Alianza Cívica declara "alarma nacional" por desmedida represión en Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia declaró "alarma nacional" en Nicaragua ante el incremento exponencial de la violencia política dirigida por la dictadura Ortega-Murillo.

En un pronunciamiento, este lunes la organización opositora denunció una serie de actos de represión "que están ocasionando sufrimiento al pueblo de Nicaragua, entre los que mencionó la masacre de indígenas sin investigar, la ola de detenciones ilegales y juicios políticos así como la carestía de la vida y las graves agresiones contra la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.

La Alianza Cívica, que fue contraparte en los dos intentos de diálogo con el régimen para superar la crisis sociopolítica, que terminaron sin éxito en 2018 y 2019, responsabilizó a Daniel Ortega y a la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo, de la profundización de la crisis en el país, cuando faltan poco más de dos meses para las elecciones del 7 de noviembre, en las que la ambos buscan la reelección.

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"La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia declara alarma nacional ante una serie de actos de represión del régimen Ortega-Murillo, que están ocasionando más sufrimiento al pueblo de Nicaragua", señaló la organización, cuyo aliado, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue eliminado de la contienda electoral a inicios de mes, cuando era considerado el único partido de la oposición en la disputa electoral.

ASESINATOS Y DETENCIONES

El primer punto que resaltó fue el asesinato de entre 13 y 18 indígenas en el noreste de Nicaragua, denunciado la semana pasada por una ONG.

"Este asesinato masivo contra comunitarios indefensos se tipifica internacionalmente como crimen de lesa de humanidad", advirtió.

La organización opositora también refirió a ola de arrestos que inició a fines de mayo pasado, que ha llevado a prisión a unos 35 líderes opositores y profesionales independientes, incluyendo a siete aspirantes a la Presidencia y dos exguerrilleros sandinistas disidentes, sumados "a los otros 137 presos políticos que se encuentran encarcelados por exigir libertad y democracia", indicó.

"Esas detenciones ilegales han elevado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses al desconocerse el paradero preciso de dichas personas, no conocer el estado de su integridad física, estar incomunicados, no recibir alimentos, no recibir visitas de familiares ni tener acceso a la defensa", resaltó la Alianza Cívica, que además rechazó "las audiencias secretas que se están ejecutando" contra los reos.

Asimismo repudió la reciente cancelación de personalidades jurídicas a 15 ONG, supuestamente para garantizar "control total y mayores restricciones al derecho de asociación y de participación ciudadana en el desarrollo del país".

ECONOMÍA Y LIBERTADES

La Alianza Cívica calificó de alarmante que "la carestía de la vida continúa en ascendencia (e) impacta severamente a los sectores populares, crece el desempleo con despidos en alcaldías y universidades, aumenta la pobreza, las inversiones no llegan, y al Gobierno solo le interesa financiar su aparato represivo".

Insistió en que "persisten ocupaciones ilegales a bienes y derechos de medios de comunicación independientes", y citó "el bloqueo de insumos al diario La Prensa", que fue allanado por la Policía a mediados de agosto.

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La Alianza Cívica manifestó su "compromiso de luchas por la libertad, la justicia, el respeto a nuestras garantías constitucionales, y la salida del poder de esta dictadura".

La organización actualmente está compuesta por representantes empresariales, médicos y juveniles opositaras al orteguismo.

*Con información de EFE