El diario La Prensa ha estado destinado a ser testigo del inicio y fin de las dictaduras en Nicaragua. “La historia del país ha quedado en las páginas de ese medio de comunicación”, comenta un historiador nicaragüense, a cinco días de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara a la Policía Orteguista asaltar las instalaciones del matutino que este 2021 cumplió 95 años.

En esas nueve décadas, el medio de Managua, propiedad de la familia Chamorro, ha resistido a terremotos y dictaduras. Primero a la tiranía dinástica de los Somoza, que a finales de la década de los 70 ordenó un ataque con tanquetas que destruyó el edificio; después al régimen sandinista de 1980 que censuró y cerró el diario por considerarlo un instrumento al servicio del Gobierno de Estados Unidos, de entonces.

Ahora, en pleno siglo XXI La Prensa enfrenta al mismo viejo enemigo de 1980, Daniel Ortega. Sin embargo, los tiempos han cambiado: “Probablemente a don Daniel Ortega le habría gustado cerrar La Prensa y las convicciones de sus periodistas, pero no pudo porque ahora está en la web, no saldrá en papel, pero seguirá resistiendo desde la “República digital”, comenta el historiador.

Aunque La Prensa continúe informando a través de sus sitio web, hay incertidumbre entre los trabajadores del rotativo como de la imprenta comercial. La pregunta es qué pasará con sus puestos de trabajo. Hasta ahora los agentes de la Policía Orteguista han impedido el ingreso.

Tres historias para entender  la crisis que vive Nicaragua:

• Los rostros de la nueva ola migratoria empujada por la represión y la desesperanza
• Zarpazo de Ortega a seis organismos internacionales causará fuga de capital social
• La “orfandad” de Cristian, la hija de Víctor Hugo Tinoco

El pasado viernes 13 de agosto los agentes policiales se presentaron acompañados por personal de la Dirección General de Aduanas (DGA), del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia.

La acción fue justificada como parte del inicio de una investigación por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.

El allanamiento se dio luego que el medio de comunicación anunció la suspensión de la edición impresa debido a la retención de su materia prima por la DGA.

Entre 2018 y 2019, el régimen de Daniel Ortega retuvo el papel, planchas, repuestos y correas para la rotativa del diario por más de 500 días sin ninguna explicación.

Un colaborador de este rotativo, manifestó que el lunes intentaron ingresar a las instalaciones para laborar, pero la Policía les impidió el ingreso. La incertidumbre de los trabajadores aumentó cuando el Ministerio Público anunció que al gerente general, Juan Lorenzo Holmann, le impusieron 90 días de prisión.

“Los colaboradores de la imprenta comercial no pueden laborar, tengo conocimiento que los mandaron de vacaciones ocho días”, comenta. La Sala de Redacción estaba funcionando a medias, ya que por la pandemia de coronavirus el medio ordenó el teletrabajo.

“Otra de las preguntas que se hace todo el mundo es qué va a pasar si llegan a congelar las cuentas, no tendríamos pago esta quincena y otros dicen que hasta la liquidación por lo que ya tenemos conocimiento de lo que pasó con 100% Noticias cuando hicieron lo mismo, como nos están haciendo a nosotros”, manifestó un trabajador.

Para Eduardo Enríquez, jefe de Redacción del rotativo, la acusación de defraudación aduanera es “absurda” ya que el medio de comunicación tiene 95 años de importar papel “y tiene el cumplimiento de todas sus obligaciones al día”.

“Se hicieron previamente tres importaciones este año y no pudo haberlo hecho si no estaba al día en todas sus obligaciones y sino presentaba toda la documentación legal”, alegó el Jefe de Redacción.

El veterano periodista señala que las importaciones de papel se llevan a cabo bajo el más estricto control de parte de las autoridades, ya que cuando llega un embarque pasa del puerto a un almacén fiscal, donde los funcionarios de Aduana corroboran qué tipo de mercancía ingresó. Luego, entregan una exoneración al impuesto de importación, que permite la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 68.

“Lo que alega el gobierno es totalmente falso”, refuta Enríquez.

Según el artículo 68 de la Constitución Política, la importación de papel, maquinaria, equipo y refracciones para los medios de comunicación social escritos, radiales y televisivos, así como la importación, circulación y venta de libros, folletos, revistas, materiales escolares y científicos de enseñanzas, diarios y otras publicaciones periódicas, estarán exentas de toda clase de impuestos municipales, regionales y fiscales.

“Los medios de comunicación públicos, corporativos y privados no podrán ser objeto de censura previa. En ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios, ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento”, dice la Carta Magna, que Ortega está violentando.

El pasado viernes, horas después del allanamiento a las instalaciones, Daniel Ortega, en un acto del Ejército, acusó a La Prensa de mentir, al tener papel en sus bodegas.

“Decían que se habían quedado sin papel y que por eso no puede salir ese diario. Ahí llegó la Fiscalía, la Policía, y encontraron cantidades de papel, y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, se está cometiendo un delito”, dijo el dictador en un discurso.

Enríquez aclara que el material que se encontraba en las bodegas del periódico es papel de imprenta que se utiliza para la impresión de libros, revistas, pero no sirve para periódico.

“Desde el 26 de julio que llegó este último embarque no lo dejaron entrar. Ese papel que está retenido y que no lo sueltan es propiedad de La Prensa, La Prensa ya pagó por ese papel y eso representa una fuerte pérdida, además hay dos embarques más en camino que ya deben de estar por llegar al puerto y que también es papel pagado, propiedad de La Prensa. Prácticamente el Gobierno está confiscando el papel”, indicó Enríquez.

El pasado sábado, en horas de la madrugada, el gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann fue conducido a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) a firmar supuestamente unos documentos, pero quedó detenido. Este lunes el Ministerio Público anunció que el domingo le realizaron la audiencia especial de garantías constitucionales y le impusieron 90 días de prisión para continuar con las investigaciones.

Ante eso, Enríquez comentó que la Junta Directiva del medio tendrá que tomar la decisión de nombrar a un nuevo Gerente General, pero enfatiza en que de momento la familia de Holmann Chamorro está enfocada en atender su caso con un equipo de abogados.

“Desgraciadamente este no es un proceso normal, es proceso político en un sistema en el cual no hay independencia de poderes, en el cual el Poder Judicial obedece ciegamente a las instrucciones de Ortega y Murillo. Desgraciadamente no es un proceso que se pueda llevar una defensa normal”, denuncia. 

Sobre la situación de los colaboradores indicó que la Junta Directiva de la empresa es la que decidirá las medidas a tomar.  “Sí la dictadura no estaría impidiéndonos la entrada al edificio y no estuviera impidiéndonos la introducción del papel los trabajos estarían garantizados, pero esta es una nueva realidad, la Directiva tendrá que tomar sus decisiones”, agrega.

El Jefe de Redacción reitera que La Prensa continuará informando en sus plataformas digitales y que tiene la esperanza de que, una vez pase el periodo de represión, tengan acceso al papel y volver a circular de forma impresa.

Para los periodistas, la más reciente arremetida de Ortega, en contra del diario más antiguo de Nicaragua, demuestra su temor a la libertad de prensa. Al final, dicen, La Prensa resurgirá como ya lo hizo en el siglo pasado.