Dictadura pide anular 24 oenegés y confiscar sus bienes, la mayoría son asociaciones médicas

La dictadura de Daniel Ortega despliega un embestida contra el gremio médico. Por medio Ministerio de Gobernación inició el proceso para despojar de su personería jurídica y sus bienes a un total de 24 organizaciones no gubernamentales, la mayoría organizaciones médicas.

La iniciativa 20219761 Decreto de Cancelación de Personerías Jurídicas fue presentada por el Ministerio de Gobernación (Migob) el pasado 22 de julio ante la Asamblea Nacional de Nicaragua. Como justificante, la institución expone que las 24 oenegés han "desarrollados sus actividades al margen de la ley y actuado contra le expresa", contraviniendo lo establecido la Ley 997, Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la normativa del Departamento de Asociaciones.

En general, argumentan supuestos incumplimientos a los deberes que tienen las organizaciones sin fines de lucro en materia de gestión financiera y administrativa.

En concreto, el Migob declara a las 24 organizaciones acéfalas. Señala entre sus faltas: junta directiva vencida, incumplimiento de entrega de estados financieros con sus desgloses, así como de los convenios suscritos con sus donantes y oenegés. También alega que las 24 organizaciones no presentaron los convenios sobre sus proyectos y actividades, ni los documentes de identidad de sus proveedores de fondos y soportes de ingresos, la buena reputación de sus beneficiarios y de su organización.

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La iniciativa de decreto legislativo presentada por el Ministerio de Gobernación expresa que esta institución inició una investigación de las operaciones de las 24 organizaciones y encontró que violentaron las tres normas que las regulan: Ley general de personas jurídicas; la Ley contra lavado de activos y su reglamento; y la normativa del Departamento de Asociaciones.

El Migob también señaló que las 24 organizaciones faltaron a la obligación de presentar "la identidad y origen de todos sus miembros donantes; nombres apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta domicilio y teléfono”.

ORGANIZACIONES MÉDICAS PERJUDICADAS

Entre los organismos que perderían la personería jurídica está la Asociación Médica Nicaragüense (AMN) que preside la doctora Josefina Bonilla. Esta Asociación está integrada por 30 organizaciones médicas en todo el país y que han expresado críticas a la administración de Daniel Ortega por el manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua.

El pasado 19 de marzo, la Asociación Médica Nicaragüense demandó públicamente a la administración de Daniel Ortega vacunar "inmediatamente" contra el Covid-19 al personal médico, después que el Observatorio Ciudadano reportara un incremento en el número de médicos fallecidos por la pandemia.

Incluso, la Asociación Médica Nicaragüense denunció a las autoridades del Ministerio de Salud de realizar proselitismo político con la vacunación y de engañar a la población a través de los medios de propaganda oficialistas.

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Entre las 24 solicitudes de cancelación de personerías jurídicas tramitadas por la dictadura, se cuentan al menos 15 asociaciones médicas.

La iniciativa de ley de cancelación de personería, firmada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, señala que los bienes de estas organizaciones, pasarán a manos del Estado, al menos que los estatutos y acta constitutiva indique cual será su fin.

VIEJO MÉTODO DE REPRESALIA

La cancelación masiva de personerías jurídicas es una práctica que ha venido implementando el orteguismo como represalia contra organismos que han expresado críticas a la represión y a la gestión que hace los recursos del Estado.

En diciembre de 2018, en el contexto de la crisis sociopolítica desatada por la represión a las manifestaciones ciudadanas surgidas en abril de ese año, Daniel Ortega canceló su certificación legal a ocho oenegés, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de la Investigación de la Comunicación (Cinco), la Fundación Popol Na, Hagamos Democracia, Fundación para la Conservación y Desarrollo del Sur (Fundación del Río), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Fundación Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS) y el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).

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En ese caso la cancelación de las personerías jurídicas fue amparada en una resolución del Ministerio de Gobernación que señaló a las organizaciones de incumplir sus obligaciones legales, violentar sus estatutos y de utilizar su estructura organizativa para cometer ilícitos de desestabilización del país, reafirmando la narrativa oficialista de que el estallido social de abril de 2018 fue un intento de golpe de Estado y no un movimiento espontáneo como han concluido diversos organismos de derechos internacionales que a partir de entonces dan seguimiento a la crisis de Nicaragua.

Foto: La Prensa