Zarpazo de Ortega a seis organismos internacionales causará fuga de capital social 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha asestado un zarpazo a organismos internacionales que desarrollan programas con un fuerte componente social dirigido a sectores vulnerables del país. En una medida sin precedente, le ordenó al Ministerio de Gobernación (Migob) que  cancelará el registro y número perpetuo a seis oenegés originarias de Estados Unidos y Europa.

Desde finales del 2018, Ortega ha cancelado la personería jurídica a 34 organizaciones nacionales y ahora el ataque lo enfiló a las oenegés internacionales. 

Un experto en temas de políticas públicas, que pidió el anonimato por temor a represalias, señaló que el mensaje que está enviando la dictadura a los cooperantes internacionales, es que es un gobernante con “una soberbia inmensa”, ya que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y necesita de esos proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

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“El impacto es que habrá menos cooperación internacional, menos recursos internacionales, más aislamiento de Nicaragua ante la comunidad internacional”, señaló la fuente.

Esta decisión, esperada por los organismos ante la arremetida de Ortega contra voces críticas y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros,  provocará una “fuga de capital de inversión social” en los territorios donde se ejecutaban los proyectos.

Por otro lado, la imagen del país se verá afectada frente a la comunidad internacional, impactará en el empleo interno y la incidencia para mejorar los problemas sociales de Nicaragua. Los expertos coinciden que los regímenes autoritarios, como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, señalan de “injerencista” a los organismos no gubernamentales que promueven la promoción de los derechos humanos y usualmente evitan, ponen obstáculos o expulsan a las oenegés quitándoles los registros como lo hizo el Ministerio de Gobernación, este lunes. 

“Lo que están diciendo es que suspendan operaciones y váyanse de Nicaragua y allí se van miles de dólares que están programados para proyectos de varias índoles, como participación ciudadana, defensa del voto, temas de niñez, adolescencia, alimentación entre otros”, manifestó el experto. 

ESTRATEGIA ORTEGUISTA

La experta en Ciencias Sociales Haydée Castillo lamentó la decisión de Ortega y señala que la medida es parte de una estrategia para tratar de romper el “tejido social, comunitario” con el que trabajaban las organizaciones con los grupos más vulnerables del país.

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En ese sentido, dijo que muchos de los municipios de Nicaragua, viven en el olvido por parte del Gobierno Central y muchas de las oenegés emprendían grandes proyectos de desarrollo comunitario, infraestructura, empoderamiento, ciudadanía y promoción de los derechos humanos. 

“Aquí el daño se le hace a la población que se beneficiaba de esos programas. Se le hace daño a toda la dinamización de la economía”, manifestó Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, cuya personería jurídica le fue cancelada por la Asamblea Nacional en el 2018 y sus instalaciones fueron confiscadas por el régimen de Ortega.

En el caso de la oenegé Diakonia de Suecia, trabaja apoyando a organizaciones del norte del país, aunque se desconoce si después del 2018, la situación cambió producto de la crisis sociopolítica. Mientras tanto, Oxfam tenía proyectos de economía campesina y derecho a la tierra. “Son organizaciones que tienen una historia inmensa, una historia de cercanía hasta con comunidades de la Costa Caribe”, expuso Castillo. 

La historia de las oenegés en Nicaragua, está relacionada a la construcción de viviendas, escuelas, puestos de salud, mini acueductos de agua potable, apoyo a la producción entre otros temas.  “Este régimen está destruyendo al país por preservar el poder”, denunció  Castillo.  

¿PROYECTOS CERRARÁN?

Los proyectos que estaban en proceso de ejecución por parte de las seis oenegés tendrán que ser cerrados ya que existe la posibilidad que los activos de las organizaciones pudieran ser tomados por la “fuerza”, como lo han hecho con las organizaciones no gubernamentales nacionales a las que les han cancelado la personería jurídica. 

“Los bienes, propiedades, infraestructura, equipos y en los bancos los recursos, le mandan una orden a los bancos y las cuentas quedan congeladas y se apropian de ellas”, opinió un especialista en la materia. 

Castillo indicó que en Nicaragua “la Ley y la Constitución Política son la pareja dictatorial”, quiens actúan con arbitrariedad.  “Todas las oenegés que han cerrado, también nos han confiscado los bienes, en el caso nuestro la convirtieron en un Centro de Victoria Electoral y se la dieron a la UNAN – Managua, sin que medie ningún trámite”, expuso Castillo. 

Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que esta medida es un “atentado” a los derechos humanos de los nicaragüenses, ya que son agencias que apoyaban la promoción de los derechos humanos en Nicaragua.

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“Al cancelar lo que pretende es evitar cualquier tipo de financiamiento a las organizaciones en Nicaragua, evitar que la población acceda a programas de derechos humanos. Derechos humanos se convirtió en un blanco del régimen de Ortega”, manifestó Arce. 

En octubre del 2020, en una carta abierta al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada y a la ministra de Gobernación, Amelia Coronel, el Secretariado de ONG internacionales (Songi), traslado su preocupación por la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. 

En la misiva explicaron que han cumplido con todas las obligaciones legales y fiscales que establecen las leyes nacionales, “reportando nuestros fondos, donaciones, actividades y obligaciones” a todas las instancias establecidas. 

La Songi, esta conformado por 32 organizaciones de cooperación en Nicaragua las cuales gestionan cada año más de 25.5 millones de dólares en cooperación solidaria que llega a más de “550 mil  personas hasta las comunidades más remotas del país, para contribuir en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento de la nutrición, la seguridad alimentaria, la agricultura familiar sostenible, salud, educación, vivienda, protección social, gestión ambiental, resiliencia ante el cambio climático, acceso al agua potable, así como el ejercicio de derechos humanos y ciudadanos de la población nicaragüense”.