Orden de captura contra Sergio Ramírez

La dictadura de Daniel Ortega a través del Ministerio Público acusó al escritor Sergio Ramírez Mercado de supuestamente "incitar al odio y la violencia" y por haber recibido fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. "El Ministerio Público solicitó orden de detención y allanamiento" de su vivienda.

Según la Fiscalía, Sergio Ramírez, quien ha ganado un sinnúmero de premios internacionales por sus obras literarias, recibió por medio de la Fundación Luisa Mercado, fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), "cuyos principales miembros de su junta directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos".

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"Fondos que en su mayoría iban destinados a financiar uno de los principales programas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ´Programa Medios para Nicaragua´, pero que en la práctica fueron destinados para otros fines que no eran los propios de la Fundación, como fue el dar financiamiento a personas y organismos que buscaban la desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país", señala el comunicado.

Ramírez, quien se encuentra fuera del país por asunto de salud, fue citado por la Fiscalía en su calidad de representante legal de la Fundación Luisa Mercado, que mantuvo relación con la también Fundación Violeta B. de Chamorro, la cual es investigada por la Fiscalía por los supuestos delitos de lavado de dinero.

ACUSAN A RUIZ DE PROPAGAR NOTICIAS FALSAS

La dictadura también acusó al ambientalista Amaru Ruiz por el supuesto delito de "Propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación" que prevé y sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por el régimen de Ortega en octubre del 2020.

"El acusado Amaru Ruíz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional. El Ministerio Público solicitó orden de detención", señala el comunicado del Ministerio Público.

El artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos, señala que la pena a los acusados bajo este delito se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa, pero la pena cambia cuando la publicación “incita al odio y a la violencia, pone en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad soberana, se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión y quinientos a ochocientos días multa”.

Ruiz se exilió a Costa Rica después que la dictadura iniciara una jornada de persecución que condujo a la cancelación de la personería jurídica de la Fundación del Río, de la cual Ruiz era su presidente.

Hace quince días el ambientalista denunció la ejecución de 13 comunitarios indígenas en la comunidad Mayagna Sauni As en la Costa Caribe, hecho que la policía guardó silencio.

Este miércoles la Policía Orteguista informó sobre la captura de tres de los 14 presuntos responsables de crimen ocurrido el pasado 23 de agosto en el territorio Mayagna, y minimizó el hecho a simples rencillas personales.

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Según la Fiscalía Ruiz "brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados, expresando el acusado que “el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos”, lo cual es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020", señala el comunicado de la Fiscalía.

Agrega que con la denuncia presentada por Ramírez sobre el asesinato de 13 indígenas "el acusado Amaru Ruíz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional".