Régimen llama a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Costa Rica y Colombia

El régimen de Daniel Ortega llamó a consulta a los embajadores de Nicaragua acreditados en Costa Rica, Argentina y México. La medida fue adoptada en "reciprocidad" a los llamados que los gobiernos de esos países hicieron recientemente a sus diplomáticos para tratar la crisis nicaragüense, lo cual califica como actos "irrespetuosos", "injerencistas" e "intervencionistas".

Este mediodía, la sancionada vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, informó que han convocado a los embajadores Orlando Gómez, (Argentina) Yara Pérez, (Colombia); Juan Carlos Gutiérrez (México) y Duilio Hernández (Costa Rica) "en reciprocidad como corresponde con la Convención de Viena, ante similares llamados realizados por los gobiernos antes mencionados".

“El Gobierno ha observado y considerado con seriedad y madurez, con gran paciencia desde nuestra hermandad, los constantes e inmerecidos señalamientos irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países, sobre temas que solo conciernen a nuestro pueblo y a nuestro gobierno”, señaló Murillo.

Añadió que las autoridades de esos países se han referido “cínica e inescrupulosamente a situaciones que pretenden ignorar y son lesivas de los derechos humanos en sus propios países”.

En su discurso anti -intervencionista, Murillo una vez más expuso que Nicaragua “ha sufrido y combatido exitosamente todas las formas de intervención” por eso dijo que rechazaba “estas inaceptables modalidades de imitación caricaturesca de quienes violentando nuestras propias y sagradas tierras de patria grande se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado en abierta violación al derecho internacional, de los derechos humanos, y en vergonzoso seguidismo de potencias colonialistas, imperialistas, agresoras y destructoras de nuestras culturas y modos de vida”.

LA POSICIÓN DE MEXICO Y ARGENTINA

México y Argentina  llamaron a sus respectivos embajadores el pasado 21 de junio para realizar consultas sobre “las preocupantes acciones políticas-legales” que ha emprendido Ortega contra la oposición.

La decisión de ambos países fue adoptada luego de abstenerse de votar la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena los arrestos a los aspirantes presidenciales y líderes opositores, así como el “acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes” , y en la que, además, se reitera la demanda de inmediata liberación de todos los presos políticos.

En el caso de Colombia, el 28 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que llamaba a consulta a su embajador Alfredo Rangel, para que informará sobre los “hechos violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense”.

En esa comunicación, Colombia expresó su "rechazo a la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”.

Además, el gobierno de Iván Duque instó a Ortega a liberar de manera inmediata a los presos políticos, parar la persecución sistemática, permitir el ejercicio de las libertades políticas y garantizar “una elección democrática transparente y libre para que el pueblo nicaragüense escoja su destino”.