Corte IDH convoca al Estado de Nicaragua a una audiencia por negarse a liberar a presos políticos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), convocó al Estado de Nicaragua para el viernes 27 de agosto a una audiencia pública de supervisión de las medidas urgentes otorgadas a los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Violeta Granera.

La Corte-IDH emitió recientemente dos resoluciones donde ordena al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de los detenidos y consideró que el Estado tenía que adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares. Dichas resoluciones fueron ignoradas por el dictador y se desconoce si cumplió con el requerimiento de informar.

Berta Valle, esposa de Maradiaga, quien fue secuestrado el 8 de junio luego de acudir a una cita en el Ministerio Público, sigue demandando a Ortega una prueba de vida, ya que desde hace más de 70 días no han podido verlo ni sus familiares ni sus abogados.

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Quiere saber qué tiene que decir el Estado de Nicaragua ante la resolución de la Corte-IDH sobre la liberación de su esposo y de los otros beneficiarios de esta medida.

"Nosotros como familiares de las personas desaparecidas queremos expresar directamente al Estado de Nicaragua nuestras consideraciones acerca de su respuesta", explicó Valle, a quien la Policía Orteguista le abrió un proceso de investigación por realizar "actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos". Esta misma misma investigación la iniciaron contra Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro.

ESPERA QUE NICARAGUA ACUDA A LA AUDIENCIA

Berta Valle espera que el Estado de Nicaragua acuda a la audiencia. "Es lo mínimo que ellos pudieran hacer ya que esto es parte de los convenios internacionales que Nicaragua ha firmado y que tiene que obedecer".

Juan Carlos Arce del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más indicó que la audiencia será de seguimiento ante el reiterado incumplimiento del Estado de Nicaragua a la resolución que emitió el organismo. Esto, según el defensor, "visibiliza a nivel internacional las violaciones a los derechos humanos que se comenten en Nicaragua".

"El incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte reitera y confirma el precedente de que Nicaragua no ha cumplido con las sentencia ni resoluciones de la Corte-IDH, lo cual también respalda la labor de defensores de derechos humanos nicaragüenses que realizan su labor de incidencia política", expuso.

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La Corte-IDH es el tribunal de mayor nivel que existe en las Américas y cuenta con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuando un Estado incumple sus resoluciones "motiva a la comunidad internacional a tomar acciones a favor de las víctimas en Nicaragua".

Si el Gobierno de Nicaragua decide no asistir a la audiencia, explica Arce, "reiteraría el desprecio o la irresponsabilidad criminal del Estado de Nicaragua sobre la situación de las personas políticas en el país", pero eso no detendrá la audiencia ni el informe de la Corte.

El defensor de los derechos humanos expuso que la Corte IDH no cuenta con un mecanismo coercitivo para hacer cumplir sus resoluciones, pero establece una medida jurídico-política, la cual es informar ante la Asamblea General de la OEA "para que adopten lo que tengan a bien".