Fiscalía sustenta su teoría de la conspiración en chats, publicaciones en redes sociales y críticas a Ortega

La acusación por el supuesto delito de conspiración contra ocho influyentes opositores nicaragüenses está sustentada en mensajes de WhatsApp, publicaciones en redes sociales y artículos en medios de comunicación que recogen críticas al régimen represor de Daniel Ortega, así como acciones de incidencia para promover una salida democrática a la crisis en Nicaragua, según la acusación presentada por el Ministerio Público el pasado 24 de agosto.

La Fiscalía, representada por Heydi Ramírez Olivas, señala a José Pallais Arana, Félix Maradiaga Blandón, José Adán Aguerrí, Juan Sebastián Chamorro, Arturo José Cruz Sequeira, Violeta Granera, Tamara Dávila Rivas y Manuel Salvador Orozco Ramírez como integrantes de “grupo delictivo organizado y estructurado internacionalmente” para promover acciones que atentan contra el Estado y que corresponde al delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

Todos ellos tienen una reputada trayectoria profesional y de servicio público, y en el contexto de la represión a las manifestaciones ciudadanas que estallaron contra Ortega en abril del año 2018 asumieron un rol activo en la búsqueda que una solución pacífica y negociada, esfuerzo que fracasó debido a la falta de cumplimiento de los compromisos establecidos por parte del orteguismo.

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La representante del Ministerio Público revela en su escrito que ocuparon y extrajeron información personal de dispositivos electrónicos de los acusados y ofrece como prueba de la supuesta actividad delictiva conversaciones de un grupo de WhatsApp sobre la participación de ellos en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) -organismo del que Nicaragua es miembro- celebrada en mayo de 2020.

OROZCO SEÑALADO COMO ENLACE Y LÍDER PARA DESESTABILIZAR

La fiscal señala a Manuel Orozco como el supuesto líder del grupo. Lo acusa de instruir a los acusados a promover sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras en "contra del Estado de Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos", así como para que "incitaran a la injerencia extranjera en los asuntos internos; la desestabilización del país con financiamiento extranjero y realizaran acciones para desacreditar al Gobierno de Nicaragua".

Como ejemplo refiere que el 30 de abril de 2021 por medio del grupo de WhatsApp denominado "Reunión Mayo 3", integrado por los acusados, "les instruyó que le hicieran llegar los planteamientos por escrito sobre las reformas electorales en Nicaragua, asignando a cada quien un rol en la reunión con miembros de la OEA”, refiere la parte acusatoria.

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Orozco es el único del grupo de acusados que está en libertad, porque se encuentra en el exilio. Según la fiscal sus acciones desestabilizadoras comenzaron desde el año 2009, desarrollando campañas "mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales ha venido manipulando y presionando para destituir con métodos violentos al Gobierno de Nicaragua".

La fiscal dice de Orozco que ha funcionado "como enlace operativo de grupos internos en Nicaragua para dar apoyo logístico y crear condiciones favorables para lesionar la estabilidad de la nación".

La Fiscalía aporta como parte de los elementos probatorio un documento titulado "La Resolución de la OEA y el contexto electoral en Nicaragua", que el doctor José Pallais, excanciller de Nicaragua, habría enviado el 2 de mayo por medio del grupo de comunicación virtual y que habrían encontrado es su computadora personal.

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Además, incluye declaraciones que los opositores bridaron en diferentes momentos a los medios de comunicación nacionales e internacionales relacionados a la crisis sociopolítica que padece el país y que ha tenido consecuencias nefastas para los nicaragüenses: persecución política, exilio forzado, pobreza, incremento de la violencia, indefensión y une estado de terror generalizado, según han señalado diferentes organismos y la comunidad internacional.

La nota periodística titulada "Sanciones contra instituciones y contra la billetera de Ortega", publicada en el diario La Prensa el 26 de enero de 2020, según la Fiscalía es una prueba de que el aspirante presidencial Félix Maradiaga cometió atentó contra la seguridad del Estado.

En ese artículo "el acusado explicó los resultados de la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, realizada en San José, Costa Rica, el 21 de enero de 2020”, indica documento oficial.

También retoman una publicación de 100% Noticias del 19 de diciembre de 2020, en la que supuestamente Maradiaga declaró: "Dictadura arrinconada, tiranía huérfana. Seguiremos pidiendo sanciones focalizadas a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Vamos a seguir insistiendo en que el régimen sea desconocido por la comunidad internacional".

Además, agregan diversas conversaciones por chat entre los acusados, entre ellas una sostenida el 5 de marzo de 2020, entre José Adán Aguerrí Chamorro y Arturo José Cruz Sequeira, en las cuales supuestamente el aspirante presidencial le compartió al exdirectivo del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) un análisis sobre los alcances de las sanciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos a la Policía que concluía que era un desprestigio para la institución "creando un precedente sumamente serio para los Ortega Murillo".

En una de tantas conversaciones incorporadas al documento de 42 páginas, la fiscal indica que José Adán Aguerri Chamorro manifestó por chat a Arturo Cruz Espero que esperaba que Estados Unidos aprobara la Ley Renacer "para ejercer presión en contra de la dictadura".

SEIS ORGANIZACIONES SEÑALADAS DE SER "FACHADA" PARA CONSPIRAR

La teoría de la conspiración que defiende el Ministerio Público señala a seis organizaciones no gubernamentales de servir como fachada para concretar los planes de desestabilización: la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBCH), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEP),el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Movimiento Puente y el Movimiento por Nicaragua (MPN).

“La actividad delictiva consistió en triangular los recursos desde organismos internacionales como: Instituto Republicano Internacional, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación para la Democracia (NED), con el objetivo de crear organizaciones, asociaciones y fundaciones de fachada para canalizar los recursos ya sea con proyectos o asociaciones y fundaciones de fachada para canalizar los recursos, ya sea con proyectos o programas que aborden temas sensibles como los derechos de grupos de la diversidad sexual, derechos de comunidades indígenas, o también mediante el marketing político en temas como libertad de expresión y democracia”, argumenta la fiscal Ramírez que para sustentar sus argumentos ofrece el testimonio de 32 policías.

Los agentes, la mayoría de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) quienes hablarán de los allanamientos, documentos ocupados y presentarán informes de la extracción de información fuentes abiertas.