El Nuevo Chipote, una cárcel de tortura convertida en tribunal de juicios políticos

En tan solo dos años, sobre la Dirección de Auxilio Judicial Complejo “Evaristo Vásquez Sánchez” (DAJ) existe un abultado expediente de torturas y violaciones a derechos humanos que hace que cada vez cobre más sentido que esa dependencia policial sea llamada El Nuevo Chipote.

La cárcel inaugurada el 7 de febrero de 2019, en el capitalino barrio Memorial Sandino y que costó al menos 183 millones de córdobas, se ha convertido en el centro de torturas al que son enviados a los opositores que representan una "amenaza" para el plan de "legitimar" la reelección amañada de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las votaciones convocadas para el 7 de noviembre próximo. Ahora, también servirá como el "tribunal" donde serán juzgados.

El lugar es la réplica moderna de la temida cárcel El Chipote a como se le conoce a la sede de la DAJ que fue construida durante el primer gobierno sandinista en la Loma de Tiscapa, el mismo sitio donde el dictador Anastasio Somoza García tenía un palacete con calabozos a los que eran enviados los presos políticos.

Convertir una cárcel de tortura en Corte no solo es violatorio de la ley y de los derechos de los procesados, sino un método más de martirio. Todo lo que en ese espacio se actúe constituye una aberración legal y es inválido, coinciden especialistas con larga trayectoria como defensores de derechos humanos y ligantes.

"Es una absoluta violación a la ley y una barbaridad lo que están haciendo", valora la doctora Vilma Núñez, decana en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Núñez no registra en su recorrido profesional, que comenzó bajo la dictadura somocista, un hecho parecido.

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CÁRCELES DE TORTURA COMO CORTES, NI EN TIEMPOS DE SOMOZA

"Yo no recuerdo en mi larga historia de litigante penal que tuve, prácticamente de 1960 o 59 hasta 1979 -casi 20 años- de juicios celebrados dentro de las cárceles (...) La cárcel más tenebrosa en mi época era la conocida como La 21, en León. Jamás hubo un juicio dentro de La 21. Ni siquiera los juicios que se hicieron cuando ajusticiaron a Somoza García fueron en cárceles; incluso los famosos Consejos de Guerra que eran los juicios militares que hacía la Guardia somocista a los luchadores contra la dictadura no se hacían en las cárceles donde a estos los tenían. Yo que participé en varias ocasiones, incluso como testigo, en esos Consejos de Guerra, estos los hacían en las instalaciones de lo que era el Casino Militar, ósea que era como una especie de club o una instancia en la Loma (de Tiscapa), pero no en una cárcel", rememora para dimensionar el punto tan extremo y de saña con que está actuando la dictadura de Daniel Ortega en contra de las voces disidentes.

La defensora enfatiza que las declaraciones que se rindan en un juicio celebrado dentro de una cárcel son invalidas, "porque son rendidas bajo coacción o amenazas. Al sentirse dentro de una cárcel, tanto para testigos como para el propio procesado es una forma más de represión que puede anular el juicio, si aquí hubieran posibilidades de funcionamiento de los tribunales", alega.

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PODER JUDICIAL NO EXPLICA

El Poder Judicial de Nicaragua hasta la fecha no ha brindado una explicación jurídica de porqué las audiencias contra los opositores las realiza en la en El Chipote y no en el Complejo Judicial de Managua.

En El Chipote la Policía tiene el control absoluto de las instalaciones, lo cual para Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia y derechos humanos, no solo genera un “patrón de ilegalidad, sino que es un acto de represión en contra de los mismos jueces”, ya que su imparcialidad y autonomía se ve comprometida para poder conocer el caso y resolverlo.

“Aparte que desnaturaliza la separación de roles en el proceso penal ya que la sede de los tribunales son lugares neutros donde la autoridad judicial tiene el control y no tiene un involucramiento por parte de aquellos que hacen los señalamientos o están imputando delitos, es decir el juez es un tercero imparcial en el proceso”, argumenta Morazán.

El artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, establece que los jueces “atenderán en la sede de su Despacho Judicial y destinarán diariamente al menos cuatro horas para audiencias”.

Añade este artículo que además los titulares de justicia están obligados a permanecer en sus recintos durante las horas de despacho. Aunque también hay excepciones, y es cuando deben practicar “diligencias procesales que de conformidad con la ley se tengan que efectuar fuera del local del Juzgado”. Estas diligencias, indicó Morazán, son situaciones extraordinarias como quema de droga, inspección judicial, entre otras.

