Régimen de facto de Ortega más allá de 2021 equivaldría a “una dictadura producto de un golpe de Estado”

El dictador Daniel Ortega ha decidido organizar unas elecciones generales en Nicaragua a su medida, sin competencia y con un árbitro electoral a su favor. Recientemente, ordenó al Consejo Supremo Electoral (CSE) sacar del proceso al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), quitándole su personería jurídica, sin embargo esa movida tendrá un “costo alto” para el régimen y el país, pues la comunidad internacional no reconocería los resultados, y por tanto un nuevo Gobierno con Ortega al frente. 

“El no reconocimiento de los resultados del viciado proceso electoral del próximo noviembre equivale a categorizar al gobierno resultante como un régimen de facto, equivalente a una dictadura producto de un golpe de Estado”, señala un exdiplomático nicaragüense, que por temor a represalias del régimen prefiere omitir su nombre. 

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Ortega parece asumir “todas las consecuencias que de este tratamiento puedan derivarse a nivel de las relaciones internacionales bilaterales y multilaterales que sostiene Nicaragua”. El país arrancaría 2022 con una situación compleja, pues se le podrían bloquear préstamos en organismos multilaterales y rompería relaciones diplomáticas y comerciales con socios del hemisferio, opinan especialistas. “Ortega quiere hundirse y hundir al país”. 

Para los especialistas, con la cancelación de la personería jurídica de CxL, Ortega ya ha adelantado lo que se esperaba para después del 7 de noviembre, ya que “el resultado se sabe cuál es, un Ortega gobernando con mano de hierro por cinco años más y fuera del concierto internacional”. “Ahora, la comunidad internacional se está preparando para, que pasadas las elecciones, desconocerlo”, opina un politólogo.

Tanto Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, España y Reino Unido han reaccionado esta semana a la decisión del CSE de sacar del proceso electoral a CxL. Coinciden en la falta de credibilidad y legitimidad, por lo tanto llaman a Ortega a revertir la medida en contra de CxL y garantizar elecciones libres, transparentes y observadas que permita a los nicaragüenses salir de la crisis sociopolítica que arrastran desde 2018.

Ayer España, señaló que la decisión en contra de CxL, junto a otras adoptadas recientemente por las autoridades nicaragüenses, como la aprobación de una reforma electoral no consensuada y muy alejada de las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea; la abundante legislación restrictiva y, en particular, la detención de los principales líderes y candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre; impiden que el proceso electoral en ciernes ofrezca un resultado con garantías y credibilidad”.

Mientras tanto, Estados Unidos expresó que la cancelación de la personería de CxL, además de autocrática, subraya el deseo de Ortega de “permanecer en el poder a toda costa”. “Aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada”, dijo por su parte ayer Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores.

Aunque la comunidad internacional pide al régimen de Ortega la necesidad de sanear el órgano electoral, es difícil que se logre.  España, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han urgido a que el país cuente con un árbitro electoral independiente imparcial y no controlado por el orteguismo. “A estas alturas, Ortega no cambiará las reglas del juego”, lamenta el especialista.  

Para los analistas políticos, si las potencias de Occidente desconocen a Ortega, los demás socios democráticos de la región podrían hacer lo mismo, haciendo que se rompan relaciones bilaterales con naciones centroamericanas como Costa Rica y Panamá. Y en ese sentido, agregan, la oposición debe hacer todo lo necesario para reducir a cero la legitimidad de Ortega, y quede ante la comunidad internacional como un régimen de facto. “Ortega estará totalmente aislado a nivel internacional, y su deseo de aferrarse al poder terminará afectando a los nicaragüenses”. 

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Este lunes, la Coalición Nacional, cuyos dirigentes están encarcelados, indicó que no respaldarán ni promoverán la participación ciudadana en lo que denominaron “farsa electoral”. En las condiciones actuales, considera, las elecciones darán como resultado la perpetuación de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder ya que consideran que no existen garantías de que el voto de los nicaragüenses será respetado.

La organización opositora indicó que “valora que el proceso electoral no representa una salida a la crisis sociopolítica del país a través de una transición democrática”, ya que no cumplen con los requisitos establecidos para que sea considerado un proceso “legítimo y transparente”; tampoco cumple con las demandas que hizo la ciudadanía en abril del 2018, por ende, “el proceso electoral lejos de resolver la crisis, la agudizará”, manifestó Luis Fley, aspirante a la Presidencia quien se marchó al exilio para salvaguardar su vida.

Fley no descartó buscar algún tipo de acercamiento con la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL) “conformemos un solo bloque y no estemos cada quien compitiendo entre nosotros”. Ese llamado es bien visto por los analistas ya que consideran que si la oposición se une puede ejercer más presión en contra de la dictadura en el plano internacional.