Corte-IDH ordena al régimen de Daniel Ortega la liberación de la opositora Tamara Dávila

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió este lunes 19 de julio una resolución en que otorga "medidas urgentes de protección” en favor de Tamara Dávila Rivas y ordena al Estado de Nicaragua a que proceda a su inmediata liberación.

Dávila es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Fue detenida el pasado 12 de junio en medio de una ola de detenciones que ejecutó la Policía y el Ministerio Público contra líderes opositores, incluyendo seis aspirantes a la Presidencia, empresarios y periodistas.

La Corte-IDH señala que la detención de la opositora Tamara Dávila "estuvo precedida de actos de estigmatización y amedrentamiento, siendo la detención en sí misma la muestra más extrema de este proceso de hostigamiento y persecución”.

Las medidas urgentes a favor de Dávila, se dan en el marco de las medidas provisionales que adoptó la Corte el pasado 24 de junio a favor de Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Violeta Mercedes Granera Padilla, ya que señala que persiste “la situación de especial riesgo y vulnerabilidad de las personas pertenecientes a la oposición o identificadas como opositoras al actual Gobierno del país”.

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Tamara es una psicóloga feminista, defensora de derechos humanos, líder juvenil miembro de Unión Democrática Renovadora (Unamos antes Movimiento Renovador Sandinista) e integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización opositora al régimen de Ortega. En su resolución la CorteIDH, señala que el arresto de Dávila, se enmarca en un contexto de “hostigamiento a la oposición política en Nicaragua”.

En su resolución la CorteIDH, además requiere al Estado de Nicaragua para que adopte de forma inmediata las medidas necesarias “para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar”.

“Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 30 de julio de 2021 sobre la situación de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas, a la luz de las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”, expone la resolución.

Ana Lucia Dávila, hermana de Tamara, indicó que la resolución de la CorteIDH es un mecanismo más de protección de los derechos humanos "que visibiliza y deja al descubierto la represión y arbitrariedad del régimen, no solo en el caso de Tamara, y no solo en los casos en los que ya se ha pronunciado".

"La importancia fundamental de estás resoluciones es que coadyuvan a evidenciar la arbitrariedad del régimen para todos los casos de las más de 148 personas presas políticas en el país", manifestó Ana Lucia.

Expuso que sí el Estado de Nicaragua no acata la resolución es un acto "gravísimo" , ya que hace caso omiso a una resolución de un organismo que ha reconocido desde 1991. "Esto le definitivamente representa mayor aislamiento para el régimen en el sistema interamericano", dio a conocer.

PREOCUPACIÓN POR FALTA DE INFORMACIÓN

Una de las preocupaciones del organismo es que ha fecha el Estado de Nicaragua no ha proporcionado a los familiares información oficial respecto al paradero y condiciones de detención de Tamara “más allá de la confirmación hecha por los funcionarios de la recepción de la prisión”.

“El Tribunal constata que, al día de hoy, ha transcurrido más un mes desde que la propuesta beneficiaria fue privada de su libertad, sin que sus familiares o sus representantes legales hayan sido informados oficialmente sobre su paradero”, expone la resolución.

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Los representantes de los beneficiarios de esta medida y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben de presentar sus observaciones en un plazo de una y dos semanas respectivamente, “contadas a partir de la notificación del informe que brinde el Estado respecto de la situación de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar”.

Dávila es acusada por “traición a la Patria”, bajo la cuestionada Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. El 14 de junio, el Ministerio Público anunció que mediante una audiencia especial de garantías constitucionales le ampliaron a 90 días el plazo de su detención. Los familiares de Dávila han expuesto que le han negado el acceso a su abogado.  

El pasado 24 de junio, la Corte IDH emitió una medida similar a favor de  Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera. El plazo para que Daniel Ortega presentará el informe, se venció el pasado 8 de julio y el régimen incumplió dicha resolución.

En la resolución la Corte IDH, expresa que analizará la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual pide requerir al Estado de Nicaragua para que permita el ingreso de la delegación de ambas instancias “para constatar la implementación de las presentes medidas provisionales y buscar su efectividad”.