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LO QUE DICE LA NORMA

El Código Procesal Penal también es claro sobre la celebración de audiencias. El artículo 121señala que los tribunales actuarán en su propia sede, y que pueden trasladarse para hacer diligencias que requieran su presencia en cualquier lugar de competencia territorial.

La misma norma también explica que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá habilitar otros lugares por “fuerza mayor” que no sean las sedes judiciales, pero en el caso que se promueve contra los líderes opositores "no se conoce ninguna valoración del Poder Judicial para que le impongan esa decisión", cuestiona la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos.

Morazán por su parte hace notar que “incluso este mismo artículo (121) ve como un tema que compromete la imparcialidad, porque dice que cuando el defensor considere que ese lugar compromete la imparcialidad, el defensor puede hacer esas reclamaciones”.

“Estamos en presencia de un patrón de represión”, reafirma el jurista, al señalar que de acuerdo con la ley las autoridades policiales son solo auxiliares de la administración de justicia.

Núñez cuestiona que a pesar de todas estas violaciones a la norma "los jueces no han hecho nada, prácticamente ellos son unos monigotes que están haciendo lo que les ordena El Carmen", la residencia Ortega-Murillo y sede del FSLN que Daniell Ortega convirtió en su despacho presidencial desde 2007 cuando retomó el poder.

“Es preocupante que jueces y magistrados que se jactan de tener maestrías y doctorados estén siendo dirigidos por bachilleres y criminales en El Carmen”, critica Morazán.

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TODO ES NULO

Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ coincide en que "todo lo que están sufriendo los secuestrados equivale a tortura, está viciado, contaminado y caracterizado por la invalidez, por la nulidad. Lo que corresponde es que se ponga a todos en libertad, pues la audiencia oral y pública y secreta no existe (constitucionalmente), existe porque estamos en dictadura y dictadura es sinónimo de violación a derechos".

Carrión pone en relevancia que desde 2018, cuando ciudadanos que participaron en las manifestaciones contra Ortega fueron llevados en masa a los Juzgados comenzaron a implementarse las audiencias secretas, pero "esta forma amañada y arbitraria" se agravó en violación a los derechos y garantías de las personas privadas de su libertad en estos últimos tres meses, porque "además de inventárseles delito, prefabricárseles causas, se les incomunicó desde el primer día y es hasta ahora, casi tres meses después, que están permitiendo visitas en minutos, una ínfima cantidad con relación a todo el derecho que tiene la persona privada de su libertad".

El defensor agrega que la misma reforma "bárbara e inconstitucional" al Código Procesal Penal -que establece hasta un máximo 90 días de detención- establece que la audiencia oral y pública es de garantía constitucional, pero en la práctica "no están garantizando nada porque ni siquiera permiten que un abogado de la elección de la persona privada de libertad esté en la audiencia".

"Audiencia secreta, a escondidas, con mañas y todas las marañas audiencias para fraudulentas eso por supuesto no lo autoriza la Constitución", enfatiza Carrión quien subraya que todo lo actuado desde el primer minuto de privación de libertad de los presos políticos está viciado.

Desde el pasado 28 de mayo el régimen de Daniel Ortega ha emprendido una ola de detenciones que tiene bajo arresto a 35 líderes opositores, de los cuales cuatro tienen casa por cárcel y 31 están en las celdas de El Chipote.

De los 35 detenidos, 29 ya fueron acusados, cinco por lavado de dinero lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, dentro de la causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Los restantes 24 por conspiración contra la integridad nacional. Mientras que de los 29 acusados 9 ya fueron remitidos a juicio.

Seis de los 35 detenidos no han sido acusados: ellos son Roger Reyes, Noel Vidaurre, Alex Hernández, María Oviedo, Juan Lorenzo Holmann y Pedro Mena.

La semana pasada los familiares de la mayoría de los apresados tuvieron la primera visita desde que fueron secuestrados por la Policía. Los parientes denunciaron que los opositores han sido sometidos a tratos crueles, como interrogatorios constantes, aislamiento, pálidas por falta de exposición al sol, han bajado de peso, así como la luz encendidas en las celdas las 24 horas del días, sin derecho a que le lleven ningún tipo de libro, expuestos al frío entre otros tratos inhumanos.