará marcha atrás en sus leyes, pues tendría que anular todos los actos que ha estado realizando y se tendría que contradecir con el discurso que ha estado tratando de emitir de que en Nicaragua no hay presos políticos sino presos por delitos comunes.

“La resolución de la CSJ será pronta”, señala.