Estados Unidos: cancelación de organizaciones busca silenciar voces antes de las elecciones en Nicaragua

La cancelación del registro de seis organizaciones internacionales de Estados Unidos y Europa en Nicaragua, que les impide continuar su labor en el país, es vista como una acción represiva, intolerante y de control absoluto por parte del régimen de Daniel Ortega.  

Así lo denunció la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos. En una resolución publicada este lunes 16 de agosto en La Gaceta, diario oficial, Gobernación señaló a los organismos internacionales de haber obstaculizado el control vigilancia al no reportar sus estados financieros, incumplir los requisitos legales para la recepción de donaciones, entre otras faltas a las obligaciones establecidas en las leyes nicaragüenses. 

Las organizaciones canceladas por el régimen son National Democratic Institute For International Affairs (NDI), de Estados Unidos; International Republican Institute (IRI), de Estados Unidos; Fundación OXFAM Intermón, España;  OXFAM IBIS, Dinamarca; DIAKONIA, Suecia; y Helpin Hands The Warren William Pagel, M.D. Foundation, Estados Unidos. 

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La cancelación del registro de organizaciones internacionales se produjo tras la detención del gerente del diario La Prensa y el allanamiento de sus oficinas, el último periódico impreso en Nicaragua.  

“Estas acciones buscan silenciar y reforzar el control del régimen sobre las voces independientes antes de las elecciones de noviembre”, denunció la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos 

EL TRABAJO DE LAS OENEGÉS 

El régimen Ortega-Murillo ha ordenado la cancelación del registro de al menos 34 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales desde 2018 en Nicaragua, entre ellas organizaciones médicas.  

Según Estados Unidos, estas acciones de la dictadura muestran “intolerancia a las opiniones diversas y su prioridad por el poder bruto sobre el pueblo nicaragüense”. 

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), por sus siglas en inglés, cancelado el lunes tenía una visión crítica sobre la situación de Nicaragua.  

Su visión general del país disponible en su sitio web indica que la confianza pública en las instituciones democráticas nicaragüenses ha disminuido sustancialmente en la última década, ya que los observadores electorales internacionales y nacionales documentaron irregularidades en las elecciones presidenciales y municipales a partir de 2008.  

En noviembre de 2016, agregan, Daniel Ortega ganó un tercer mandato consecutivo como presidente, y el partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió a ganar una posición dominante en la Asamblea Nacional en unas elecciones marcadas por una alta abstención tras una controvertida decisión de descalificar la participación de destacadas fuerzas de la oposición.  

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En enero de 2014, la Asamblea Nacional, dominada por el FSLN, aprobó reformas constitucionales que eliminaban los límites del mandato presidencial, suprimían el porcentaje mínimo de votos requerido para las elecciones presidenciales y permitían al presidente emitir decretos con fuerza de ley. 

“Aunque la satisfacción de los ciudadanos con la administración del presidente Ortega sigue siendo alta según muchas encuestas de opinión pública, la creciente politización de las instituciones y la falta de imparcialidad de la administración electoral han afectado negativamente a la confianza pública y al desarrollo democrático del país”, según el instituto.  

Para asegurar que la próxima generación de líderes esté preparada para gobernar de forma democrática y transparente, desde 2010 el NDI se había asociado con universidades y organizaciones cívicas nicaragüenses para llevar a cabo un programa de liderazgo juvenil, que ha ayudado a preparar a más de 2.000 líderes jóvenes actuales y futuros de todo el país.  

El NDI también ha contribuido a los esfuerzos nicaragüenses para apoyar el aumento de la participación política de las mujeres y las iniciativas para disminuir la discriminación contra las personas LGBTI, y ha compartido las mejores prácticas para monitorear los procesos electorales. 

Su labora en el país ha sido suspendida tras la cancelación del registro ante el Ministerio de Gobernación.