Estados Unidos cancela visa a 50 familiares de diputados, fiscales y jueces orteguistas

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este viernes la cancelación de la visa de ingreso a ese país a 50 familiares directos de funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, fiscales y jueces, una decisión motivada por la escalada represiva y la falta de garantías para elecciones libres y transparentes en el país.

"Hoy anunciamos restricciones de visa contra 50 personas más, todos familiares inmediatos de funcionarios afiliados al régimen que han contribuido directamente a las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua que no cumplen con las condiciones para unas elecciones transparentes, libres y justas a las que todos los estados miembros de la OEA se han comprometido bajo la Carta Democrática Interamericana", expresa el Departamento de Estado en una nota oficial.

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Con estas acciones, Estados Unidos demuestra su compromiso de "promover una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas", subraya el documento en el que también advierte que "seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas de quienes facilitan la represión de Ortega y Murillo".

LOS MOTIVOS DE LA CANCELACIÓN DE VISA

El encarcelamiento de 32 opositores en los últimos meses entre ellos siete aspirantes presidenciales con alto perfil para derrotar a Daniel Ortega en las urnas, es parte de las consideraciones que motivan la nueva sanción del gobierno de Estados Unidos al círculo de poder del régimen.

La detención, acusación e inhibición de Berenice Quezada también es parte de las acciones represivas de las que el Departamento de Estado tomó nota. Estados Unidos destaca la valentía de Quezada al aceptar postularse para la Vicepresidencia, a pesar de la creciente represión: "Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de correr contra cualquiera que sientan que pueda ganarse el apoyo del pueblo nicaragüense", apunta.

Quezada fue apartada de la carrera electoral víctima de un proceso penal fabricado entre la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La joven enfrenta en libertad cargos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas.

150 ORTEGUISTAS DESVISADOS EN MENOS DE UN MES

El pasado 12 de julio el Secretario de Estado, Antony Blinken, anunció restricciones de visa contra 100 legisladores, jueces, fiscales y familiares nicaragüenses de esos funcionarios "bajo una política de restricción de visa que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos, y los familiares directos de dichas personas". 

Estados Unidos no hace pública la lista de las personas a quienes se les suspense su visa. Sin embargo, solo en el último mes 150 nicaragüenses vinculados al régimen han sido sancionados con esa medida.

En el contexto de la crisis de Nicaragua, la política de restricción de visados del Departamento de Estados se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos los responsables o cómplices de la supresión de las protestas pacíficas o del abuso de los derechos humanos, así como los familiares directos de dichas personas.

COINCIDE CON AVANCE DE LA LEY RENACER

El anuncio de sanciones ocurre horas después de que el Senado de Estados Unidos aprobara de manera unánime el proyecto de ley "RENACER", apoyado por demócratas y republicanos, para promover unas elecciones "libres y justas" en Nicaragua el próximo 7 de noviembre.

Ese proyecto de ley amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, aboga por que Estados Unidos imponga sanciones coordinadas a responsables nicaragüenses junto al Gobierno de Canadá y la Unión Europea (UE).

La iniciativa sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionadas con la corrupción y exige el acceso a informes clasificados sobre supuestas actividades corruptas perpetradas por el Ejecutivo de Ortega y su familia.

Otros puntos de la propuesta están centrados en los lazos entre Moscú y Managua, por lo que se solicitan documentos sobre las ventas militares rusas al país y una revisión de posibles acciones que puedan ser sancionables, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA).