Marcos Fletes y Walter Gómez, extrabajadores de la FVBCh, próximos a cumplir 90 días detenidos

Marcos Fletes y Walter Gómez, excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) fueron los primeros en ser detenidos por el régimen de Daniel Ortega en una ola de arrestos que ha llevado a la cárcel a una treintena de líderes opositores, incluyendo seis aspirantes presidenciales. El próximo jueves 26 de agosto vencería el plazo de 90 días de detención judicial impuesta por el Poder Judicial. Sus familias exigen que sean liberados.

Ambos son investigados junto a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro por los presuntos delitos de lavado de dinero a través de la FVBCh, quien fue detenida cinco días después. A Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación, también la señalan de supuesta gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua.

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Marcos Fletes y Walter Gómez estarían detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Nadie los ha podido ver desde que fueron detenidos.

Un pariente de Marcos Fletes que habla bajo anonimato por temor a represalias del régimen, asegura que sus hijos todos los días pregunta por el paradero de su padre y hacen planes para poder verlo la próxima semana.

“El hijo mayor está preguntando y haciendo planes para ver a su papá, pero esta situación no es tan sencilla, sabemos que hay un asunto político de por medio", admite.

Desde la detención de Marcos Fletes su defensa ha demandado a través de recursos legales poder verle y que se le permitan visitas familiares. El régimen les ha negado ese derecho. "Nadie atiende allí en los juzgados, es como que no existiera el caso”.

EL PROCEDIMIENTO

La abogada y catedrática María Asunción Moreno explica que el Código Procesal Penal expone que el fiscal que presentó la denuncia puede presentar la acusación antes de que se venza el plazo o esperar que se cumpla el plazo de los 90 días.

"En ambos casos, el detenido debe ser llevado a una audiencia preliminar donde debe presentarse la acusación ante un juez de audiencia. En caso contrario, los detenidos deben ser puestos en libertad. En estos casos, al tratarse de casos políticos, lo más probable es que sean acusado y sometidos a un juicio oral y público”, considera la experta.

Para Moreno estas personas pueden ser consideradas como “secuestradas o desaparecidas” ya que no han podido ver ni a su familia ni a sus abogados, una “grave violación a sus derechos constitucionales”.

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“Una de las finalidades de la audiencia preliminar además de revisar la acusación, es que el juez debe garantizar el derecho a la defensa de los procesados. Veremos si los jueces cumplen con lo que dice la ley. Además, en esta audiencia se revisará la medida cautelar, es decir si continúa en prisión o si se le procesa en libertad”, expuso la catedrática, quien tuvo que huir del país para salvaguarda su integridad.  

A finales de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Cristiana Chamorro Barrios y a tres de sus extrabajadores: Walter Gómez, Marcos Antonio Fletes y Lourdes Arróliga.

La CIDH consideró que antes de su detención, Chamorro, Fletes y Gómez eran “perseguidos y hostigados” por el régimen de Daniel Ortega.