Oxfam Intermón niega señalamientos del Mingob y afirma que trabajaron "cumpliendo siempre con la legalidad"

La organización Oxfam Intermón, de España, declaró este martes que en los más de 40 años que tenían de operar en Nicaragua siempre trabajaron en base a la legalidad, en alusión a los señalamientos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes por medio del Ministerio de Gobernación le cancelaron el registro y el número para operar en Nicaragua.

Uno de los argumentos de Gobernación es que Oxfam Intermón, y cinco oenegés más, el National Democratic Institute for International Affairs (NDI), el International Republican Institute (IRI), Oxfam Ibis, Diakonia y Helpin Hands The Warren William Pagel, M.D. Foundation, presuntamente incumplieron con la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977); y la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147).

"Gracias por vuestra solidaridad tras la decisión del gobierno de Nicaragua de cancelar nuestro registro en el país. Llevamos más de 40 años cooperando con el pueblo de Nicaragua, cumpliendo siempre con la legalidad. Esperamos seguir haciéndolo en el futuro", expuso Oxfam Intermón, en un tuit.

"Apenas nos enteramos ayer vía La Gaceta oficial del Gobierno, no fuimos informados directamente", asegura a El Periódico, Simon Ticehurst, director regional de América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional.

Según Gobernación, los organismos internacionales obstaculizaron el control vigilancia al no reportar sus estados financieros, incumplir los requisitos legales para la recepción de donaciones, entre otras faltas a las obligaciones establecidas en las leyes nicaragüenses.

Ticehurst señala a El Periódico que han intentado entregar la documentación a Gobernación "en varias ocasiones y no han querido recibirlos". "No hemos hecho nada ilegal en el país. Toda la información que solicitan la tenemos", explica y subraya que están "más que disponibles a entregar y compartir esa información".

La Asociación Profesional de Cooperantes condenó la decisión de Ortega de cancelar el registro de Oxfam Intermón, "cuya trayectoria en Nicaragua es intachable tras 40 años de trabajo y compromiso solidario con los nicaragüenses".

Expertos nicaragüenses han expuesto que Ortega con esta decisión ha asestado un zarpazo a los organismos que desarrollan programas de contenido social dirigido a sectores vulnerables del país.

"El impacto es que habrá menos cooperación internacional, menos recursos internacionales, más aislamiento de Nicaragua ante la comunidad internacional”, señaló recientemente a Despacho 505, un experto que pidió omitir su nombre por temor a represalias.

Ticehurst, comentó que en Nicaragua hay una situación "económica y humanitaria difícil". "Estamos en un limbo porque estamos intentando respetar y cumplir la legislación, pero si nos lo dificultan nos ponen en una situación difícil", señala el encargado regional. "Esperamos, en un futuro, poder seguir colaborando, como siempre", compartió al medio español.

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OTRO ACTO REPRESIVO

La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, mostró su desacuerdo con la cancelación del registro de las seis organizaciones y manifestó que además de encarcelar a periodistas, activistas y opositores, ahora el régimen de Ortega ejecutó su "último acto represivo es cancelar el registro de 6 ONG extranjeras como Oxfam en medio de acusaciones bajo nuevas leyes represivas".

Expuso que la cancelación del registro de las organizaciones se dio días después del asalto y allanamiento a las instalaciones del diario La Prensa y el arresto de su gerente general Juan Lorenzo Holmann. "Tales acciones buscan silenciar y fortalecer el control del régimen sobre las voces independientes antes de las elecciones de noviembre", indicó la institución.

El pasado viernes la Policía orteguista junto a miembros de la Dirección General de Aduanas, Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia, ejecutaron el allanamiento a las instalaciones del diario, el más antiguo de Nicaragua, posteriormente anunciaron que la acción era parte del proceso investigativo por los supuestos delitos de lavado de activos y defraudación fiscal en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Desde el 2018, cuando se dio el levantamiento popular, el régimen de Ortega por medio de la Asamblea Nacional le ha cancelado la personería jurídica a 34 organizaciones incluidas unas 15 asociaciones profesionales médicas.

"Lo que demuestra su intolerancia a los diversos puntos de vista y la prioridad del poder bruto sobre el pueblo nicaragüense", expuso la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos en un hilo de tuits.

Estas acciones del régimen de Ortega se dan a menos de tres meses de las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre próximo, y donde sectores de la oposición y de la comunidad internacional han manifestado que no existen condiciones para que se desarrollen unos comicios justos, libres, transparentes y observados.