Ortega celebra 42 años de la Revolución con 146 presos políticos, entre ellos tres líderes históricos

El régimen de Daniel Ortega conmemora 42 años de la Revolución Sandinista, que acabó con más de 40 años la dinastía de los Somoza, manteniendo en las cárceles del país a 146 presos políticos, entre los que se cuentan seis aspirantes a la Presidencia de la República, y tres viejos cuadros del Frente Sandinista de Liberación Nacional: Dora María Téllez, Hugo Torres y Victor Hugo Tinocos

Según el independiente Mecanismo de Presos Políticos, en el mes de julio la dictadura encarceló a 13 personas más. El organismo independiente, precisa que del total de 136 personas presas políticas a la fecha, 109 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 24 se presumen están en la Dirección de Auxilio Judicial "Complejo Judicial Evaristo Vásquez", aunque a la fecha no se ha podido constatar que efectivamente se encuentren ahí. Adicionalmente, dos personas están en delegaciones de la policía municipales y una en arresto domiciliario.

A FONDO: ESPECIAL | De Somoza a Ortega

“La mayoría de estas personas son padres y madres de familias y por tanto representan un apoyo importante en la economía de sus hogares. Ya sea a través del cuido de niños, niñas, ancianos, ancianas, o a través del aporte al ingreso familiar. Por lo que la condición de privación de libertad de presas y presos políticos tiene consecuencias importantes en la precarización de los cuidados, y de los medios de vida de sus familias”, dice el informe.

De los 146 presos políticos, 10 fueron arrestados antes de las protestas de la Insurrección Cívica. Al menos 10 personas detenidas durante la rebelión popular de 2018, 10 se encuentran recluidas en celdas de castigo, aislamiento o en la Dirección de Máxima Seguridad.

“Todas estas personas recluidas están en condiciones de reclusión diferenciada con acceso restringido a patio sol, ventilación limitada por ventanas y puertas empernadas, acceso diferenciado a comida e interacción con familiares. Sumado a lo anterior, las personas recluidas en estos sectores suelen ser víctimas de interrogatorios prolongados y otras formas de castigos psicológicos y físicos, que constituyen formas de malos tratos y torturas. El uso de estas formas diferenciadas de reclusión, en la mayoría de casos por periodos indefinidos, tiene el objetivo de desmoralizar a las personas presas y sus familias, así como también una estrategia de castigo y amenaza ante acciones de protestas”, señala.

Otro de los hechos que han observados es la práctica de aislamiento sistemática y negativa de recibir alimentos, para todas las personas detenidas durante el periodo, que se presumen están en la Dirección de Auxilio Judicial. “Desde sus detenciones nadie les ha podido ver, ni familiares ni defensores y defensoras, por tanto no se han logrado constatar las condiciones de reclusión en las que se encuentran. Debido al hecho que desde sus capturas nadie les ha podido ver, ni familiares, ni defensores y defensoras, todas estas personas se encuentran en situación de desaparición por ocultamiento de paradero”, dijo. 

En promedio, las personas presas políticas han permanecido detenidas durante 770 días. Estos datos, añade, dan cuenta de la prolongación del uso de la prisión por motivos políticos como parte de la estrategia de represión del régimen.

Por otro lado, precisa que a partir de mayo se registra una nueva ola de judicialización de la disidencia social, esta vez, focalizada en criminalizar a liderazgos políticos y sociales, defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

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“Entre el 28 de mayo a la fecha, la Policía Nacional ha procedido a detener de forma ilegal y arbitraria a 26 personas, siete mujeres y diecinueve varones. Entre los perfiles de las personas detenidas se encuentran dos empresarios, dos estudiantes, cuatro campesinos, dos periodistas, diez lideresas y líderes políticos, y seis precandidatos presidenciales para las elecciones presidenciales y legislativas, que están supuestas a realizarse en noviembre de este año”.

Esta ola de arrestos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responde a la negativa de Ortega de celebrar elecciones libres, observadas y transparentes.