España urge un CSE "imparcial" y no controlado por Ortega

El Gobierno de España se sumó este lunes a los señalamientos al régimen de Daniel Ortega sobre la pérdida absoluta de garantías en el proceso de elecciones en Nicaragua, en reacción a la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de sacar de la contienda a la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).

"Esta medida junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la OEA y de la Unión Europea; la abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre; impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad", expresa la nota del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

La cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) es calificada por España como la estocada final a la oposición en Nicaragua, ya debilitada por la ola de encarcelamientos de los aspirantes a la Presidencia con alto perfil para derrotar a Daniel Ortega en las urnas, así como a más de una veintena de líderes, disidentes, empresarios y periodistas.

ESPAÑA: URGE UNA AUTORIDAD IMPARCIAL

El CSE al mando de funcionarios leales al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además señaló supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización de la presidenta de CxL, Carmella Rogers -quien se hace llamar Kitty Monterrey- por lo que el Ministerio de Gobernación resolvió anular su partida de nacimiento, cédula de identidad y documento de viaje nicaragüense.

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Llegado a este punto, el gobierno de España que lidera el socialista Pedro Sánchez, plantea al régimen de Ortega la necesidad de sanear el órgano electoral: "Urge que el país se dote de una autoridad electoral independiente imparcial y no controlada por el partido de en el gobierno", expresa.

Asimismo, recuerda que solo un proceso electoral creíble, incluyente y transparente acorde con estándares democráticos e internacionales puede ofrecer una salida a la crisis social política y económica que vive en Nicaragua desde abril de 2018.

A menos de tres meses de las elecciones, Ortega mantiene un política implacable contra la oposición y por medio de la Policía y el Ministerio Público ha desatado un encarcelamiento sin precedentes de sus principales oponente políticos y voces incómodas. Desde el 28 de mayo, suman 31 los opositores privados de libertad, entre ellos siete aspirantes presidenciales. A ninguno le han permitido contacto con sus familiares ni abogados, por lo que han sido declarados "desaparecidos".

UE CUESTIONA AL RÉGIMEN

La reacción de España ocurre luego que el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, señalara al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aplastar las posibilidades de un proceso electoral “creíble y legítimo” tras la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).  

“Su decisión, llevada a cabo por el Consejo Supremo Electoral, el 6 de agosto, de despojar de su personalidad jurídica al último partido político de la oposición antes de las elecciones generales de noviembre, aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada”, indicó Borrell. 

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Bruselas concluye que se está privando a los nicaragüenses del derecho humano y civil básico de votar en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes y normas internacionales de derechos humanos. 

El pasado 2 de agosto la UE impuso sanciones a ocho personas más en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua e incluyó en ese grupo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.

El régimen de sanciones contra Nicaragua se adoptó primero en octubre de 2019, después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil.