Oxfam Intermón explora mecanismos para seguir cooperando en Nicaragua

El director regional de Oxfam Intermón en América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, aseguró que el organismo explora mecanismos para seguir colaborando con el pueblo nicaragüense a pesar que la dictadura de Daniel Ortega ordenó la expulsión de este organismo no gubernamental, por un supuesto incumplimiento a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977); y la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147).

Ticehurst, en una entrevista a Europa Press, aseguró que cumplirán con el mandato del Ministerio de Gobernación, que establece un plazo de 72 horas para entregar sus libros contables (diario y mayor), libros de actas y libro de registros de miembros autorizados.

"Cumpliremos la resolución", aseguró Ticehurst a la agencia de noticias española.

El tiempo comenzó a correr a partir del martes 16 de agosto, fecha en que el Ministerio de Gobernación oficializó mediante la publicación en La Gaceta su decisión de cancelar el registro de seis organismos de Estados Unidos (3), España, Suecia y Dinamarca: National Democratic Institute for International Affairs (NDI), International Republican Institute (IRI), Fundación OXFAM Intermón, OXFAM IBIS, DIAKONIA y Helping Hands The Warren William Pagel, M.D Foundation.

El alto ejecutivo de Oxfam Intermón reconoció que dado el impacto de la medida del régimen deben evaluar los pasos siguientes, en este momento su prioridad es asegurar a su personal, dijo. El organismo llevaba 60 años trabajando en Nicaragua, obtuvo su registro para comenzar a cooperar en el país en el año 1961.

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SITUACIÓN HUMANITARIA CRÍTICA

Ticehurst lamentó la expulsión de Oxfam Intermon de Nicaragua porque considera que el país está a las puertas de una "situación humanitaria crítica", ya que antes de ordenar el retiro de estos seis organismos internacionales, se canceló la personalidad jurídica a 34 organizaciones nacionales.

"Este es un momento difícil para el pueblo nicaragüense. Muchas organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas y lamentamos esta decisión de restringir aún más el espacio cívico. Esperábamos seguir trabajando en Nicaragua dada la difícil situación económica y humanitaria, por lo que estamos decepcionados", manifestó.

El director regional de Oxfam también señaló que analizan los mecanismos legales para garantizar la seguridad y cuido del personal de la ONG y sus compromisos "tanto con las organizaciones asociadas como con la comunidad de donantes".

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Mencionó que le resulta contradictoria la decisión de Gobernación contra Oxfam Intermon bajo señalamientos de incumplimiento en la entrega de sus registros financieros, ya que la oeneg tiene sus cuentas en orden. "Sin embargo, el Gobierno no nos ha dicho porqué tomaron esta decisión. Siempre hemos respetado y adherido a la legislación nacional", afirmó.

En su resolución, el Ministerio de Gobernación acusa a los organismos internacionales de haber obstaculizado el control y vigilancia al no reportar sus estados financieros, incumplir los requisitos legales para la recepción de donaciones, entre otras faltas a las obligaciones establecidas en las leyes mencionadas

Ticehurst mencionó que Nicaragua atraviesa una severa crisis de cara a las elecciones generales para debilitar a la oposición. Asimismo, recordó que si bien "esta no es la primera acción para cerrar organizaciones de la sociedad civil" de parte del régimen, "transmite el mensaje de que el Gobierno busca restringir aún más el espacio cívico".

ORTEGA HA IMPUESTO CONTROL A ORGANIZACIONES

De cara a la elecciones del próximo 7 de noviembre, Daniel Ortega por medio de la Asamblea Nacional puso en vigor un paquete de leyes consideradas instrumentos represivos, entre estas está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mediante la cual impone un férreo control sobre las personas y organizaciones que trabajan con fondos de la cooperación.

Dicha ley está en vigor desde octubre del 2020 y es cuestionada porque tanto especialistas como organismos internacionales consideran que fue creada para criminalizar y encarcelar a los nicaragüenses que reciben fondos externos y no comulgan con la dictadura de Ortega.

La norma penaliza con multas y cárcel a los nicaragüenses y extranjeros que reciban fondos externos y que no sean reportados al Ministerio de Gobernación. Además obliga a los nicaragüenses que trabajan en estos organismo a inscribirse como agentes extranjeros, de no hacerlo se exponen a una multa de hasta $500,000 y penas de hasta 15 años de prisión. Debido a esta norma varios organismos entre ellos la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, PEN Nicaragua y la oenegé We Effect que llevaba 35 años prestando asistencia al campesinado, como parte de un programa de lucha contra el hambre y la pobreza.