Obispo Álvarez: “El Estado debe estar al servicio del pueblo”

El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, exhortó a los nicaragüenses a “entender” que el Estado es una institución que debe estar al servicio del pueblo, al igual que los funcionarios públicos. Su llamado lo hace en un país donde Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan con autoritarismo y sin la separación de poderes, necesaria en una democracia.  

“Debemos comprender de una vez para siempre que el Estado es una institución que debe estar al servicio nuestro, al servicio del pueblo, igual que los funcionarios públicos que deberían concebirse y entenderse como servidores, concebirse y entenderse al servicio nuestro, al servicio del pueblo y orientados a dar respuestas a sus problemas más sensibles”, dijo este domingo desde la Catedral de San Pedro, en Matagalpa.

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El jerarca, crítico del poder, enumeró los problemas a los que están llamados los servidores: el hambre, la pobreza, la salud y la educación. Además, enfatizó en que los funcionarios deben respetar la institucionalidad “propia de un Estado auténtico”, algo que para él “es realmente hacer patria”.

Álvarez se refirió al Bicentenario de la Independencia de Nicaragua que, desde su punto de vista, es un logro positivo, pues fue altamente positivo el “habernos separado del poder de la colonia y en consecuencia tener la oportunidad histórica de soñar con la posibilidad de construir nuestra propia nación y modelo de sociedad”.

En ese sentido, mencionó que la sociedad en su modelo de maduración política debe asumir el desafío de grandes proporciones que supone educar en ciudadanía, lo que significa abandonar “radicalmente la idea que somos súbditos del poder sino ciudadanos con derechos y libertades”.

Actualmente, los derechos de los ciudadanos están limitados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen bajo las cárceles del país a más de 130 ciudadanos opositores, entre los que se cuentan empresarios, periodistas, líderes de organizaciones políticas y precandidatos presidenciales.

Además, ha aniquilado la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes bajo elecciones libres, observadas y transparentes. Ortega eliminó la personería jurídica al principal partido de oposición, Ciudadanos por la Libertad, mientras encarceló a las figuras que podrían hacerle sombra.

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El pasado 11 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron al régimen de Daniel Ortega que cese las detenciones “arbitrarias e ilegales” de opositores en Nicaragua, después de que 36 personas hayan sido detenidas antes de las elecciones de noviembre próximo.

En un comunicado fechado en Washington y Panamá, la ONU y CIDH condenaron la “criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua”, en particular la reciente orden de detención, allanamiento y acusación en contra del escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez.

Además, denunciaron las “graves condiciones de detención” de los presos políticos, que según aseguraron están siendo sometidos, en particular las mujeres, a interrogatorios constantes, aislamiento o exposición a la luz artificial las 24 horas del día.